Inscritos y Borrados

Creo sin temor a equivocarme que, todas las constituciones del mundo consignan y garantizan el derecho de las personas a elegir y ser electos, amén de todos los tratados internacionales, empezando por la declaración universal de los derechos del hombre.

Repasando a Bobbio en su libro “El futuro de la democracia”, hace ver con meridiana claridad que “la única manera de entenderse cuando se habla de democracia, es considerarla caracterizada por un conjunto de reglas fundaméntales que establecen quien está autorizado para tomar las decisiones colectivas y bajo que procedimientos”.

En Guatemala estas reglas, como en todas partes del mundo, han sido aprobadas a través del voto de los ciudadanos o sus representantes electos en elecciones libres, aceptadas por todos, siendo por ende de acatamiento general.

Tenemos derecho a elegir y ser electos, como reza nuestra constitución, supeditados al “conjunto de reglas”, que norman la participación de los ciudadanos.

No puede participar ningún menor de edad, cómo no puede ser candidato a la presidencia una persona menor de cuarenta años, para destacar dos claros ejemplos de que no todos pueden participar.

La gran norma es la Ley Electoral y de partidos políticos, que establece, desde cómo se adquiere la ciudadanía, cómo se funda y mantiene un partido político, como se inscribe un candidato y los requisitos que debe reunir para poder optar, cuándo y cómo se hacen las elecciones, hasta la forma de adjudicar los cargos sujetos al escrutinio del pueblo a través del voto.

La convocatoria a elecciones generales en enero, dio vía libre al esfuerzo de los partidos políticos que al final del 2022 habían concluido con sus asambleas municipales y elegido a los delegados municipales ante la asamblea general y corporaciones municipales, asambleas departamentales para elegir listados de diputados distritales y finalmente con el concurso de todos los delegados municipales y el Comité Ejecutivo Nacional, la gran asamblea general para elegir planillas para diputados por lista nacional, parlamento centroamericano, y candidatos a presidente y vicepresidente, eso manda la ley.

Los partidos en esta fase del proceso, en la que no se puede hacer propaganda, se apresuraron a inscribir a sus candidatos elegidos en las mencionadas asambleas, candidatos a los que colocare en una subdivisión que no está en la ley: primero los Inscritos, segundo los no inscritos y tercero los borrados.

La gran mayoría fueron inscritos sin problemas, un grupo pequeño no fue inscrito por diversas razones, siendo la más usual para denegar la inscripción la falta del famoso finiquito, rebautizado como “Constancia transitoria de inexistencia de cargos” emitido por la Contraloría, siendo el más relevante el de Telma Cabrera y Jordan Rodas, que, sabiendo de los desmanes financieros de este último, es propuesto como candidato vicepresidencial, que los más taimados juramos que fue una estrategia.

Los más sonados fueron aquellos candidatos a los que se les aplicó el 113 constitucional referente a la idoneidad del pretendiente, e independientemente de la polémica de si puede ser aplicado o no, desde la elección pasada se aplica, refrendado por la CC. Alfonso Portillo, (por segunda vez), el diputado Ubico, y el diputado Aldo Dávila al que por sus actuaciones fuera de control y de la ley, fue acusado perdiendo la posibilidad de reelegirse.

Así mismo se negó la inscripción a aquellos que fueron condenados o tenían una petición de extradición de EE. UU. y ese detalle los clasificaba como no idóneos.

Los borrados son un caso aparte, el primero fue Roberto Arzú, fue inscrito, pocos días después de sendos alegatos de nulidad, que fueron rechazados, el TSE retomó el caso y le dijo que siempre no, acusado por otro partido de haber realizado campaña anticipada y sobre lo cual existen múltiples pruebas de su veracidad.

Baldizón corrió la misma suerte, inscrito – borrado, esta vez por haber sido condenado en EE. UU., en consecuencia, se hizo acreedor del 113.

Cada caso particular generó todos los recursos legales que son posibles, hasta llegar a la última instancia, la CC, que sin excepción los declaró sin lugar y en consecuencia no podrán participar como candidatos, después de haber sido citados, oídos y vencidos en todas las instancias.

