Una Resolución Judicial Dudosa, Genera Grietas Profundas (II)
Una Guatemala Diferente Es Posible
En los últimos años, diversas resoluciones judiciales han generado mucha preocupación en la opinión pública guatemalteca, especialmente cuando involucran beneficios procesales otorgadas a personas acusadas de delitos graves, ante esos casos, surge una pregunta clave: ¿Como puede garantizarse que los jueces actúen conforme a derecho sin vulnerar su independencia judicial? La independencia judicial es uno de los pilares del Estado de Derecho, ésta protege a los jueces de presiones externas y garantiza que sus decisiones se basen, únicamente, en la Constitución y en las leyes; sin embargo, no debe confundirse con impunidad; ser juez implica no solo autonomía, sino también un compromiso profundo con la legalidad, la imparcialidad, la transparencia, y la objetividad, así como con la ética profesional.
Por ello, la Corte Suprema de Justicia y los órganos internos de control del Organismo Judicial, tienen la obligación de implementar mecanismos eficaces para supervisar, evaluar y, de ser necesario, sancionar a aquellos jueces cuyas resoluciones se aparten del marco legal o estén contaminadas por intereses ajenos a la justicia, por lo que considero que resulta importante fortalecer:
1.- La función de la Supervisión General de Tribunales y su organización, que debe contar con un mejor presupuesto, un número mayor de personal profesional, mayor capacidad técnica y autonomía para realizar auditorias de resoluciones judiciales, especialmente en casos sensibles.
2.-La activación del régimen disciplinario a través de la junta de Disciplina Judicial, garantizando procedimientos imparciales, transparentes y rápidos.
3.- La capacitación continua obligatoria para jueces en áreas clave como ética judicial, análisis de peligrosidad, derechos humanos.
4.- La creación de un observatorio de resoluciones judiciales, que permita monitorear tendencias, buenas practicas y posibles desviaciones del estándar legal.
5.- El fortalecimiento de la transparencia institucional, mediante el acceso publico a resoluciones judiciales debidamente fundamentadas.
Los jueces no pueden quedar al margen del control institucional aún siendo independientes, controles que son perfectamente legítimos y además, necesarios, aplicando evaluaciones integrales y periódicas sobre su desempeño, su ética profesional, su trayectoria, actuaciones de control que deben de enmarcarse siempre dentro de la legalidad y el debido proceso; de esa cuenta se puede asegurar que la integridad judicial no se impone por la fuerza, sino que se construye con mecanismos solidos de supervisión y rendición de cuentas.
Este tipo de casos como el de Roberto Gordillo Coronado, alias Minga, quien fue condenado a 40 años de prisión por los delitos de homicidio y homicidio en grado de tentativa, y que el Juzgado Pluripersonal de Ejecución Penal de Chiquimula lo benefició con la medida de control telemático, no solo afecta a los implicados directos, sino también debilita la credibilidad de la justicia, genera desconfianza en la institucionalidad del Organismo Judicial y fomenta la corrupción, por ello se hace indispensable que las máximas autoridades del sistema judicial, actúen con decisión para fortalecer la transparencia y restaurar la confianza ciudadana en el Organismo Judicial.
La justicia sólo se fortalece cuando es ejercida con objetividad, sostenida por la legalidad y aplicada con absoluta transparencia por los jueces ante la sociedad a la que sirven.
AL RESCATE DE GUATEMALA.
GUATEMALA NECESITA DE SUS MEJORES HOMBRES Y MUJERES.
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