Ya sea física, judicial o civilmente, las personas siguen desapareciendo en Guatemala

Barataria

La pasada semana se dio la noticia de que en la carretera al Atlántico, fue asesinado a balazos el Alcalde de Chuarrancho municipio de mayoría indígena del centro del país, el asesinato según se indicó fue consumado por dos sicarios de los muchos que pululan en Guatemala, y que viajaban a bordo de una motocicleta.  Este asesinado, realizado de manera concreta a la usanza de los años ochenta, cuando la eliminación física de personas eran el pan de cada día demuestra que como país, Guatemala no ha superado aquel desdén de proteger la vida.  En Guatemala, desde hace muchos años se mata por un celular de marca cualquiera, los delincuentes disparan a personas por el simple hecho de no llevar un celular de marca, de “no tener dinero suficiente para el asaltante” o por resistirse a ser despojado de pertenencias y, como otros males del país, la gente muere a diario sin que se encuentre la solución.  En los ochenta era común ver estas escenas, luego pasamos viendo a diario la muerte de pilotos del servicio urbano que eran asesinados, a lo mejor por los mismos que ahora se apoderan del actual servicio urbano de la ciudad de Guatemala, pero eso nunca se investigará. La eliminación física ha sido el arma favorita de los delincuentes, del crimen organizado y grupos paralelos que detentan el poder.  Sin embargo, la muerte de un funcionario público siempre pone al país en las páginas de los periódicos del mundo, especialmente tratándose de un alcalde de un pueblo de mayoría indígena y hace ver que aún no se supera el lastre del pasado, es decir estamos en franca involución.

Sin embargo, la eliminación física no es la única forma de deshacerse de rivales y enemigos incómodos, hoy en día quien mantiene cuotas de poder, que no necesariamente es quien nos gobierna, tiene asimismo la potestad de promover una eliminación que no es física pero sí surte el mismo efecto en cuanto a desaparecer de la escena política y social a sus contendientes.  Así, hemos visto como tanto de uno u otro banco en la política nacional han instrumentalizado el derecho, utilizando el poder judicial para perseguir penalmente a los contendientes.  De esta manera se inician procesos judiciales tan rídiculos como denuncias penales e investigaciones “criminales” del Ministerio Público por “romper una nota que se le iba a entregar al Presidente de la República.  Posiblemente el lector se quede sorprendido por esto, pero al final esto es lo que esta pasando con una denuncia presentada por el Diputado Benjamín Choooj de la Cruz, en contra del Diputado Samuel Pérez y que ha sido un caso paradigmatico que el Ministerio Público se ha esforzado en promover planteando un antejuicio, como si en Guatemala no hubiesen caso de mucha mayor envergadura.  Pero esto no es nada nuevo, el Ministerio Público bajo la dirección de Thelma Aldana encausó al hijo del presidente Morales por extender una factura de 35,000 quetzales encauzando a los padres de la novia de éste; sin embargo la ex Registradora de la Propiedad Anabella De León, que sí dejó al Registro de Propiedad en trapos de cucaracha, no se le proceso por todos los desmanes y finalmente se le condenó pagando una baba de perico por salir de prisión. Así las cosas, la instrumentalización del derecho ha sido un arma favorita para quienes no quieren asesinar, procesen a aquellos que o bien huyen del país o bien son apresado y permanente detenidos ad eternun y por ello, yo he bautizado esta clase de eliminación, la eliminación judicial para diferenciarla de la eliminación física.

