El escenario de la transición institucional

Del Escritorio del General

Recién concluidos los días dedicados a honrar a los fieles difuntos y a los santos, el país amanece con una noticia que deja perpleja a la ciudadanía: una elección en el Congreso de la República que no presagia gobernanza honesta ni transparencia institucional. Por el contrario, anuncia la continuidad de los vicios que desde hace años corroen las entrañas del poder legislativo.

Con sorprendente premura, los diputados convocaron a una sesión extraordinaria. Sin embargo, la ausencia de varios congresistas desaforados y no sustituidos, ya constituye una falta de legalidad en la propia convocatoria. Pero en Guatemala, tristemente, las irregularidades se normalizan, y las instituciones que deberían ser garantes de la ley se transforman en escenario de simulaciones jurídicas. Ante ello, es nuestro deber alzar la voz y denunciar los procesos espurios que vulneran la voluntad ciudadana.

El martes 4 de noviembre, mientras la mayoría de los guatemaltecos regresaba a sus labores tras las visitas familiares en el interior del país, el Congreso realizó una votación inesperada. En esa sesión —curiosamente convocada—, una planilla fue elegida para dirigir la Junta Directiva del próximo año con 149 votos de un total de 160 diputados, es decir, una casi unanimidad que despierta sospechas más que confianza. Detrás de ese número, se esconde una estructura política de intereses cruzados, compromisos oscuros y alianzas impresentables.

El escenario fue digno de un zafarrancho parlamentario: partidos fragmentados, negociaciones de pasillo, favores comprados y la sombra de los contratistas rondando los escaños. Una planilla sin oposición efectiva, respaldada por diputados que parecen más interesados en blindar sus negocios que en legislar para el bien común. La legalidad del acto es dudosa; la moralidad, inexistente.

Esta elección adquiere aún mayor gravedad si consideramos que el Congreso será el responsable de designar, en los próximos meses, a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Supremo Electoral y el Ministerio Público. Instituciones llamadas a garantizar el equilibrio republicano y la independencia de poderes, pero que hoy están amenazadas por la misma red de corrupción que se ha apoderado del Legislativo.

El recuerdo del expresidente Jorge Serrano Elías, y su intento de autogolpe, resurge como advertencia histórica: cuando el poder político se fusiona con la impunidad, la democracia se desangra. Lo que en los años noventa fue un escándalo, hoy parece una rutina institucionalizada. Muchos de los actuales diputados son empresarios o contratistas del Estado, o bien parientes directos de quienes lucran con el presupuesto público. Esa relación simbiótica entre política y negocio constituye el mayor peligro para nuestra República.

Querido lector, lo preocupante no es solo la elección de una Junta Directiva ilegítima, sino el precedente que deja para las decisiones venideras. Si quienes deben velar por la transparencia se eligen entre sí con arreglos de conveniencia, ¿qué esperanza queda para la justicia? La corrupción ya no es una excepción: es el sistema.

Por ello, este llamado es también una exhortación cívica. Todo ciudadano guatemalteco tiene el deber moral y patriótico de defender la Constitución Política de la República. La indiferencia es complicidad. No podemos aceptar que las instituciones continúen siendo saqueadas por los mismos de siempre: corruptos, narcotraficantes y delincuentes de cuello blanco, disfrazados de representantes del pueblo.

La patria no se abandona. Se defiende, incluso a costa del sacrificio personal. Es tiempo de asumir con firmeza el deber cívico que nos impone la historia y la conciencia. Guatemala necesita ciudadanos valientes, no espectadores resignados.

En los momentos de mayor oscuridad institucional, el deber del ciudadano es encender la luz de la conciencia y sostener en alto la bandera de la dignidad.

Adelante, con espíritu de vencedores.

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