Incertidumbre impera en el proceso de elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y Corte de Apelaciones (CA).
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Arrollado por una aplanadora pesada y sin resistencias, el Estado Guatemalteco sucumbió, dejando un territorio y una población a la deriva víctima de pequeños feudos de caciques que en pocos meses tomaron el control y demostraron como el derecho sucumbe frente al poder cuando se renuncia al respeto de las leyes.
La parte medular de mi artículo se refiere a la actitud negativa de nuestra población educada. En general, tenemos una fuerte propensión a destruir nacientes liderazgos. Cuando alguien propone algo, no se le responde con otra propuesta, a veces ni siquiera con argumentos. Se le detracta, se le ridiculiza, se le desprestigia. El guatemalteco trabajador, honrado, digno… no gusta de líderes ni de seguir a otros aún estando de acuerdo con ellos.
Cuando la ley se transforma en un instrumento de dominación facciosa, nos obliga a su incumplimiento, como reacción natural y mandato constitucional, de protección individual y social recurriendo a la desobediencia civil y resistencia, desde la base y así luchar por la reconstrucción del Estado de Derecho y la República como expresión política de un régimen de legalidad.
Creo que los ambiciosos, los avaros, los egocéntricos, los cobardes, los miopes y las avestruces olvidan que el fin último de la vida no es acumular riqueza. La riqueza está bien, si tiene un origen legítimo. Lo despreciable es enriquecerse a costa del sufrimiento del pueblo. Todo esto sólo estimula que un día la población en serio explote, y no tendrán para dónde escapar porque el Socialismo Globalista es mundial. ¿Qué se puede hacer? Amar a Guatemala, ser valientes y defender la libertad, la soberanía y la Constitución con todo.
Sin embargo, ante la ruptura del orden institucional no queda otro camino más que el jurídico, es decir, que los tres presidentes de los organismos del Estado, ante la obvia comisión de hechos flagrantes y de grave impacto social, soliciten a su abogado, concretamente al Procurador General de la Nación, o incluso este de oficio por tratarse de delitos de acción pública, active el protocolo consagrado en los artículos 5 y 6 de la Ley en Materia de Antejuicio, y requiera al Ministro de Gobernación, el apoyo de la fuerza pública para ejecutar la aprehensión de los magistrados Gloria Patria Porras Escobar, Boanerge Amilcar Mejía Orellana y José Francisco de Mata Vela, para que, luego de que hayan sido capturados y puestos a disposición de la autoridad legal competente, los suplentes de dicha corte, restablezcan el orden jurídico lesionado, ordenando la inmediata designación y nombramiento de los magistrados que deberán integrar el poder judicial.
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