¿A quién elegir en el Colegio de Abogados?

Antropos

Está presente el siete de febrero para elegir a la directiva del Colegio de Abogados de Guatemala. Surgen preguntas, dudas, desconfianza, desconocimiento, abundancia de intereses grupales que van desde los económicos, sociales, políticos, ideológicos, entre muchos más, porque en esta elección, como si fuera la guerra final, se cifran ilusiones de poder. Exactamente eso, ilusiones, porque desde mi percepción, nada va a cambiar, sino que unos tendrán más que otros, por algunos años, mientras se olvidan los ciudadanos de esas peripecias deportivas. En el fondo, ideas no circulan, sino frases hechas de promesas que desde ya parecen fallidas. No vuelven desde hace años, tanto las universidades que forman los abogados como el mismo colegio profesional, a sugerir propuestas al Estado para una mejor y digna convivencia ciudadana. Con la idea, de dar un marco histórico y conceptual de este hecho fortuito de las elecciones, vuelvo mi cabeza y recorro el siguiente camino.

Desde el imperio romano, prevaleció como una parte central de los conocimientos, el derecho. A la par la teología, filosofía y medicina, se convirtieron en la base de donde nació la universidad en la edad media. Toda esta parafernalia de los saberes fue traslada a España y ahí, teóricos como Francisco de Vitoria y Francisco Suárez, herederos del pensamiento aristotélico a través de Santo Tomás de Aquino, abordaron además de temas filosóficos, los de la jurisprudencia.

Vitoria sostuvo criterio acerca del derecho a la guerra justa y se adelantó visionariamente en el ámbito del derecho internacional. A su vez, Suárez, jesuita de formación, fue uno de los defensores del iusnaturalismo y derecho internacional, en sus obras jurídicas. Se adelantó a definir el contrato social, distinguió entre ley natural, derecho de gentes, ley positiva humana, hasta concluir con la idea del derecho a la resistencia armada frente a un poder injusto. Fueron los dos, filósofos del derecho. 

Todos estos conocimientos, fueron trasladados a la Universidad de San Carlos, lo cual se constituyó en el acervo central para la creación de los estudios del derecho en la época colonial. Debo hacer mención, que Guatemala guarda en su historia el nombre del jurista Luis Recasens Siches, quien desde temprana edad partió a España y se formó en la Universidad de Barcelona. Con la guerra civil española, se exilió en México e hizo docencia e investigación en la UNAM. Se destaca su tesis de doctorado La filosofía del derecho de Francisco Suárez y tiempo después publicó el libro Introducción filosófica al derecho. 

En estas palabras resumo la historia de los estudios jurídicos en Guatemala, hasta la presencia cimera del Doctor René Villegas Lara, quien, siendo docente investigador de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la USAC, ha dado lustre a los estudios del derecho en el país. Académico a quien admiro profundamente por su aporte y al que le deben seguir los pasos, estudiantes que aspiren a ser abogados, no solo por su ejemplo de rigurosidad, sino de una actitud ética que debe ser el punto nodal del trabajo de los abogados.   

Obvio que hay y hubo otros abogados respetables, que incluso fueron asesinados por la defensa que hicieron de los intereses de los trabajadores, a través del derecho laboral o bien, los que han puesto los puntos sobre las ies en cuanto a injusticia, represión, corrupción, luchas por el derecho a la tenencia de la tierra y a la libertad sindical, entre otros grandes temas. 

Sin embargo, ahora el punto de preocupación se refiere a la injusticia social o inequidad y administración de la justicia. El Estado guatemalteco siendo desde sus orígenes una construcción jurídica y conceptualización política, republicano, se articula con tres grandes poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial.

Tal y como se ve, el “imperio de la ley”, como bien lo dice en su libro Teoría de la Justicia, John Rawls, predomina el tema de la justicia. Un órgano que hace leyes y otro quien las administra. O sea, ligados entre si de forma esencial.   

En este marco de ideas y con el apoyo del teórico de la justicia J. Rawls, quien nos advierte que “la justicia es la primera virtud de las instituciones sociales, como la verdad lo es de los sistemas de pensamiento… por tanto en una sociedad justa las libertades de la igualdad de ciudadanía se dan por establecidas definitivamente, los derechos asegurados por la justicia no están sujetos a regateos políticos ni al cálculo de intereses sociales”.

Desde la Grecia antigua, recordamos hoy al filósofo Platón quien expuso en uno de sus Diálogos, que una de las razones para que el debate en torno al tema de Justicia pueda ilustrarse, debemos comprender que “… Nosotros, en fín de cuentas, no fundamos nuestra ciudad con vistas a la felicidad de una sola clase, sino para que lo sean todos los ciudadanos sin distinción alguna. Consideramos que en una ciudad así formada se encontrará la justicia mucho mejor que en cualquier otra”.

Estas verdades nos confirman, que hoy, ante la inminencia de la elección de la junta directiva del Colegio de Abogados, son más necesarias que nunca, porque por azares de la historia, este colegio profesional tiene una enorme preeminencia en los asuntos del Estado guatemalteco. Quienes salgan electos, podrán incidir en un futuro cercano, en las comisiones de postulación para elegir Fiscal General de la República, Magistrados de la Corte de Constitucional, Magistrados del Tribunal Electoral. Tres instituciones claves en lo que se refiere a la administración de justicia. 

Complejo es discernir acerca de esta elección, porque este colegio lo integran cerca de cuarenta mil miembros. Desde la universidad pública hasta algunas de carácter privado, gradúan abogados cada día, porque es una de las pocas opciones profesionales que tienen nuestros jóvenes. Me parece que hay vacíos en los filtros de exigencia académica y, sobre todo, de una formación a fondo de la historia nacional, su identidad, valores culturales, comprensión de lectura, competencias de escritura, pensamiento lógico jurídico, ética y formación en los valores morales de una sociedad en la que se respete la dignidad de la persona.

Pero y además es un hecho que hemos perdido la confianza como ciudadanos y los lazos de afectividad y comunicación están ausentes. En cambio, está presente la agresión, la violencia, la discriminación y el desprecio de lo humano y todo su entorno natural.

Habrá que tomar en cuenta, a la vez, que la abundancia de leyes, que son creadas por los juristas y no por los abogados, tienen el propósito de regular la conducta ciudadana, y a esto debería dar atención el Colegio de Abogados, y a su vez, reflexionar con las certeras palabras de la filósofa española Adela Cortina, quien ha dicho, que el aumento de leyes, “no corresponde a mostrar la construcción de una sociedad verdaderamente humana. Ciertamente el derecho es inevitable en un mundo que cobija la desconfianza mutua, pero, una sociedad juridificada no es una sociedad deseable, y no sólo porque hecha la ley hecha la trampa, sino porque unas relaciones entre personas presididas por el recurso, la impugnación, la instancia y la sentencia condenatoria; unas relaciones en las que debe dirimir un tercero, por más señas, falible, no son relaciones verdaderamente humanas”.

De esa manera, habrá que considerar que es crucial en la sociedad guatemalteca, la demanda por un ideal de la tolerancia, de la no violencia para resolver los conflictos sociales privilegiando el diálogo y la concertación social. Así como el ideal de la fraternidad para el logro del reconocimiento de un destino común de nuestra nacionalidad. Es necesario reconstruir en las actuales condiciones, ahora más que nunca, el ideal de justicia que prevenga cualquier abuso de poder en las relaciones políticas y sociales. En un país como Guatemala, es importante considerar a profundidad, el ideal de un Estado multicultural basado en una “democracia intercultural” que responda a la diversidad étnico-cultural de nuestro país. 

Para caminar por los senderos de la democracia en Guatemala, es impostergable, avanzar si o si, por la recuperación de un Estado de derecho democrático, en el cual la ciudadanía juegue un papel central. Ciertamente nuestro Estado siendo republicano, las y los ciudadanos delegan a través del acto electoral, las responsabilidades de gobernanza, bajo el principio de la confianza y certeza que los elegidos, sabrán responder con sus acciones políticas, las demandas del soberano, que es el pueblo guatemalteco. Lamentablemente esto no se ha logrado, generando por esta razón, escepticismo, anomia y desconfianza en la política y los políticos, a quienes se les tilda de mentirosos. Habrá entonces que avanzar en el fortalecimiento de la democracia, a partir de una adecuada e inteligente participación ciudadana, a fin de alcanzar una sociedad y un Estado justo, en el cual se dignifique esencialmente, la dignidad de la persona humana. 

Son estos conceptos los que deben estar al centro de una elección del Colegio de Abogados, y no las peripecias politiqueras de los que aspiran a apoderarse de estas instituciones, con el único afán  de obtener poderes fatuos que los hagan creer que tienen dominio de las decisiones centrales de la administración de justicia del Estado de Guatemala. No se autoengañen, las cosas caen por su peso.  

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