Escenarios críticos en América Latina y el mundo

Del Escritorio del General

La confrontación democrática y partidaria en nuestra América Latina —y no excluyo por ello al resto del mundo democrático— se está expresando día con día en formas cada vez más virulentas. La lucha por el poder mediante la vía electoral ya no se basa en la confrontación de ideas ni en propuestas de gobierno, sino en estrategias de manipulación política, campañas sucias y movilización social con fines instrumentales. Todo ello genera una sensación de amargura e incertidumbre para las poblaciones.

Aunque los hechos puedan variar en cada país, el fondo es el mismo: una lucha encarnizada por el poder estatal, donde la opinión pública y el pueblo se han convertido en blancos estratégicos. La persecución del voto se ha convertido en el fin último de los partidos y de sus supuestos líderes, sin que ello implique una genuina búsqueda del bien común. Por el contrario, los pueblos siguen siendo instrumentalizados como medio de presión y confrontación.

La ignorancia política es el terreno fértil de estas movilizaciones, celebradas e incluso incentivadas por figuras públicas de alto nivel —incluyendo presidentes—, que incitan a las masas para alcanzar sus objetivos. Poco les importa el origen o las consecuencias de esas acciones; lo único relevante es el rédito político. Esto lo observamos en toda América y más allá.

Un caso reciente es el de las protestas que llevan ya más de un mes en California, el estado más influyente de EE.UU. y la quinta economía del mundo. Estas refriegas entre demócratas y republicanos se han extendido a otros estados como Florida, con claros indicios de que se trata de una guerra de poder político que, por supuesto, tendrá implicaciones para el resto del continente.

En Colombia, el ataque contra el expresidente Álvaro Uribe simboliza una preocupante degradación del respeto a la competencia democrática. El presidente Petro, con discursos populistas que evocan a Chávez, Castro, Lula y al decrépito dictador de Nicaragua, ha asumido un lenguaje combativo que promueve la polarización y profundiza las divisiones sociales.

Pero el punto central debe ser otro: ¿cuál es el verdadero propósito de estas movilizaciones sociales que se multiplican en Estados Unidos, que se vivieron en Chile, en España, y en tantos otros países durante las últimas décadas? Lejos de ser mecanismos auténticos de transformación, muchas de estas protestas han servido como herramientas para desestabilizar gobiernos legítimos, socavar el orden constitucional y abrir la puerta a regímenes autoritarios.

Es evidente que asistimos a una alineación de intereses —unos desde la izquierda, otros desde la derecha— que utilizan la sublevación social como estrategia de poder.

Pero debe entenderse: cualquier acción que atente contra el orden público legítimo, desembocará tarde o temprano en represión. El dilema, entonces, no es entre orden y justicia, sino entre anarquía o institucionalidad. Mientras la izquierda radical propicia el caos como método de acción política, quienes deseamos estabilidad debemos actuar con responsabilidad y determinación.

Ejemplo alarmante fue el reciente incidente en la frontera entre México y Guatemala, donde fuerzas especiales mexicanas ingresaron con fuego y maniobra al territorio guatemalteco. El pretexto fue la persecución de sicarios refugiados en nuestro país, pero el hecho evidencia un profundo deterioro en las relaciones y en la seguridad fronteriza. Es evidente que México busca desviar la atención de su propia crisis de gobernabilidad —con un Estado penetrado por el narcotráfico— culpando a Guatemala, un país con menos capacidad, pero también víctima del mismo mal.

Es aquí donde debemos reflexionar seriamente. ¿Cuál es la respuesta adecuada? Desde esta tribuna, exhorto al Gobierno de Guatemala —si es que realmente existe como tal— a tomar decisiones firmes: reforzar nuestras fronteras con comandos de élite como los Kaibiles, los paracaidistas y la Policía Militar del Ejército. Estas unidades deben estar al frente de la defensa territorial ante incursiones extranjeras o infiltraciones criminales.

Esto no significa negar la presencia del narcotráfico en Guatemala. Todo lo contrario: la frontera occidental con México, particularmente Huehuetenango, está infiltrada. Por eso es urgente que el Congreso apruebe leyes que fortalezcan a nuestras fuerzas armadas y de seguridad en la lucha contra estas redes criminales. La colusión no está solo en las calles, sino también en las instituciones legislativas y judiciales.

Los guatemaltecos —y también los mexicanos, hondureños, salvadoreños, y demás pueblos hermanos— debemos asumir que nuestros Estados están siendo cooptados por el crimen organizado. La diferencia es que algunos ya han reaccionado, mientras que otros seguimos esperando una acción efectiva.

En este contexto, los ciudadanos debemos exigir de nuestras autoridades acciones concretas. Y si no están dispuestos a asumir su responsabilidad, entonces corresponde su reemplazo. La seguridad y la soberanía nacional no pueden esperar. Como lo he expresado en artículos anteriores, necesitamos una posición geoestratégica sólida que resguarde a nuestra población, nuestras empresas, nuestra educación y nuestra salud del flagelo del crimen organizado.

Sé que algunos pensarán: ¿quién se atreverá a hacer frente a estas amenazas? Pero la respuesta no puede ser el silencio o la resignación. Los atentados contra líderes honestos, como ocurrió en Colombia, se repiten en nuestras repúblicas. No podemos normalizar el asesinato político ni permitir que la violencia defina el rumbo de nuestros países.

La historia se está escribiendo hoy. Ya no bastan las palabras. Es momento de actuar. Hago un llamado directo al Ejército de Guatemala: no se dejen mancillar por discursos vacíos ni por intereses políticos. Reivindiquen su papel histórico como la reserva moral de la patria. Que se alineen sus liderazgos para enfrentar con firmeza y honor a quienes amenazan nuestra soberanía, nuestra integridad y nuestra libertad.

¡Adelante! Con espíritu de vencedores.

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