Estado de Derecho y Resoluciones Judiciales
Una Guatemala Diferente Es Posible
El Estado de derecho en una sociedad impone un marco legal que protege los derechos de los ciudadanos y garantiza la igualdad ante la ley, lo que significa que todas las personas, incluidos los gobernantes, deben acatar la ley, la que limita el abuso de poder, además de asegurar un sistema de justicia confiable, creando en la sociedad un ambiente de estabilidad y confianza el cual es fundamental para el desarrollo económico y social de un país.
El Estado de derecho debe fortalecerse para asegurar que tanto las personas, así como las entidades públicas y privadas, estén sujetas a la ley y hacer que ésta se cumpla de manera independiente, por lo que es importante garantizar que todas las personas sean tratadas de igual manera ante la ley, impulsar la aplicación de la ley de manera efectiva, para lograr bajar los índices de criminalidad e impunidad, asegurar un entorno legal, estable y predecible que genere confianza en inversores y reforzar la separación de poderes para prevenir abusos de autoridad.
Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo: “mejorar la eficiencia y eficacia del sistema de justicia mediante el fortalecimiento de las capacidades y la coordinación entre sus instituciones es fundamental para el fortalecimiento del Estado de Derecho”.
De lo anterior se desprende la importancia de respetar y cumplir las Resoluciones Judiciales, las cuales son decisiones emitidas por jueces o magistrados en el ejercicio de su función jurisdiccional, lo que hace su cumplimiento obligatorio para todos incluyendo a los funcionarios públicos, por las siguientes razones: 1.- Todos debemos de actuar conforme a lo que determina la ley, y las decisiones judiciales representan la interpretación y aplicación de estas. 2.- Cuando se incumplen las resoluciones judiciales, especialmente por parte de los funcionarios, esta puede llevarnos al caos y anarquía, debilitando la estructura social. 3.- La desobediencia puede conllevar sanciones penales, civiles, administrativas, incluyendo multa y prisión,
basta con revisar unos pocos artículos de nuestra legislación como el 203, de la Constitución Política de la República de Guatemala, el artículo 11, del Código Procesal Penal y el 169 de la Ley Orgánica del Organismo Judicial, los que se refieren al cumplimiento de las Resoluciones Judiciales.
Lo anterior permite dimensionar la responsabilidad de los funcionarios públicos en el cumplimiento de las resoluciones judiciales debido al papel que, como representantes del Estado, juegan en una sociedad, el no cumplir con las resoluciones judiciales puede tener consecuencias graves, entre ellas las siguientes: 1.- La inobservancia de las decisiones judiciales, erosiona la confianza en las instituciones. 2.- De no respetar las decisiones judiciales, los funcionarios públicos pueden enfrentar procesos penales por delitos como desacato, abuso de autoridad, etc. 3.- El incumplimiento de las decisiones judiciales sienta un precedente negativo, que fomenta la impunidad y la corrupción.
Un Estado de Derecho fuerte y el cumplimiento de las resoluciones judiciales son pilares fundamentales para una sociedad justa, equilibrada y democrática, por lo que todos los ciudadanos y especialmente los funcionarios públicos, deben respetarlas y acatarlas para garantizar la estabilidad y el desarrollo de la Nación.
AL RESCATE DE GUATEMALA.
GUATEMALA NECESITA DE SUS MEJORES HOMBRES Y MUJERES.
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