Los Retos de Seguridad del Gobierno

La Otra Cara

La Dirección General de Inteligencia Civil -DIGICI-.

Para conocimiento de mis lectores: la Dirección General de Inteligencia Civil (o Inteligencia Criminal) tiene como principales funciones las siguientes: 

a. Planear, recolectar y obtener información, procesarla, sistematizarla y analizarla, transformándola en inteligencia. 

b. Obtener, evaluar, interpretar y difundir la inteligencia para proteger del crimen organizado y delincuencia común, los intereses políticos, económicos, sociales, industriales, comerciales, tecnológicos y estratégicos de la República de Guatemala dentro del área de inteligencia que le corresponde. 

c. Proporcionar al Ministerio de Gobernación asesoría en el área de la inteligencia civil, para la toma de decisiones y la formulación de políticas y planeamientos para apoyar a prevención, control y combate del crimen organizado y de la delincuencia común.

d. Recabar y centralizar la información proveniente de las dependencias del Ministerio de Gobernación, intercambiando las mismas, según fuere necesario, con otros órganos de inteligencia del Estado. 

e. Solicitar la colaboración de autoridades, funcionarios y ciudadanos para la obtención de información que coadyuve al cumplimiento de sus fines. 

f. Solicitar y establecer acuerdos de cooperación con entidades similares de otros Estados, estableciendo mecanismos de contacto directo.

Actividades.

Las actividades de la Dirección General de Inteligencia Civil, así como su organización, medios, procedimientos, personal, instalaciones, centros de datos fuentes de información, y la información que pueda llevar al conocimiento de lo anterior estarán considerados como asuntos de seguridad nacional.

Misiones específicas y obligaciones permanentes de la DIGICI:

Elaborar y mantener actualizados:

1. Documentos de análisis relacionados con la incidencia de la delincuencia común y organizada, sus causas y medidas aconsejables para su prevención, control y combate. 

2. Cuadros estadísticos mensuales y anuales de los índices de violencia derivados de las actividades ilegales de la delincuencia común y organizada ocurridas en el país, haciendo separación entre las que fueron denunciadas a las autoridades competentes y en las que se actuó de oficio. 

3. Planes para operaciones predecibles a futuro en base al análisis de los documentos relacionados con la actividad de la delincuencia común y organizada, para su prevención, control y combate. 

4. Estudios para prevenir las futuras actividades de la delincuencia común y organizada, que puedan transformarse en amenaza, peligro o agresión contra la sociedad guatemalteca y las instituciones del Estado.

Para conocimiento del lector, según los conceptos doctrinarios se puede definir al crimen organizado como “La violación planificada de la ley con la intención de obtener beneficios económicos, y ampara la comisión de actos reñidos con la ley ejecutados por más de dos participantes que cooperan en el marco de una división planificada, por un periodo de tipo prolongado o indeterminado, utilizando estructuras comerciales, violencia o intimidación, influencia política en los medios de comunicación, en la administración pública, en el sistema de justicia, o en la economía ilegítima”.

En el caso especifico del narcotráfico y lavado de dinero la “Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas” de 1998; define el crimen organizado como:“Las actividades colectivas de tres o más personas, unidas por vínculos jerárquicos o de relación personal que permitan a sus dirigentes obtener beneficios o controlar territorios o mercados nacionales o extranjeros mediante la violencia, la intimidación o la corrupción, tanto al servicio de la actividad delictiva como con fines de infiltrarse en la economía legítima, en particular por medio del tráfico ilícito de estupefacientes o sustancias Sicotrópicas y el blanqueo de dinero.

Descritos anteriormente los conceptos y aspectos principales de la misión institucional de la DIGICI, los analistas y ciudadanos afectados por la violencia en diferentes estratos sociales pueden concluir con suma facilidad que su desempeño ha sido deficiente por decir lo menos, habida cuenta que “El estudio y comprensión de las dinámicas criminales debe contemplar el análisis de variables referentes a los factores exógenos y endógenos del delito; sus características sociales, demográficas, urbanísticas, judiciales, penales, y económicas, entre otras, de las poblaciones en donde ocurre el hecho delictivo y las causas  que inducen y mantienen la existencia del delito son en esencia su misión principal pues el análisis de inteligencia sobre hechos criminales, contribuye al conocimiento más acertado de la realidad delincuencial y al correspondiente diseño y elaboración de estrategias para combatirla”. 

Desde finales de la década de los años ochenta del siglo pasado ya el análisis del fenómeno criminal había evolucionado ampliando su enfoque, pues en lugar de observar  únicamente a las estructuras y funciones de los grupos criminales el análisis se amplió hacia los individuos y las actividades productivas que estos realizaban, en tanto que recaudan flujos monetarios. Siendo entonces a partir de la época estratégica función el embate en contra de su logística y flujos financieros.

Con respecto a las estructuras, la estadística criminal debe aportar los insumos para el diseño y actualización permanente de políticas criminales y la correcta interpretación de los delitos y factores estructurales que inciden en su accionar. El muy importante  análisis geográfico del delito debe utilizarse en cada municipio o región para centrar los esfuerzos sobre las zonas que representan el epicentro del hecho criminal. Es por ello que se hace imprescindible recuperar el concepto básico y puntual de la  seguridad ciudadana como garantía del ejercicio de las libertades públicas que mediante la prevención, la disuasión, y la coerción permitan la reducción del accionar de quienes tienen como modus vivendi agredir e impedir las opciones para el ejercicio de una vida libre, y en paz. Recientemente, el los ataques y asesinatos de pilotos de transporte de todo tipo ligado a las extorsiones de los pandilleros e imitadores ha ido en crecimiento pues las estructuras criminales siguen operando desde las prisiones sin que la ciudadanía observe acciones contundentes que impliquen una reingeniería y control del Sistema Penitenciario que fue el objeto de un artículo anterior en esta serie destinada a la seguridad gubernamental.

Se debe poner especial atención y enfocar el análisis de políticas de seguridad en el hecho que la desbordada y abusiva corrupción gubernamental ha incidido en la creciente ineficacia de las Instituciones encargadas de la seguridad ciudadana y ha repercutido en un fenómeno extendido en muchas comunidades rurales y de la periferia de las principales ciudades en donde algunos grupos de ciudadanos en su desesperación persisten en hacer justicia por su propia mano.

Los linchamientos de presuntos delincuentes se han replicado por diferentes áreas geográficas.  El linchamiento del Alcalde del municipio de Concepción, Sololá, señor Basilio Juaracán, quemado vivo por una turba presa de la psicología de masas qué en forma creciente se adueña del ansia de justicia de los guatemaltecos, impactó hace algún tiempo a la sociedad guatemalteca e internacional ante la incapacidad del Estado para prever escenarios de conflictividad, que sumados a las extorsiones, delitos contra la vida, y patrimoniales, generan un sentimiento social de indefensión.  ¿Hasta cuándo?

Le invitamos a leer más del autor: