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Otro golpe a la institucionalidad

Esa resolución provisional emitida por la Corte de Constitucionalidad a través de un amparo presentado en forma conjunta entre el partido UNE, la diputada de la bancada Movimiento Semilla y otro del partido Vamos, es ilegítima, pues, además de tergiversar las normas de probidad que son de aplicación general y obligatoria, abre la posibilidad para que cualquier persona con graves señalamientos de corrupción en el manejo del erario público, sea premiado con una curul, en vez de pagar por su crimen.

De cómo viví el “Jueves negro”

Así se denominaron los días 24 y 25 de julio de 2003 cuando la capital de Guatemala fue invadida por un contingente numeroso de personas de todas las edades, en su mayoría provenientes de otros departamentos y municipios, que manifestaban en pro de su líder, el General Efraín Ríos Montt, (personaje de la política recién fallecido), y su derecho a inscribirse como candidato presidencial para las Elecciones Generales de 2003, a pesar que la Corte de Constitucionalidad ya había fallado a su favor pero la Corte Suprema de Justicia posteriormente emitió un fallo en contra de sus intereses.

Ante el rompimiento constitucional, el PGN debe actuar

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Sin embargo, ante la ruptura del orden institucional no queda otro camino más que el jurídico, es decir, que los tres presidentes de los organismos del Estado, ante la obvia comisión de hechos flagrantes y de grave impacto social, soliciten a su abogado, concretamente al Procurador General de la Nación, o incluso este de oficio por tratarse de delitos de acción pública, active el protocolo consagrado en los artículos 5 y 6 de la Ley en Materia de Antejuicio, y requiera al Ministro de Gobernación, el apoyo de la fuerza pública para ejecutar la aprehensión de los magistrados Gloria Patria Porras Escobar, Boanerge Amilcar Mejía Orellana y José Francisco de Mata Vela, para que, luego de que hayan sido capturados y puestos a disposición de la autoridad legal competente, los suplentes de dicha corte, restablezcan el orden jurídico lesionado, ordenando la inmediata designación y nombramiento de los magistrados que deberán integrar el poder judicial.

Una república en crisis

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La crisis en la República de Guatemala es clara, vamos a funcionar con dos poderes del Estado, porque digan lo que digan, el Poder Judicial de este día en adelante es ilegitimo en sus totalidad, puesto que si bien los magistrados no pueden abandonar sus cargos, también es cierto que habiendo perdido la calidad que tienen, no podrán en apego al derecho y a la Constitución ejercer sus funciones con propiedad. La Corte de Constitucionalidad tiene la responsabilidad de esta crisis porque queriendo congraciarse con intereses particulares, so pretexto de querer elegir magistrados honorables, viola la misma constitución para querer reedificar el Organismo Judicial; como diría San Pablo: “si las cosas que destruyo, las mismas vuelvo a construir soy un transgresor”.

El fin de la Democracia, de la República

¿Cuál sería la reacción de la población, por ejemplo, si el Presidente quisiera extenderse en el ejercicio de sus funciones más allá de su período? ¿Acaso la Corte Suprema de Justicia no es otro poder del Estado sujeto a la misma limitación constitucional? Esta Corte de Constitucionalidad con sus resoluciones que rayan en lo criminal ha usurpado las funciones constitucionales que le competen a los poderes del estado para concentrarlas y ejercerlas por sí sola. Esta Corte de Constitucionalidad ha anulado los elementos democráticos y republicanos consagrados en la Constitución y se ha convertido en un poder autoritario que bien puede llegar a ser totalitario.

El trabajo parcial

La Corte de Constitucionalidad suspendió de manera provisional varios artículos del Reglamento Para el Trabajo de Tiempo Parcial como consecuencia de un amparo presentado por sindicalistas, quienes no entienden que en el mundo actual, en el mundo globalizado, para que un país se pueda desarrollar hay que hacer planteamientos laborales distintos, probados perfectamente en países desarrollados o medianamente desarrollados, los que dan opciones a amas de casa, adultos mayores y jóvenes universitarios a que puedan optar a un trabajo parcial por horas para complementar sus ingresos.

La Corte de Constitucionalidad, un gobierno de Jueces

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Algunos dicen que la Corte de Constitucionalidad se ha convertido en un cuarto poder…. Yo digo que se ha convertido en el verdadero poder que somete a los demás poderes del Estado a decisiones políticas más que jurídicas y de cuya responsabilidad son los actuales magistrados quienes no le rinden cuentas a nadie, especialmente a los Ciudadanos.

Vicios Judiciales

Me parece oportuno, reafirmar que, una República, un Estado Democrático se constituye alrededor de tres poderes, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, en nuestro país, la Corte de Constitucionalidad, se ha convertido en un cuarto poder con poderes ilimitados y superior a los otros tres, en ningún régimen constitucional de derecho puede existir un ente con poder ilimitado que actúe fuera de todo control y responsabilidad legal como lo ha hecho en algunas ocasiones la Corte de Constitucionalidad, lo que implica que en el futuro revisemos la conveniencia de que ésta se constituya en una Cámara de la Corte Suprema de Justicia como en otros países para evitar que su actuación esté por encima de las funciones de los otros tres organismos del Estado y que la Corte Suprema de Justicia sea la última instancia legal, como debería de ser.

La debilidad de la razón frente al poder

No obstante, se ha vuelto común en Guatemala, que la Corte de Constitucionalidad, viole la Constitución Política de la República, en abierto reto a la cordura institucional, que ha soportado la viciosa conducta abiertamente sediciosa, aún conscientes que cada uno de los actos que ha resuelto en contra de la ley, ha quebrantado el Estado de Derecho y el Régimen de legalidad.

Golpe de Estado por la Corte de Constitucionalidad

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Por más, que la Corte de Constitucionalidad pretenda a través de alguna argucia ilegal prolongar el período constitucional de los actuales Magistrados, argumentado cualquier desfachatez o fundamentándose en que esto ya ocurrió con anterioridad; no deberá ser acatado, primero porque nadie esta obligado a cumplir ordenes ilegales, segundo, porque los periodos constitucionales están taxativamente regulados y son de cumplimiento obligatorio, y tercero porque el error no es fuente de derecho.
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