La Bomba de Tiempo que está por estallar en Guatemala
Barataria
A raíz de los últimos acontecimientos que han acaecido en el panorama político de Guatemala, creo que este es un momento de análisis y reflexión muy importante que debemos de hacer, puesto que el país se está encaminando a una confrontación que de seguir todos lamentaremos al final de cuentas. Nunca antes durante la era democrática nos hemos visto en una situación parecida, puesto que de dos crisis anteriores que amenazaron la estabilidad del país se diría que salimos medianamente “bien librados” por decir un término coloquial. Así, la crisis provocada por Serrano Elías, se logró pasar la página defenestrando al supuesto dictador maquillándola mediante una resolución de la Corte de Constitucionalidad que no permitió asumir al Vicepresidente y al final el Procurador de Derechos Humanos tomó las riendas. La segunda crisis provocó la renuncia y posterior encarcelamiento de Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti y se produjo el cambio en la presidencia de la República. En ambos casos, Guatemala tenía una institucionalidad más o menos funcional y con ello se logró sobreponer a estos embates contra la malograda democracia guatemalteca.
Sin embargo, desde 2016 Guatemala ha vivido un fuerte deterioro de sus instituciones grupos de poder de hecho, no de derecho o llamados de otro modo poderes facticos han luchado por cooptar, comprar, secuestrar instituciones y en complicidad de funcionarios vendidos al mejor postor las instituciones se han plegado a intereses particulares y no a intereses de país. Dentro de este deterioro institucional existen algunas que presentan una relevancia superior: El Congreso, el Poder Judicial, La Corte de Constitucionalidad, La PGN, la Procuraduría de Derechos Humanos, el Banco de Guatemala, el IGSS, la Superintendencia de Administración Tributaria, la USAC y el Colegio de Abogados y Notarios figuran entre las principales porque tener el control de uno o más de estas instituciones dará pie a “negociar” bajo la mesa, cualquier otra circunstancia
En 2016 el grupo de poder que ahora gobierna, mantuvo durante un año el control del Congreso de la República y asimismo de una institución tan importante como La Corte de Constitucionalidad en alianza con la CICIG, hicieron lo que quisieron con la institucionalidad del país, llegando al punto de manipular la Ley Orgánica del Ministerio Público con una reforma que le garantizaba a la entonces Fiscal General, Thelma Aldana, no solo la inmunidad sino la inamovilidad del puesto. Esta es la misma reforma que ahora tiene en el puesto a Consuelo Porras y que el actual presidente no puede defenestrarla. Es allí en donde las leyes casuísticas hechas para una fortalecer a una persona debilitan una institución y ahora, cuando el presidente de la República es Bernardo Arévalo quiere, de nueva cuenta, reformar casuísticamente la ley para echar a la Fiscal General, al parecer no han aprendido la lección sus brillantes asesores.
La polarización entre estos dos grupos es un péndulo que pasó de los años de la CICIG, Thelma Aldana y el Fiscal Sandoval que llamó al otro grupo “pacto de corruptos” judicializando todo lo que parecía a corrupción, instrumentalizando la justicia y haciéndola selectiva, al fortalecimiento del llamado “pacto de corruptos” que aprendió bien la lección y por un lado comenzó a cooptar, secuestrar y comprar instituciones y por el otro lado instrumentalizar la justicia. Así lo hizo el gobierno del señor Giammattei, manejando cantidades de dinero y enriqueciéndose tanto él como un gran grupo de sus secuaces entre ellos Miguelito y planteándose la idea de que no podría perder las elecciones con un candidato como Manuel Conde y con una maquinaria electoral que tuvo todo el dinero del Estado posible y municipalidades estaban al tanto de todo. Sin embargo, no se logró, el pueblo decidió por un novel candidado que se planteaba como un paladín contra la corrupción, pero que poco a poco a sido parte de aquel mismo pacto de corruptos que prometió combatir.
En efecto, hoy en día, siguen los mismos contratistas del Estado que se enriquecieron bajo la corrupción de Morales y Giammattei, siguen los problemas en Educación, en Salud ni digamos y la inseguridad en Guatemala o sigue igual o va en aumento pero nada hacia la baja. Seguramente algún lector diría que “apenas llevan un año y meses en el poder” y esa argumentación es completamente válida cuando se han visto algunos cambios sustanciales en el ejecutivo, pero nada de nada, los Ministros siguen con sus negocios y todo el mundo tranquilo. ¿Queremos ejemplos? Claro allí van unos para muestra un botón: El paso a desnivel sobre la Avenida Petapa fue uno de los dos casos denunciados por la exministra de Comunicaciones Yazmín De la Vega, la que destituyera el Presidente Arévalo y ella se negó a adelantarles más dinero al contratista un mafioso de pacotilla llamado Mario Alejandro Ceballos Sosa, porque el avance de la obra no era consecuente con los millones recibidos. Sin embargo, la señora De la Vega salió del ministerio y el actual ministro de Comunicaciones lo que hizo es cancelar el contrato y proceder a la liquidación para exigirle al mafioso que devuelva más de cuarenta millones que recibió y la fianza no alcanza para la devolución. Asi las cosas, creo que el pacto de corruptos sigue en pie, solo que con otro inquilino en la Casa Presidencial. La bancada oficial, aquellos ex compañeros del Presidente Arévalo en el Congreso han hecho de las suyas, negociaron un presupuesto a cambio de un aumento salarial y otras cosas, sin embargo ponen cara de inocentes cuando todo el mundo a manifestado su desacuerdo, no estuvieron de acuerdo ni votaron dicen, pero del dicho al hecho… Al final de todo, la lucha contra la corrupción se ha quedado en palabras vacías, porque no hay ni siquiera “una limpia” en el ejecutivo mucho menos encabezar una cruzada nacional, eso no sucederá seguramente.
