Muchos la mencionan y opinan sobre ella, muchos hasta se atreven a proponer cambios radicales en la misma, y esos muchos, podría jurar, desconocen su contenido e importancia, simplemente porque nunca la han leído, lo que hablan o escriben al respecto es un disco rayado, que repiten como loritos o simios amaestrados, por personajes “vivitos y perversos”.
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Por una Constitución Política para una sociedad libre, justa, pacífica y próspera.
Con el transcurrir del tiempo, Guatemala ha tenido oportunidades de elaborar sus Constituciones según los movimientos y condiciones que le ha tocado vivir desde el momento en que declaró su independencia hasta nuestros días.
El conflicto del ministerio Publico es no cumplir con lo que ordena La Constitución de la Republica de Guatemala.
Lo importante, realmente, es reconocer la necesidad de imponer, desde la propia constitución, límites certeros a la expansión del gasto público irresponsable.
En la ley judía, una persona que se arrepiente de haber robado de todos modos debe devolver lo sustraído, si es atrapado infraganti debe incluso pagar una multa por el doble del valor de lo que se llevó.
Nosotros el pueblo somos libres y hay que invertir el orden de las cosas. Ya que el gobierno entre más diga que debemos hacer, ponga más reglas, regulaciones e impuestos, el gobierno confiscará más nuestro dinero, limitará más nuestras opciones, trabajo y reducirá más de nuestra libertad.
Arrollado por una aplanadora pesada y sin resistencias, el Estado Guatemalteco sucumbió, dejando un territorio y una población a la deriva víctima de pequeños feudos de caciques que en pocos meses tomaron el control y demostraron como el derecho sucumbe frente al poder cuando se renuncia al respeto de las leyes.
Sin embargo, quizás porque no es abogado, y muy posiblemente porque se está asesorando de gente como la Fundación Libertad y Desarrollo, por las Mack y sus secuaces, o por presiones de Arreaga, se está enfocando en temas de forma, con doble filo, y no de fondo.
Sin embargo, ante la ruptura del orden institucional no queda otro camino más que el jurídico, es decir, que los tres presidentes de los organismos del Estado, ante la obvia comisión de hechos flagrantes y de grave impacto social, soliciten a su abogado, concretamente al Procurador General de la Nación, o incluso este de oficio por tratarse de delitos de acción pública, active el protocolo consagrado en los artículos 5 y 6 de la Ley en Materia de Antejuicio, y requiera al Ministro de Gobernación, el apoyo de la fuerza pública para ejecutar la aprehensión de los magistrados Gloria Patria Porras Escobar, Boanerge Amilcar Mejía Orellana y José Francisco de Mata Vela, para que, luego de que hayan sido capturados y puestos a disposición de la autoridad legal competente, los suplentes de dicha corte, restablezcan el orden jurídico lesionado, ordenando la inmediata designación y nombramiento de los magistrados que deberán integrar el poder judicial.
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