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Raúl Falla

Presidente es tiempo de trabajar

Con gritos, insultos, difamaciones, falta de formalidad, acostarse con el enemigo, o tratar de agradar a la comunidad internacional, no se hace gobierno, la única forma de logarlo es a través del cumplimiento irrestricto de la Constitución, así como a saber escoger y discernir entre los guatemaltecos que aman a su nación, y los qué, desde siempre, a través de las armas, de la extinta CICIG, y de las urnas, han pretendido tomar el control para implantar una tiranía.

Otro golpe a la institucionalidad

Esa resolución provisional emitida por la Corte de Constitucionalidad a través de un amparo presentado en forma conjunta entre el partido UNE, la diputada de la bancada Movimiento Semilla y otro del partido Vamos, es ilegítima, pues, además de tergiversar las normas de probidad que son de aplicación general y obligatoria, abre la posibilidad para que cualquier persona con graves señalamientos de corrupción en el manejo del erario público, sea premiado con una curul, en vez de pagar por su crimen.

Al César, lo que es del César

Estamos a pocos días de que se lleve a cabo la transición de gobierno, luego de haber transcurrido cuatro años de la administración presidencial de Jimmy Morales Cabrera y Jafeth Cabrera Franco. A decir verdad, cuatro años de un gobierno que, con más luces que sombras llegó al final de su período constitucional con el mayor porcentaje de credibilidad por parte de la población guatemalteca.

Inconstitucionalidad de los juzgados de mayor riesgo

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La Constitución Política de la República establece, que todos los seres humanos son iguales en dignidad y derechos, y que a cada uno le asiste un debido proceso, llevado a cabo ante un juez natural, previamente establecido que respete sus garantías procesales, tales como el derecho a la libertad, la legítima defensa y la presunción de inocencia.

El sedicioso Juan Francisco Sandoval Alfaro

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Una cosa es que el fiscal Juan Francisco Sandoval Alfaro, decida participar en la marcha del orgullo gay, que por su puesto puede hacerlo si siente afinidad o representación por un grupo determinado, y otra cosa muy distinta es, que lo haga sobre un caso específico que el mismo tramita e investiga y más aún, si utiliza esa acción entablada para tratar de deponer a una autoridad democráticamente electa, lo cual es punible y por ello debe responder ante la ley.

Diputados, usen el poder que les conferimos

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La soberanía radica en el pueblo, quien la delega para su ejercicio en los organismos ejecutivo, legislativo y judicial. De esa cuenta, el soberano delega a través del voto su representación en los diputados al Congreso de la República, para que estos sean los encargados de legislar, interpelar y denunciar a funcionarios públicos, que falten a las obligaciones relacionadas con su cargo.

La justicia no se alcanza solo en la vía penal

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Judicialización, criminalización y mediatización de casos, fueron las alternativas que utilizaron los victimarios de la ex CICIG, de la antigua administración del Ministerio Público y algunos jueces y magistrados, para perseguir e infundir terror a cuanto empresario, militar, político, abogado y notario, representaba un peligro para el desarrollo de sus intereses ilegales.

Ante el rompimiento constitucional, el PGN debe actuar

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Sin embargo, ante la ruptura del orden institucional no queda otro camino más que el jurídico, es decir, que los tres presidentes de los organismos del Estado, ante la obvia comisión de hechos flagrantes y de grave impacto social, soliciten a su abogado, concretamente al Procurador General de la Nación, o incluso este de oficio por tratarse de delitos de acción pública, active el protocolo consagrado en los artículos 5 y 6 de la Ley en Materia de Antejuicio, y requiera al Ministro de Gobernación, el apoyo de la fuerza pública para ejecutar la aprehensión de los magistrados Gloria Patria Porras Escobar, Boanerge Amilcar Mejía Orellana y José Francisco de Mata Vela, para que, luego de que hayan sido capturados y puestos a disposición de la autoridad legal competente, los suplentes de dicha corte, restablezcan el orden jurídico lesionado, ordenando la inmediata designación y nombramiento de los magistrados que deberán integrar el poder judicial.
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