Como si no fuera suficiente todo lo relatado, el partido Cambio, de Manuel Baldizon, interpone un recurso en la sala sexta de lo contencioso administrativo, en el que alegan que las asambleas de Prosperidad Ciudadana fueron realizadas sin cumplir los requisitos que por ley deben observarse, por lo tanto, la Asamblea General no podía ser inscrita por el Registro de Ciudadanos, basados en el informe que la Dirección de Organizaciones Políticas envió al Registrador.

El candidato de Prosperidad Ciudadana Carlos Pineda que pidió jalón para montarse en ese partido después de pelearse con Baldizón de Cambio, del cual era candidato (allí también pidió jalón, pero se quería ir manejando), interpuso todos los recursos posibles para que se revocara el amparo provisional que la sala otorgó a los Interponentes, y entre los argumentos que invocaron hacían ver que dichas asambleas fueron realizadas en noviembre del 2022, por lo que ya no cabía ningún recurso.

Los que hemos hecho y participado activamente en la realización de una Asamblea General, sabemos que los delegados municipales son el alma de la asamblea, sin ellos no hay quórum, por lo que nos cuidamos de pedirles vengan desde la noche anterior, alojados en el mismo hotel a efecto de tener la certeza de su presencia. Esa noche sabemos si contamos con el número suficiente de delegados.

El día de la asamblea lo primero que se hace, en una mesa colocada estratégicamente para el efecto, en donde además de la oficina jurídica del partido están sentados los delegados del TSE, generalmente dos, es acreditar a los delegados que con DPI en mano y la credencial que los acredita, después de constatarse por los mencionados de que son quien dicen ser, firman un documento que será parte del acta final en donde consta que estaban allí, los delegados de TSE dan fe.

Prosperidad ciudadana hizo su asamblea y los delegados no firmaron, estaban las credenciales pero no las firmas, por una sencilla razón, no estaban presentes, no existiendo el Quórum de ley para instalar la asamblea, como lo hace ver en su informe el director de organizaciones políticas, todo lo actuado por PC de allí en adelante es nulo.

Haberla realizado se constituye en una nulidad absoluta no existiendo plazos para interponer recursos. Un buen ejemplo es una escritura de compraventa firmada por un abogado ya fallecido e inscrita en el Registro de la Propiedad, una estafa que el legítimo dueño podrá accionar contra la inscripción aún pasados muchos años, por la existencia de una nulidad absoluta.

Los candidatos borrados se dedicaron a despotricar contra las cortes, que si tenían alguna duda allí se diluyó, hay que ser muy mula para insultar y acusar al que tiene en sus manos nuestro futuro.  Por supuesto inmediatamente se unieron a los que llevan dos años gritando fraude, como diría en su columna Danilo Roca, sin ninguna prueba.

Los fiscales de los partidos políticos, nos reunimos periódicamente con el TSE, en esta fase del proceso una vez por semana, a veces dos, somos testigos de lo que se está haciendo, hasta el día de hoy no existen indicios de fraude, nadie, ni los partidos que saben que van a perder, ni los que creen que van a ganar, ha hecho alguna acusación en tal sentido. Hemos, juntamente con el tribunal, resuelto asuntos que pudieran echar un velo de duda sobre el proceso.

El auto de la CC que parqueo el vehículo de PC hace ver la importancia toral, de que los partidos políticos sean prístinos en su actuar a efecto de no distorsionar los procesos electorales y por ende la democracia.

Termino acotando lo urgente de una profunda reforma a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, a efecto de corregir las barbaridades que impuso la Cicig con sus aliados (son más peligrosos los empresarios que los narcos), que deje claro que los candidatos deben además de ser honrados, saber de política entendiendo medianamente la teoría del estado y militar en un partido político.  Pero sobre todo que no sean personas que toda su vida han vivido de hacer trampa, que estén vinculados a negocios sucios, sean de drogas, lavado de dinero, robo o cualquier actividad delictiva que hace imposible que vayan a ser correctos al llegar a un cargo de elección. Ojo con la narco política.

Un consejo si pide jalón cerciórese que el carro tiene gasolina.

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