La negativa en convocar a un nuevo proceso de designación, así como la necedad de pretender juramentar a la señora Porras como Magistrada, constituyen actos claros de abuso de autoridad, violación a la Constitución y asociación ilícita, que afectan la institucionalidad y el estado de Derecho que los consejeros en su calidad de representantes de la universidad popular están obligados a tutelar.
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A días de la visita de Kamala Harris Francisco Sandoval Alfaro el titular de la FECI inicia a seguir las ordenes en ingles que le…
Muchos la mencionan y opinan sobre ella, muchos hasta se atreven a proponer cambios radicales en la misma, y esos muchos, podría jurar, desconocen su contenido e importancia, simplemente porque nunca la han leído, lo que hablan o escriben al respecto es un disco rayado, que repiten como loritos o simios amaestrados, por personajes “vivitos y perversos”.
Pareciera ser que la nueva corte hasta el momento solo ha dicho que el amparo no es la vía, en el sentido que lo que correspondería es una acción de inconstitucionalidad luego que el decreto legislativo cobre vigencia, como históricamente ha ocurrido.
Hoy se ve con esperanza este cambio de rumbo en el sector justicia en Guatemala con la llegada de la Nueva CC, luego de varios años de decisiones basadas puramente en criterios políticos e ideológicos.
No hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague. A cada c... le llega su sábado.
El reto que enfrentan los magistrados electos deberá enfocarse en buscar a toda costa reconducir la actuación de esa Corte por el camino de la legalidad, a efecto de garantizar el orden constitucional.
Reitero y sostengo que la lucha por controlar la Corte de Constitucionalidad en Guatemala no ha sido más que una sucia lucha de poder entre todos.
Desde los años 80 del siglo pasado se viene hablando de educación bilingüe intercultural en la educación primaria.
Reitero mi argumento que el precedente más importante que ha sentado la Corte de Constitucionalidad saliente es que las fuerzas políticas que la controlan tienen asegurado un poder cuasi absoluto en el país.
El catorce de abril del año en curso, es la fecha en que los magistrados titulares y suplentes designados por parte de los cinco órganos postulantes, asumirán sus cargos en la Corte de Constitucionalidad por un período de cinco años.
Como ustedes sabrán, se llevó a cabo la nominación de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad por parte de los cinco organismos que postulan titular y suplente por el período de cinco años.
La Corte de Constitucionalidad fue creada para salvaguardar el más estricto respeto a la Constitución con el fin de preservar el orden constitucional en el país (artículo 268 de la Constitución Política de la República de Guatemala).
La semana pasada en una entrevista radial se me preguntó si consideraba que la Corte de Constitucionalidad había actuado en defensa de determinados intereses o sectores.
La creación, por encargo, de la Corte de Constitucionalidad, en nuestra realidad jurídica, ejerciendo ese Neo-Constitucionalismo destructor de la República y la Democracia, es la expresión más patética de esa deformación en un proceso de destrucción institucional.
La Constitución Política de la República, establece el período de cinco años para llevar a cabo la renovación de la Corte de Constitucionalidad, a través del procedimiento de designación de un magistrado titular y suplente por parte de los organismos ejecutivo, legislativo y judicial, así como por la Asamblea del Colegio de Abogados y Notarios y el Consejo Superior Universitario.