OpiniónColumnas

Arévalo vrs. Consuelo: ¡batalla campal, hagan sus apuestas!

Barataria

El campo judicial ha sido el espacio en el cual se han decantado los políticos y funcionarios públicos para dirimir muchas desavenencias. Así, el derecho ha sido el instrumento perfecto para lanzarse a batallas por obtener más poder, retener el poder que se tiene o bien por defenestrar a quienes detentan el poder en ese momento histórico.  Así, se ha venido trazando una especie de judicialización de todos los aspectos del Estado más allá de lo debido y por consiguiente, el poder judicial ha llegado a ser preponderante sobre los demás poderes del Estado. 

Esta instrumentalización del derecho ha generado conceptos como el “lawfare” o la utilización del sistema judicial para una guerra en la política.  Son muchos los casos alrededor del mundo en dónde en realidad todo el sistema político y la organización política-social de los Estados queda en manos de una persona: El Juez.

En los países con un sistema judicial fuerte, en donde se ha privilegiado la independencia judicial y, en donde prima la transparencia en la gestión pública y sobre todo, prima la ética en la función judicial.  Los jueces que han recibido las diferentes acciones judiciales han hecho gala de su independencia para no dejarse “manosear” por los poderes públicos o por la influencia que funcionarios públicos o políticos puedan hacer, además de la interferencia de los poderes facticos en tales decisiones.  Sin embargo, lamentablemente en países como el nuestro, Guatemala, en donde existe una falta de independencia judicial de manera monumental, el lawfare, el gobierno de jueces, la instrumentalización del derecho, la judicialización de la política y la función pública es pan nuestro de cada día.

No son pocos los casos que se saben en donde una llamada de un Magistrado de Corte Suprema hace cambiar decisiones judiciales, tampoco es raro saber de casos en donde políticos, empresarios, dignatarios de la nación y funcionarios públicos buscar influir en decisiones judiciales.  Todo esto le ha hecho un daño enorme a la institucionalidad y al propio ejercicio del poder.  La idea primordial de no se debe respetar la estructura jurídica ni la institucionalidad del país porque se puede judicializar todo o casi todo ha llegado a permear tanto la constitucionalidad del país y prácticamente se deja en manos de jueces de dudosa sapiencia y honorabilidad decisiones importantes del país.

Aunque habían surgido conatos de esta judicialización de todo el sistema político guatemalteco, no fue sino hasta que la CICIG inició con una serie de acciones judiciales que buscaron instrumentalizar el derecho en favor de determinados intereses.  Eso se hizo evidente cuando empezaron a surgir aquellas acciones de amparo a la carté, cada acto del gobierno era un amparo presentado y una resolución exprés de los Magistrados de aquella turbia Corte de Constitucionalidad que invadió acciones legitimas del Presidente de la república de aquel momento como suponía la declaración de non grato del señor Iván Velásquez, o bien lo sucedido con las consideraciones sobre la recepción de cartas credenciales al embajador de Suecia.  Ante estas resoluciones se fueron sumando otras que en realidad no respondían a los preceptos constitucionales, pero como en aquellos tiempos “la constitución era de hule”, podían estirarla hasta más no poder.  Eran famosas las acciones de amparo “a compadre hablado” que planteó el Procurador de Derechos Humanos, el señor Jordan Rodas.  De tal manera que, los magistrados de la Corte de Constitucionalidad llegaron al colmo de resolver, en un amparo definitivo el fondo del asunto.  Todo esto fue una forma vergonzosa de esa magistratura que ahora, con la actual sigue siendo lo mismo, magistrados y jueces resolviendo no jurídicamente sino de acuerdo a varios intereses.

Pues bien, desde el año pasado, luego del resultado de la elección presidencial en su primera vuelta, se dio origen a una intensa judicialización del proceso electoral que tuvo como protagonistas a la Fiscal General, al señor Arévalo y a un Juez de Primera Instancia protegido a más no poder por la anterior y la actual Corte Suprema.  El enfrentamiento entre la señora Consuelo Porras y el señor Bernardo Arévalo continuó durante todo el año anterior y trascendió incluso luego de la toma de posesión.

Esta batalla que surgió desde el año pasado esta terminando de minar la institucionalidad del país, además de ser un grave distractor para las funciones presidenciales de tal manera que durante los siete meses de mandato tanto él en lo personal como algunos de los funcionarios el Procurador General de la Nación, el Secretario Presidencial y otros funcionarios han estado enfrascados en un solo propósito: buscar remover a la Fiscal General lo cual, pese a tantas acciones judiciales no han logrado.

