Los Desafíos de Arbitraje en América Latina: Un Llamado a la Reforma Inmediata
Aunque el arbitraje internacional se presenta como un mecanismo efectivo para la resolución de disputas en América Latina, aún no ha cumplido con su promesa. La creciente adopción de leyes modernas de arbitraje por parte de muchos países latinoamericanos no se ha traducido en resultados satisfactorios, revelando problemas profundos que socavan el proceso de arbitraje.
A pesar de la adopción de estas leyes progresistas, las disputas persistentes entre Chile, Perú y Bolivia sobre zonas económicas exclusivas y el acceso al Océano Pacífico siguen sin resolverse. La Corte Internacional de Justicia (CIJ) ha fallado a favor de la soberanía de Chile sobre la mayoría de estos territorios, pero Bolivia y Perú continúan con sus reclamos. Estos conflictos se han agravado aún más con la migración de venezolanos al altiplano, lo que ha llevado a acusaciones mutuas de mala gestión entre los países involucrados.
Un escenario similar se está desarrollando entre Haití y la República Dominicana, donde la ONU ha recomendado resolver su disputa sobre un canal de riego en el río Masacre a través de los tribunales. Haití argumenta que el canal es crucial para su soberanía alimentaria, mientras que la República Dominicana sostiene que viola un acuerdo formal al desviar agua de su territorio. La creciente militarización de la frontera ha hecho que la resolución pacífica a través de arbitraje sea aún menos probable, destacando la lucha de la región por encontrar mecanismos de resolución efectivos.
Estos casos ilustran el mal historial de América Latina con el arbitraje, que a menudo intensifica los conflictos en lugar de resolverlos. Este proceso defectuoso no solo falla en desactivar tensiones, sino que también puede exacerbar disputas, socavando los esfuerzos para establecer una paz y estabilidad duraderas. Sin reformas significativas, el arbitraje corre el riesgo de ser dominado por entidades depredadoras que buscan resultados favorables para legitimar reclamos injustos bajo la apariencia de legalidad.
Este problema va más allá de América Latina, como se ve en las disputas en el Mar de China Meridional en Asia. Recientemente, un ex juez filipino instó a Filipinas a unirse a Vietnam en el uso del arbitraje contra la interferencia de China en los derechos de pesca. Sin embargo, las perspectivas para resolver estas disputas a través del arbitraje son escasas, como lo demuestra el complejo y de alto riesgo caso Malasia-Sulu relacionado con derechos de recursos en Sabah.
El caso Malasia-Sulu gira en torno a un tratado de la era colonial con Gran Bretaña que arrendó Sabah por una tarifa. A pesar de las dudas sobre la validez del tratado, los descendientes del Sultanato de Sulu, respaldados por el financiador de litigios Therium, han llevado sus reclamos a los tribunales europeos. Este litigio ha resaltado serias preocupaciones sobre la participación de financiadores de terceros y su potencial para priorizar las ganancias sobre la justicia.
La participación financiera no revelada de Therium en el caso subraya el preocupante giro de un enfoque en la justicia hacia el lucro despiadado de los activos de Malasia. La controvertida sentencia de $15 mil millones del juez Gonzalo Stampa a los demandantes complica aún más la situación. Stampa, quien recibió un pago inusualmente alto de $2 millones por su papel, ha enfrentado desde entonces una condena criminal por desobedecer órdenes judiciales, lo que pone en tela de juicio la legitimidad de su veredicto de ‘sentencia final’.
Las consecuencias para Malasia han sido severas. Petronas, la empresa estatal de energía de Malasia, ahora está desafiando a Therium en un tribunal de Manhattan, buscando revelar documentos críticos que podrían revelar la verdadera naturaleza de la relación del financiador con Stampa y exponer posibles conflictos de interés. Esta batalla legal tiene implicaciones significativas, ya que Malasia enfrenta la congelación de $15 mil millones de sus activos nacionales, un golpe crítico a sus planes de crecimiento económico y soberanía sobre Sabah.
La crisis no solo ha tensado la economía de Malasia, sino que también ha alentado a las Filipinas a presentar su reclamo ante la ONU. A medida que se desarrolla esta lucha decisiva, sirve como una advertencia clara para los países latinoamericanos que contemplan el arbitraje internacional para resolver sus disputas. Las naciones con restricciones financieras son particularmente susceptibles a la influencia de financiadores de litigios motivados por el lucro, y los entornos regulatorios a menudo inconsistentes en estos países conducen a resultados legales impredecibles.