Las razones son múltiples, sin dudas, y varían de país en país, pero la intromisión y utilización del Poder Judicial con fines políticos –el lamentablemente tan de moda lawfare– es uno de los principales elementos que llevan a que el ciudadano común descrea cada vez más de la democracia en América Latina.
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Juez Garzón, ¿cómo define jurídicamente el momento que se vive en Chile?, preguntó el entusiasta periodista al experimentado magistrado, en momentos en que se desarrollaba la conferencia de prensa de presentación del Foro Latinoamericano de Derechos Humanos en Santiago. El jurista –recordado en Latinoamérica por haber detenido y acusado de crímenes de lesa humanidad al dictador Augusto Pinochet en Inglaterra–respondió con seguridad: es un estallido social.
En el marco de una región con claras señales de crisis política, económica y social, América Latina celebrará tres elecciones presidenciales en una semana. Bolivia, Argentina y Uruguay irán a las urnas entre el 20 y el 27 de octubre.
En los últimos treinta años América Latina ha experimentado la transición de gobiernos dictatoriales a gobiernos democráticos, lo que desde luego ha producido avances políticos para garantizar el derecho al voto, elecciones libres y la permanencia en el poder de funcionarios electos, sin embargo, todo esto no es suficiente para garantizar la permanencia de los regímenes democráticos, los acontecimientos recientes en el Ecuador son síntomas típicos de riesgos de un retroceso y de cómo éste puede materializarse de manera inesperada.
Vivimos en constante cambios, se puede pensar una cosa, volver sobre nuestros pensamientos. Reinventar, recrear, no somos seres estáticos. Esa energía la siente el planeta. Sobre todo se siente en América Latina, un día nos levantamos y prendemos los medios de comunicaciones, y vemos en segundos noticias de todos los rincones del mundo.
Es necesario un nuevo tipo de política con economías de mercado más competitivas y un Estado más efectivo que fomente la innovación económica y el desarrollo del capital humano que ofrezca a la ciudadanía mayor igualdad y seguridad. Construir consensos entre el Estado, el sector privado y la sociedad civil, trabajar juntos para establecer metas a mediano plazo y responsabilizar a los gobiernos.
De no atenderse, la persistencia de la brecha de aptitudes que muestra la fuerza laboral de América Latina continuará restringiendo el crecimiento económico y la calidad crediticia de los consumidores, corporativos, instituciones financieras y gobiernos. Los avances tecnológicos exacerbarán esta insuficiencia de aptitudes conforme la economía global avance más rápidamente hacia la formación de industrias con mayores requerimientos de conocimientos que demandarán adaptación, especialización e innovación.
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