Por ultimo y como no podría ser de otra manera, aparece un tipo de eliminación social, que está a los guatemaltecos a ciencia y paciencia de los gobernantes y congresos que han pasado y que le importa una nada, porque como muchas cosas en Guatemala no es que los funcionarios o diputados tenga mucho que hacer, es que simplemente no les importa porque todo lo que ven en sus carteras son los negocios que se van a hacer y no los derechos de los guatemaltecos.  Hoy en día existe una tendencia en Guatemala de condenar a la muerte civil a cuanto guatemalteco se haya atrasado en el pago de un crédito, se le haya presentado una denuncia penal o una demanda civil que, sin llegar a sentencia ya le condena.  La ausencia de una ley de protección de datos además de que no exista una regulación legal que evite los abusos de empresas como Infornet, Transunión o el mismo Buró de Bancos que, sin el consentimiento previo de los guatemaltecos, mantienen datos personales o de relaciones comerciales y sus relaciones con las entidades públicas y los pasean en consultas públicas que no deberían, además de estar lucrando con los datos de los guatemaltecos.  Es tal este asunto, que muchos guatemaltecos tienen cerradas las puertas de acceso a crédito, lo cual es considerable, sin embargo, mucho tienen cerradas las puertas de trabajos, porque muchos empleados lo que hacen en realizar una búsqueda en este tipo de bases para darles el trabajo a las personas.  No son pocos los casos, en los cuales a los solicitantes de trabajo en la entrevista les indican que tienen una deuda pendiente y que si no la pagan no les pueden dar trabajos.  Así las cosas, los pobres  guatemaltecos no tienen acceso a créditos ni del Estado porque para ellos sí que no existe el acceso al crédito, ni de las instituciones privadas por lo que para pagar sus deudas, terminaran prestándole a los usureros o a los colombianos que les cobrar por día unas cantidades barbarearas de dinero.  Esta muerte civil es también otra forma de desaparecer a la población guatemalteca que se hace invisible porque quien por alguna razón tuvo dificultades económicas, o los muchos que por la pandemia se endeudaron porque muchas ayudas no llegaron ya que se quedaron en los bolsillos de funcionarios que gestionaron la pandemia para embolsarse el erario, estos guatemaltecos son ahora víctimas de la muerte civil que les plantean toda esa comercialización de datos sensibles que, sin autorización negocian estas entidades y que hacen que muchos guatemaltecos se encuentren muertos civilmente.  Así, ahora la información de Infornet, se utiliza para conseguir un trabajo, para solicitar un crédito hasta de los colombianos e incluso para comprar un celular marca pajarito por abonos y con ello, hacen invisible a aquellos quienes no pueden salir de ese agujero profundo creado por la muerte civil a que le sujeta las bases de datos que se comercializan. 

Así, no existe seguridad ciudadana en ninguno de los sentidos posibles y la población guatemalteca sufre las diferentes formas de desaparición posibles en Guatemala, tanto si se sufre la muerte física al ser asaltado o asesinado por tanto delincuente que se pasea con la menor impunidad posible, tanto así que se supone que quienes asesinaron al Alcalde de Chuarrancho aparentemente fueron detenidos en un registro de rutina por agentes de la policía nacional civil sin que se les requisara en lo más mínimo. O bien puede promoverse la desaparición judicial a través de la instrumentalización del derecho en donde los guatemaltecos no saben en donde esta la justicia porque el derecho es el arma favorita para perseguir a los actores públicos que son incómodos, así se les puede acallar procesándoles y metiéndoles en la cárcel o bien esperando que salgan huyendo a otros países como lo han hecho muchos.  O bien, promoviendo la muerte civil de los guatemaltecos que por las precarias condiciones del país terminan endeudados y con ello se invisibilizan en la sociedad porque no son sujetos de crédito, ni trabajadores confiables para las empresas y con ello, no salen de la informalidad como se ha visto.  

Lo peor de todo este lastre es que que la importancia de la vida, la seguridad jurídica y física de los guatemaltcos no es prioridad para ninguna autoridad en Guatemala, por lo que muchos en realidad están a la sombra porque en realidad están desaparecidos por cualquiera de las formas mortales que existen y que el Gobierno de Guatemala es incapaz siquiera intentar revertir.  No digamos los fastuosos Diputados del Congreso de la República que para promover aumentos a granel allí si están de acuerdo todos. ¡Ve que forma de concertación mas bonita que tienen estos demagogos! Cuando se trata de aumentos para ellos allí si se ponen de acuerdo en todo, cuando se trata de proteger a la población, ni siquiera en una ley de protección de datos se ponen de acuerdo y eso es que hay muchos proyectos que se encuentran archivados sobre protección de datos y prohibición de estas bases de datos que pululan por todos lados y que han sido utilizadas hasta por los extorsionistas de toda índole, pero a Gobierno y Diputados esto es lo que menos les importa. Lo único cierto es que la invisibilidad de los guatemaltecos es patética.

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