Ahora, en su afán de defenestrar a la Fiscal General, el señor Arévalo ha ido anticipando desde hace varios meses que él será quien elija a la persona que ha de suceder a la Fiscal General y con ello ha cantado una victoria anticipada. El mayor problema es que, aprovechando la captura del viceministro de Energía y Minas Luis Pacheco, miembro de la agrupación de los 48 Cantones de Totonicapán, ha vuelto a la carga pero ahora utilizando la polarización a su favor. En efecto, el Presidente de la República convocó a una conferencia de prensa en la cual se pronunció en contra de la Fiscal General por la captura de Luis Pacheco y, arropado por los 48 Cantones de Totonicapán, aprovechó para denunciar racismo y criminalización de los pueblos indígenas pero a su vez ha vuelvo a fomentar con más fuerza la polarización. Quien representa la unidad nacional que es el Presidente, se ha vuelto a equivocar a lo grande, porque su lucha por defenestrar a la Fiscal General antes de que venza su periodo, le ha llevado a demostrar que el país está dividido como lo ha estado por años, pero que él ha tomado partido de un lado.
Ahora, quien vea que esta lucha esteril por deshacerse de la Fiscal General plantea un punto de inflexión y que pueda que esté contrario a derecho, ya se le podrá clasificar de racista y criminalizador de los pueblos indígenas. Del exviceministro Luis Pacheco en realidad no se sabe mucho, solo que fue uno de los organizadores de las protestas que mantuvieron por mas de quince días cerrado el país, para que el señor Arévalo tomara posesión. Lo cierto es que los bloqueos de una hora o días, tampoco son una forma de manifestarse y causan un daño grave a todos los guatemaltecos, quien justifique los bloqueos como un ejercicio democrático simplemente quiere vivir en la “selva democrática”, pero nunca los bloqueos que dañan a la población van a ser un ejercicio democráctico.
Con su conferencia de prensa, el señor Arévalo se ha puesto del lado equivocado de la historia, porque utilizar la captura de un exviceministro para indicar que hay que sacar a la Fiscal General es alimentar la polarización que al final es una bomba de tiempo que está por estallar, por lo que desactivarla a tiempo preservará lo poco que va quedando de democracia en el país, los acontecimientos que se han dado a raíz de la conferencia de prensa del Presidente Arevalo plantean dos escenarios inéditos: Por un lado el Ministerio Público busca llegar al fondo de quien o quienes financiaron las protestas y le pagaron a las personas para que estuvieran noche y día bloqueando el país en aquellos días. Decir que fue un acto popular y que la población dejo sus trabajos, sus casas para ir y dormir en la calle noches y días bloqueando carreteras resulta simplemente una utopía difícil de creer, por ello quizá el Ministerio Público seguirá la ruta de los fondos. El pago político al Presidente de los 48 Cantones, quienes originalmente criticaron a Arévalo cuando nombró su gabinete, porque no había nombrado funcionarios indígenas, sin embargo, luego llegó el momento de hacer las paces y qué mejor que nombrar a Luis Pacheco para un viceministerio, agrega ingredientes que hacen pensar en una trama entre el Presidente y el Líder Indígena que el Ministerio Público ve anormal. Por el otro lado, el Presidente y los Dirigentes Indígenas han afirmado que tienen una hoja de ruta, un plan encaminado a un solo objetivo, que no es el de mejorar las condiciones de vida de las comunidades indígenas, tampoco es cumplir con el artículo 70 de la Constitución, es decir que se promulgue una Ley de Pueblos Indígenas que hace mucha falta, tampoco es un plan para sacar de la marginación a los pueblos indígenas. El plan tiene un objetivo sacar a la Fiscal General del Ministerio Público.
En mi opinión, Guatemala con una debilidad institucional grave, lo que pueda pasar de aquí en adelante no tiene retorno y por ello bien haría el Presidente Arévalo en desactivar esta bomba de tiempo, porque ni el Poder Judicial, ni la Corte de Constitucionalidad, ni el Congreso de la República son instituciones confiables y si a ello tenemos el Ministerio Público ya está el Póker de Ases que pueden hacerle caer sin más y, al parecer esos son los planes de Gerona.
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