Ante el violento radicalismo Catalán
Mantener el orden público es fundamental en cualquier Estado democrático de Derecho, y la primera obligación de todo gobierno reside en garantizar la convivencia democrática dentro de la ley de leyes, o sea de la Constitución, pues el imperio de la norma está para ser cumplida por todos, ya que es la expresión de la voluntad popular. Por ello, la violencia hay que condenarla siempre. Los hechos violentos no pueden quedar impunes y las instituciones están obligadas a colaborar en el fortalecimiento de unas relaciones armónicas entre todos los pueblos.
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