Juan Francisco, carece de honorabilidad para dirigir esa fiscalía, pues, tal y como él lo manifestó con anterioridad, un funcionario público sobre el que pesan denuncias de corrupción no puede ejercer funciones en el sistema de administración de justicia.
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Abogado y notario
La gravedad de los casos asignados a este fiscal, el viernes recién pasado, incumpliendo su responsabilidad y en total denegación de justicia, decidió por sus pistolas, apartarse de las denuncias presentadas en contra de Juan Francisco Sandoval, argumentado presión por parte de la FCT para realizar su trabajo.
La Constitución Política de la República, es muy celosa al indicar que los jueces y magistrados no podrán ser perturbados en el ejercicio de su función o cargo, y en caso suceda, la Constitución también establece la forma en que debe castigarse al tirano que pretenda atentar en contra del poder judicial y sus principios.
Es indignante, que este servidor público que una vez actúo con objetividad e imparcialidad hoy represente los intereses de fundaciones, Ong´s, prófugos y políticos de la más baja escala moral y legal y que, con tal apañar sus actos de corrupción, deje desprotegido el interés del Estado y de sus habitantes.
Jeanpierre, habría sido víctima de esta estructura y por ello tenía información de primer nivel que vinculaba directamente al fiscal Juan Francisco Sandoval Alfaro, en la trama delictiva.
Si los diputados al Congreso de la Republica, permiten, toleran, consienten, o apañan este acto criminal, serán solidariamente responsables de atentar en contra de la administración de justicia, con las consecuencias sociales, políticas y económicas que se generarán.
El 25 de mayo, publiqué la primera parte de mi columna relacionada con una serie de filtraciones de información confidencial o reservada, de diversos casos que se investigan en la Fiscalía Especial Contra la Impunidad, por parte de una estructura criminal organizada, integrada por Juan Francisco Sandoval Alfaro, su hermano Ronald Armando, y otros agentes fiscales de esa unidad.
Hoy, sorpresivamente el tribunal sexto de sentencia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente, integrado por los jueces Amparo de Jesús Rivas Alvarado, Rubén Armando Joachín España y Cándida Rosa Ramírez Díaz, señalaron una audiencia de revisión de la medida de prisión, con el objeto de buscar la aplicación de una medida sustitutiva en favor del testaferro, por aspectos relacionados con humanidad y salud.
Tal vez, el motivo de la asignación obedezca a la inexperiencia, miedo, amistad, o ser proclives a obtener algún beneficio económico, que lleve implícito, encubrir y retorcer las investigaciones, para dejar impune al jefe de la estructura criminal que opera desde la FECI.
El jueves de la semana pasada, el jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad, Juan Francisco Sandoval Alfaro, dio a conocer el informe denominado “Comisiones Paralelas”, un refrito del informe presentado por la Fundación Myrna Mack, donde se detalló a juicio muy personal de Sandoval, ciertos hechos que no son de su agrado.
Una vez más se hace realidad aquella advertencia que con tanto ahínco recalcamos, de que más temprano que tarde, en esas mismas fiscalías y juzgados que un día cooptaron, serían juzgados, procesados y encarcelados por los crímenes cometidos, con la diferencia de que las acusaciones promovidas en su contra, las tendrán que enfrentar solos, ya sin el acompañamiento impune que por muchos años les proveyó el non grato Iván Velásquez Gómez.
Hubiera sido interesante analizar la designación de Bonerge Amilcar Mejía Orellana, en la Corte de Constitucionalidad, sí, el caso de aquel abogado que, en el año 2015, fue señalado por la colaboradora eficaz Aneliese Mercedes Herrera Monterroso, de recibir coimas del prófugo Alejandro Sinibaldi,
En un claro abuso de autoridad, la Corte de Constitucionalidad coacciona a un poder soberano designado por representación popular, para llevar a cabo un mecanismo distinto al consagrado en el artículo 215 de la Constitución y su propia Ley Orgánica.
La semana recién pasada las redes sociales dieron a conocer la noticia sobre una transferencia bancaria de doscientos cuarenta y nueve mil novecientos setenta dólares de los Estados Unidos de América, realizada por la entidad Rule of Law and Anti-Corruption Center, a la señora Thelma Esperanza Aldana Hernández, en el año 2017, precisamente cuanto ocupó la jefatura del Ministerio Público.
El Estado de Calamidad, es uno de los estados de excepción que regula nuestra Constitución y se desarrolla en la Ley de Orden Público, por virtud del cual se limitan ciertas garantías individuales con el objeto de salvaguardar la vida e integridad de las personas o la salud, ante un acontecimiento de grave impacto social.
Como organismo del Estado, debe velar por la salud e integridad de sus trabajadores y del público en general, pero también de aquellas personas que están sujetas a su jurisdicción, tales como las personas detenidas en forma preventiva, quienes al igual que cualquiera de nosotros pueden ser contagiados y sufrir las consecuencias de esta pandemia.