El reto que enfrentan los magistrados electos deberá enfocarse en buscar a toda costa reconducir la actuación de esa Corte por el camino de la legalidad, a efecto de garantizar el orden constitucional.
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Reitero y sostengo que la lucha por controlar la Corte de Constitucionalidad en Guatemala no ha sido más que una sucia lucha de poder entre todos.
Desde los años 80 del siglo pasado se viene hablando de educación bilingüe intercultural en la educación primaria.
Reitero mi argumento que el precedente más importante que ha sentado la Corte de Constitucionalidad saliente es que las fuerzas políticas que la controlan tienen asegurado un poder cuasi absoluto en el país.
El catorce de abril del año en curso, es la fecha en que los magistrados titulares y suplentes designados por parte de los cinco órganos postulantes, asumirán sus cargos en la Corte de Constitucionalidad por un período de cinco años.
Como ustedes sabrán, se llevó a cabo la nominación de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad por parte de los cinco organismos que postulan titular y suplente por el período de cinco años.
La Corte de Constitucionalidad fue creada para salvaguardar el más estricto respeto a la Constitución con el fin de preservar el orden constitucional en el país (artículo 268 de la Constitución Política de la República de Guatemala).
La semana pasada en una entrevista radial se me preguntó si consideraba que la Corte de Constitucionalidad había actuado en defensa de determinados intereses o sectores.
La creación, por encargo, de la Corte de Constitucionalidad, en nuestra realidad jurídica, ejerciendo ese Neo-Constitucionalismo destructor de la República y la Democracia, es la expresión más patética de esa deformación en un proceso de destrucción institucional.
La Constitución Política de la República, establece el período de cinco años para llevar a cabo la renovación de la Corte de Constitucionalidad, a través del procedimiento de designación de un magistrado titular y suplente por parte de los organismos ejecutivo, legislativo y judicial, así como por la Asamblea del Colegio de Abogados y Notarios y el Consejo Superior Universitario.
Lo triste de todo es que hay quienes gritan que hay un pacto de corruptos queriendo cooptar las instituciones, pero en realidad el pacto de corruptos en Guatemala tiene a los dos bandos enfrentados que son, en realidad los corruptores.
Hace unos días, se eligió la nueva Junta Directiva del Colegio de Abogados y Notarios y, esta semana se realizará la primera vuelta de la elección de magistrado a la Corte de Constitucionalidad que el citado colegio por mandato constitucional debe designar.
Lo que está claro es que será una férrea batalla entre las diversas mafias que lucharán con todo por mantenerse o por agenciarse del poder absoluto que significa tener el control de la Corte de Constitucionalidad.
En esta ocasión, desde esta tribuna #Crisol Literario se desea resaltar la singular importancia de la ley Electoral y de Partidos Políticos -LEPP- para la democracia y el fortalecimiento de la Institucionalidad Guatemalteca.
Las mafias se han dado cuenta que teniendo el control de la Corte de Constitucionalidad tienen el control total del país.
Sin duda, el precedente más importante que ha fijado la Corte de Constitucionalidad en su historia, para la vida jurídica y política del país, es haber sentado las bases para que quien la controle tenga el poder absoluto, legal y político en el país.