La peligrosa apuesta mexicana que no debe contagiar a América Latina
Poptun
En septiembre de 2024, el Senado mexicano aprobó una profunda y controversial reforma constitucional al sistema de justicia. La propuesta fue impulsada por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, y sentó las bases para un modelo de elección de jueces, magistrados y ministros mediante voto popular. Aunque ya no ocupa la presidencia, su sucesora, Claudia Sheinbaum, ha defendido activamente esta reforma, asegurando que profundiza la democracia y combate la corrupción judicial.
Pero desde una mirada crítica y responsable, es necesario preguntarse: ¿una elección popular es el camino para fortalecer la independencia judicial? ¿O se trata de un experimento populista que puede tener efectos devastadores en los derechos humanos, la imparcialidad judicial y el equilibrio de poderes?
La reforma mexicana no solo estableció que los jueces, magistrados y ministros serían electos por votación popular en todos los niveles del país, sino que también eliminó el Consejo de la Judicatura, órgano clave de administración y disciplina judicial. En su lugar, se creó un nuevo órgano de administración judicial y un Tribunal de Disciplina Judicial, con atribuciones similares, pero bajo nuevas reglas. El 1 de junio de 2025, México celebró por primera vez elecciones populares para elegir a sus operadores de justicia. El evento marcó un antes y un después en la historia judicial del país.
Sin embargo, el proceso electoral dejó entrever sus profundas fisuras estructurales. Las campañas de los aspirantes se desarrollaron, en su mayoría, en redes sociales. No eran evaluados por su formación jurídica, trayectoria ética o conocimiento del derecho, sino por su popularidad. Se premiaron los likes, los videos llamativos, las apariciones virales en TikTok. Candidatos sin experiencia judicial, incluso personas con antecedentes penales o denuncias graves, se postularon sin mayor filtro. Algunas aspirantes hicieron campaña con imágenes y atuendos más propios de concursos de belleza que de una contienda por un cargo de tanta responsabilidad.
Lo que está en juego no es menor. La función judicial exige formación técnica, integridad moral, imparcialidad, y sentido de responsabilidad democrática. Sustituir esos estándares por popularidad momentánea es colocar a la justicia en manos del espectáculo. Y no hay peor tragedia que la toga dependa del aplauso, de la campaña, de las encuestas.
Desde Guatemala, donde también enfrentamos una crisis profunda en el sistema de justicia con señalamientos de cooptación del sistema y la pérdida de credibilidad institucional, este modelo mexicano no representa una solución, sino un riesgo potencial. Que un juez sea electo por voto popular no garantiza que será menos corrupto, más justo o más transparente. Al contrario: lo convierte en un actor político, lo somete a los vaivenes del electorado, y lo obliga a construir una base de apoyo para llegar y mantenerse en el cargo.
La independencia judicial no se fortalece con votos, sino con garantías constitucionales, procesos meritocráticos, y sistemas de evaluación objetivos y técnicos. Sacar a los jueces de su rol de garantes de derechos para colocarlos en el escaparate electoral es empujarlos a un terreno donde la imparcialidad es imposible. Una vez que se abre la puerta a que los jueces sean electos como si fueran diputados o alcaldes, se borra la barrera entre la política y la justicia.
El verdadero peligro, y por eso urge alzar la voz, es que este modelo se expanda a otros países de América Latina, bajo la falsa premisa de que empodera al pueblo. En realidad, lo que hace es debilitar el poder judicial, lo vuelve más manipulable, más superficial, y más vulnerable al populismo y a los intereses del momento.
Sí, es cierto que nuestros sistemas judiciales en la región están lejos de ser ejemplares. Pero asumir que la solución es reemplazar un modelo deficiente por otro aún más frágil, es una salida falsa porque el remedio propuesto es peor que la enfermedad.
La justicia no se construye con likes. Tampoco se repara con votos. La justicia se construye con instituciones sólidas, jueces formados para respetar la meritocracia, procesos transparentes y garantías que aseguren su independencia del poder político y económico. México ha decidido transitar un camino incierto. Desde Guatemala, conviene observarlo con atención, pero sobre todo con espíritu crítico. Porque lo que está en juego no es una elección más. Es el futuro de la justicia en la región.
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