Los Olvidados del IPM
Poptun
El reciente incremento en las pensiones de jubilación en Guatemala, oficializado a través del Acuerdo Gubernativo 8-2025, es una medida que muchos jubilados de las clases pasivas civiles del Estado esperaban con urgencia. A partir de enero de 2025, el Ministerio de Finanzas confirmó que ningún jubilado recibirá menos del salario mínimo y que aquellos cuya pensión se otorgó antes del 1 de octubre de 2024 recibirán un incremento de Q1,000 mensuales. Esta medida representa un avance significativo para miles de pensionados que, hasta el año pasado, sobrevivían con ingresos por debajo del salario mínimo necesario para cubrir sus necesidades básicas.
Sin embargo, no todos los jubilados han sido beneficiados. Los pensionados del Instituto de Previsión Militar (IPM) han sido excluidos de este ajuste, lo que deja a muchos de ellos en una situación de precariedad económica. La omisión de este sector en el incremento de las pensiones, no obstante que sea régimen distinto al de las clases civiles del Estado, refleja definitivamente una injusticia.
El IPM es el ente encargado de administrar las pensiones y jubilaciones del personal retirado del Ejército de Guatemala. A pesar que estos jubilados han servido al país como lo hicieron los jubilados de las clases pasivas civiles del Estado, muchos de estos reciben montos que no superan los Q500 mensuales, e incluso algunos apenas alcanzan los Q300.
En un contexto donde el costo de vida ha aumentado considerablemente, estos montos son insuficientes para cubrir necesidades básicas como alimentación, salud y vivienda. Según cifras oficiales, el precio de la Canasta Básica Alimentaria en Guatemala supera los Q3,800, lo que significa que los jubilados del IPM que reciben jubilaciones menores a los Q1,000.00, enfrentan una situación de pobreza extrema.
Para enfrentar esta crisis, en noviembre de 2024 los diputados Orlando Blanco, Jairo Flores, José Alberto Chic y Byron Tejeda presentaron ante el Congreso la Iniciativa 6471: Ley para Dignificar las Jubilaciones y Pensiones del Instituto de Previsión Militar.
Este proyecto de ley busca garantizar que ningún jubilado del IPM reciba menos del salario mínimo vigente, además de establecer un aporte extraordinario de Q180 millones anuales durante los próximos 33 años para sanear las finanzas del Instituto. También plantea que el Estado aporte Q130 millones adicionales cada año, ajustados según la inflación, para garantizar el derecho a una pensión digna.
La exposición de motivos de la iniciativa destaca la responsabilidad constitucional del Estado de velar por los jubilados del IPM y la urgencia de adoptar medidas que eviten el colapso del sistema.
No obstante, la iniciativa sigue estancada en el Congreso, sin avances concretos en su discusión. Mientras tanto, el aumento para los pensionados civiles ya es una realidad desde enero de 2025, y los jubilados del IPM continúan sobreviviendo con ingresos indignos.
La crisis financiera del IPM, si bien es real, no es excusa para ignorar la difícil situación de sus beneficiarios. La solución no puede ser simplemente excluirlos del aumento y dejarlos a su suerte. Se necesita voluntad política para encontrar un mecanismo de financiamiento que garantice la sostenibilidad del sistema sin perjudicar a quienes ya han dedicado su vida al servicio del país.
Por otro lado, el silencio del Congreso ante la falta de avances de la Iniciativa 6471 es alarmante. No se han presentado alternativas ni se ha propuesto una mesa de diálogo para atender esta problemática. El costo de vida sigue aumentando, y la falta de un incremento en las pensiones del IPM profundiza la precariedad de miles de jubilados y sus familias.
El aumento a las pensiones para jubilados civiles es un paso positivo, pero la justicia social no puede ser selectiva. No es aceptable que sólo un grupo de jubilados reciba un ingreso que les permita vivir con mayor dignidad, mientras otros siguen en condiciones de pobreza extrema.
El Congreso y el Ejecutivo deben tomar medidas urgentes para incluir a los jubilados del IPM en los beneficios otorgados al resto de los pensionados. La discusión de la Iniciativa 6471 debe agilizarse, y el gobierno debe asumir su responsabilidad en la crisis financiera del Instituto de Previsión Militar.
Ignorar esta problemática solo profundiza la desigualdad y el abandono de quienes han servido al país. La dignidad de los jubilados del IPM no puede seguir siendo postergada.
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