En realidad, tanto la señora Consuelo Porras como el señor Bernardo Arévalo, personifican a la polarización nacional en su más pura expresión. Ellos representan dos grupos en pugna, dos ideologías (si es que así se les puede llamar), dos actores sociales respaldados con sus respectivos poderes facticos.  Existe una pugna fuerte por la permanencia en el poder esto es un aspecto real de esa batalla Arévalo – Porras, desde el principio la Fiscal General marcó una pauta que planteaba la posibilidad de que el señor Arévalo no debía ganar la segunda vuelta electoral ni tomar posesión, así instrumentalizó el derecho para que, mediante la resolución de un Juez ad hoc lograra la suspensión de un partido, en el camino uno de los actores políticos no siguió el guión ( El Tribunal Supremo Electoral) y con ello no se pudo evitar la toma de posesión del señor Arévalo como Presidente del país.

Por otro lado, el señor Arévalo ya siendo Presidente de la república procedió a buscar defenestrar a la Fiscal General solicitando públicamente la renuncia, realizando acciones administrativas primero como aquella de solicitarle informes o bien acciones judiciales luego, para que ella fuera removida de su cargo. Ninguna de estas acciones ha cuajado ni es posible que lleguen a cuajar, especialmente porque los asesores del señor Presidente son neófitos en lo jurídico y lo político y más que ayudarlo lo están hundiendo.

Al final de todo, la batalla esta planteada y las acciones judiciales a la orden del día. Conferencia de uno u otro personaje argumentando la falta de cumplimiento de deberes de cada uno. Esto ha planteado también otro tipo de situaciones que han surgido paralelamente al enfrentamiento Arevalo – Porras ya que actualmente las comisiones de postulación están iniciando el proceso para designar aspirantes para Magistrados del poder judicial sin embargo ya están planteando la posibilidad de retrasos en este proceso debido a que ni siquiera en cuanto al lugar para sesionar se han puesto de acuerdo y, por otro lado el Congreso de la República no ha procedido a apoyar al presidente ni en decretos de Estado de Calamidad, ni ampliaciones presupuestarias y, resultaría muy difícil pensar que pueda apoyarle en el futuro. 

Así las cosas, en tanto el señor Arévalo ha perdido apoyos de algunos sectores que originalmente le apoyaron, como también de otros partidos políticos cuyos diputados en el Congreso al principio le ofrecieron el apoyo como el partido VOS ahora ya no le apoyan, además que esta cansando a la población por su falta de acción en los problemas más esenciales.  La señora Consuelo Porras ha parecido más fortalecida debido a que desde el principio ha fijado posiciones más solidas respecto a los requerimientos (muchos de ellos sin sentido) del presidente, es célebre su rechazo a rendir un informe o a permanecer en una sesión del Consejo de Ministros.  En esta batalla entre quien saca a quien del poder que ejerce ya que ninguno de los dos ha ocultado el deseo por que su rival abandone el poder. Es aquí en donde , la función judicial va a ser muy importante y, considerando la forma en que se ha instrumentalizado el derecho y se ha judicializado todo, no resulta descabellado que ahora el campo de batalla se traslade al plano judicial. Ya que, considerando ambos periodos de tiempo, a la Fiscal General se le acabará antes del de su rival, razón por la cual resulta considerable que ahora sea la Fiscal General la que proceda a continuar con una judicialización intensa que tenga como objetivo defenestrar al señor Arévalo y buscar que abandone el poder.

Con un sistema judicial débil como el que tenemos y con instituciones como la Corte de Constitucionalidad que resulta ser un poder omnímodo mucho mayor que el de los tres poderes de la República nos espera un escenario inédito en la historia política de Guatemala.  Todo parece conjeturas, pero en realidad es muy fácil suponer que, a partir de este mes de Agosto, puedan verse otros escenarios en esta batalla que aun no concluye pero que tiene por final que uno de los dos contendientes, es decir Arevalo o Porras dejen su cargo y abandonen el poder que ejercen.

Area de Opinión
Libre emisión del pensamiento.

Le invitamos a leer más del autor:

Emilio Estrada

El Doctor Emilio Estrada, es abogado egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala, obtuvo su PhD en Sociología en la Universidad de Salamanca, España, es abogado litigante.