El viernes recién pasado se conoció la orden de aprehensión que el valiente juez Fredy Orellana, emitió en contra del ex jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad, Juan Francisco Sandoval Alfaro.
Posts published by “Raúl Falla”
Abogado y notario
Primero, se deberá exponer el rostro del exfiscal Sandoval públicamente con el mensaje “se busca”, así como facilitar una recompensa para quien informe de su paradero.
Hace una semana que el Ejército y diplomáticos de los Estados Unidos de América salieron en precipitada fuga de Kabul, luego de que nuevamente fueran humilladamente derrotados por los talibanes, dejando abandonado además de su vergüenza, su armamento, vehículos, enceres personales, pero principalmente a la población civil, a quienes prometieron ayuda, a quienes han tomado como botín de guerra.
El flamante fiscal ordenó el secuestro de todos los documentos relacionados con la citada entidad sin percatarse que, dentro de ellos, se encontraban las fianzas que garantizaban el cumplimiento de la obligación y que por disposición legal debió entregarlas a la PGN
De continuar inerte, seguirán incrementándose los ataques mediáticos y judiciales en contra de doña Consuelo y su equipo, lo cual permitirá que los fugados y sus secuaces encabezados por Iván Velásquez Gómez, signan lanzando duros golpes en contra de la institucionalidad y el Estado de Derecho.
La negativa en convocar a un nuevo proceso de designación, así como la necedad de pretender juramentar a la señora Porras como Magistrada, constituyen actos claros de abuso de autoridad, violación a la Constitución y asociación ilícita, que afectan la institucionalidad y el estado de Derecho que los consejeros en su calidad de representantes de la universidad popular están obligados a tutelar.
La Fiscal General en uso de sus atribuciones constitucionales para no convertirse en cómplice de estas aberraciones, debe destituir de inmediato a Juan Francisco Sandoval y Carlos Vides, por haber cometido una falta grave en el ejercicio del cargo, y que culminó con la liberación de Alejos, además, deberá procesarlos penalmente por obstaculizar maliciosamente la investigación generando impunidad.
Por más listados o sanciones de visas que nos dediquen, seguiremos con mayor ímpetu velando por el estricto cumplimiento de la ley, la defensa de la soberanía nacional, la no intromisión, la liberación de nuestros veteranos de guerra y desde luego, de los valores del ser humano como lo son, la fe cristiana, la familia, la vida, la libertad, y la propiedad.
Los casos para fundamentar su destitución y procesamiento penal abundan, pero tres son los principales que podrán tomarse como base, pues en ellos, las investigaciones realizadas por la Fiscalía de Asuntos Internos ha llegado a la conclusión de que Sandoval es responsable de violentar la ley.
Un llamado a la Fiscal General Consuelo Porras, para que utilice el poder del cual está investida y proceda a limpiar el Ministerio Público de estos malos servidores que, disfrazados de fiscales utilizan la institución no solo para fomentar impunidad sino que también para perseguir a blancos determinados.
La imputación efectuada por el fiscal Rafael Curruchiche, fue clara y objetiva, y cumplió no solo con los requisitos de lugar, tiempo y modo.
Siempre dijimos que en esas mismas instituciones que un día a base de chantajes cooptaron, serían perseguidos y encarcelados y que, ni Iván Velásquez, Thelma Aldana, ni los exembajadores Todd Robinson y Luis Arreaga podrían hacer nada por ellos, más que lamerse las heridas desde el extranjero en la comodidad de sus hogares. Dicho y hecho.
Uno de los que más violentó el sistema jurídico fue precisamente Juan Francisco Solórzano Foppa, primero desde el Ministerio Público interceptando ilegalmente llamadas telefónicas, implantando evidencias y ordenando encarcelar a cuanto enemigo ideológico le incomodara.
Los vencidos en armas empezaron a expandir el estribillo del genocidio, el cual tenía un doble propósito, primero, buscar la persecución penal de quienes los habían derrotado y por el otro, obtener grandes sumas de dinero como consecuencia de los resarcimientos que el Estado debería pagarles.
La Fiscalía Especial Contra la Impunidad fue creada a requerimiento de la finada CICIG, bajo el supuesto de investigar y desarticular las estructuras criminales incrustadas en el Estado, y digo supuestas pues, a la fecha esa unidad fiscal no ha sido capaz de individualizar tan solo un cuerpo ilegal o aparato clandestino de seguridad, mucho menos de llevarlos a juicio y obtener una condena.
El reto que enfrentan los magistrados electos deberá enfocarse en buscar a toda costa reconducir la actuación de esa Corte por el camino de la legalidad, a efecto de garantizar el orden constitucional.