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Emilio Estrada

Instituciones públicas de reacción

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En Guatemala, el problema de la tardía reacción de las instituciones públicas es endémico. Casi todas las instituciones centralizadas y descentralizadas no cumplen a cabalidad su función, hay un debilitamiento institucional y terminan reaccionando ante las circunstancias, cuando es demasiado tarde y el daño es mucho mayor. Como la Superintendencia de Bancos, que reacciona tarde ante los abusos, excesos y hasta delitos que se cometen en los Bancos a ciencia y paciencia de esta institución que toma medidas cuando las acciones de los funcionarios bancarios ya han salido de su cauce y han sobrepasado los límites, frente a una institución que se supone que está para supervisar a bancos e instituciones financieras.

La expectante espera de un nuevo gobernante

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Así las cosas, el señor Giammattei llega al poder con altas expectativas y sobretodo con la responsabilidad de no traicionar más a los guatemaltecos porque, como ha sucedido con sus antecesores, llegan al poder y a los pocos meses ya los ciudadanos dan por sentado que es más de lo mismo. Lo triste de este caso, es que el sistema literalmente se ha agotado porque resulta ser que ninguna institución es lo suficientemente sólida para funcionar adecuadamente.

¿Y en dónde están los derechos de la víctima?

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Me gustaría pensar que pasaría si los señores Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot, Eduardo Vio Grossi, Humberto A, Sierra Porto, Elizabeth Odio Benito, L. Patricio Pazmiño Freire y Ricardo C. Pérez Manrique quienes integraron como jueces la Corte que dictó la sentencia estuvieran en los zapatos de los padres de la niña Sonia Marisol Álvarez García violada y asesinada por los señores Roberto Girón y Pedro Castillo Mendoza a ver si resolverían premiando a los asesinos con compensación económica para las familias de quienes asesinaría a sus hijas o a sus propias madres, seguramente no tendrían el valor para hacerlo pero tratándose de papeles en donde los victimarios resultan ahora ser víctimas y las verdaderas víctimas fueron olvidados por un sistema perverso que premia al delincuente y perjudica a la víctima.

…Y ahora Colombia

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Los ciudadanos se encuentran cansados, porque la democracia que surgió luego de los gobiernos militares prometían libertad lo cual no lo tienen porque antes eran perseguidos por el Estado pero ahora son acosados por la delincuencia que coarta su libertad, antes no pagaban extorsiones pero no había la posibilidad de iniciar negocios, sin embargo hoy los negocios, además de los impuestos deben pagar extorsiones a ciencia y paciencia del Estado, antes no se podían expresar libremente, ahora las redes sirven de catarsis para los frustrados que ven cómo los negocios de los funcionarios públicos se hacen a la vista de todos sin que exista el más mínimo temor de cárcel por corrupción. En fin la democracia es más que lo que tenemos, sin instituciones fuertes lo que vamos a tener es un catálogo de buenos deseos y una lista utópica de garantías constitucionales que no nos van a ayudar a vislumbrar un futuro mejor.

Juventud Divino Tesoro

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Señor Giammattei: es tiempo de dejar de lado la politiquería, ya termino la campaña electoral ¿Que hará con la juventud de este país? ¿Qué planes tiene? ¿O será un gobernante más que ignorará a la juventud de este país y se lavará la conciencia pensando que eso será función de un costoso pero inoperante Consejo Nacional de la Juventud?.

La popularidad de un PDH impopular

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Si el Licenciado Jordán Rodas sigue la línea que se ha trazado para hacer una actuación parcial, estará sentando un precedente nefasto. Lo primero que debe hacer es aclarar públicamente todo aquello de lo que se le acusa sobre malos manejos y no terminar como otros funcionarios que esperan que haya otras noticias para que “se enfríe” las acusaciones y se le olvide a la población, porque eso dejará mucho que desear y con esto pueda empezar a ser imparcial e irreprensible, dos condiciones necesarias para lavarle la cara a la institución del Procurador de Derechos Humanos.

La falacia de las dictaduras democráticas

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El día de mañana, no nos extrañemos de que una Corte de Constitucionalidad vaya a decidir que un Presidente en ejercicio del poder puede reelegirse, porque cuando la institucionalidad de un país esta al servicio de un grupo o poder de hecho esto es lo que pasa, sino veamos lo que ha ocurrido con la República hoy en día en que tenemos un poder judicial de facto, porque los honorables magistrados decidieron truncar los procesos hasta nueva orden.

Humillación y Guerra

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Los Estados deberán ser consecuentes con el combate de estas amenazas porque arrodillarse para conseguir que se vayan, que desaparezcan o que dejen de existir únicamente se logrará que superen las capacidades de los países y que, cuando en realidad nos demos cuenta habrán colmado tanto las instituciones que será imposible conseguir la paz y nos quedaremos, tal y como indicó Churchill, con la humillación y con la guerra misma que se podrá evitar por un tiempo, pero tarde o temprano surgirá.

Una república en crisis

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La crisis en la República de Guatemala es clara, vamos a funcionar con dos poderes del Estado, porque digan lo que digan, el Poder Judicial de este día en adelante es ilegitimo en sus totalidad, puesto que si bien los magistrados no pueden abandonar sus cargos, también es cierto que habiendo perdido la calidad que tienen, no podrán en apego al derecho y a la Constitución ejercer sus funciones con propiedad. La Corte de Constitucionalidad tiene la responsabilidad de esta crisis porque queriendo congraciarse con intereses particulares, so pretexto de querer elegir magistrados honorables, viola la misma constitución para querer reedificar el Organismo Judicial; como diría San Pablo: “si las cosas que destruyo, las mismas vuelvo a construir soy un transgresor”.

La Corte de Constitucionalidad, un gobierno de Jueces

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Algunos dicen que la Corte de Constitucionalidad se ha convertido en un cuarto poder…. Yo digo que se ha convertido en el verdadero poder que somete a los demás poderes del Estado a decisiones políticas más que jurídicas y de cuya responsabilidad son los actuales magistrados quienes no le rinden cuentas a nadie, especialmente a los Ciudadanos.