No hay justicia donde únicamente unos (los que detentan el poder y sus allegados) reciben y se recetan impunidad a costas de la miseria y muerte de la población.
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La gran diferencia entre un país de leyes sólidas y un país donde predomina el Lawfare (politización de la administración de justicia) se está viendo en esta batalla por la legalidad que están librando republicanos versus demócratas en los Estados Unidos.
Ludwig Von Mises, premio Nobel de Economía, es uno de los principales referentes para los liberales en temas económicos y políticos.
Nosotros el pueblo somos libres y hay que invertir el orden de las cosas. Ya que el gobierno entre más diga que debemos hacer, ponga más reglas, regulaciones e impuestos, el gobierno confiscará más nuestro dinero, limitará más nuestras opciones, trabajo y reducirá más de nuestra libertad.
Incertidumbre impera en el proceso de elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y Corte de Apelaciones (CA).
Arrollado por una aplanadora pesada y sin resistencias, el Estado Guatemalteco sucumbió, dejando un territorio y una población a la deriva víctima de pequeños feudos de caciques que en pocos meses tomaron el control y demostraron como el derecho sucumbe frente al poder cuando se renuncia al respeto de las leyes.
La parte medular de mi artículo se refiere a la actitud negativa de nuestra población educada. En general, tenemos una fuerte propensión a destruir nacientes liderazgos. Cuando alguien propone algo, no se le responde con otra propuesta, a veces ni siquiera con argumentos. Se le detracta, se le ridiculiza, se le desprestigia. El guatemalteco trabajador, honrado, digno… no gusta de líderes ni de seguir a otros aún estando de acuerdo con ellos.
Cuando la ley se transforma en un instrumento de dominación facciosa, nos obliga a su incumplimiento, como reacción natural y mandato constitucional, de protección individual y social recurriendo a la desobediencia civil y resistencia, desde la base y así luchar por la reconstrucción del Estado de Derecho y la República como expresión política de un régimen de legalidad.
Sin embargo, ante la ruptura del orden institucional no queda otro camino más que el jurídico, es decir, que los tres presidentes de los organismos del Estado, ante la obvia comisión de hechos flagrantes y de grave impacto social, soliciten a su abogado, concretamente al Procurador General de la Nación, o incluso este de oficio por tratarse de delitos de acción pública, active el protocolo consagrado en los artículos 5 y 6 de la Ley en Materia de Antejuicio, y requiera al Ministro de Gobernación, el apoyo de la fuerza pública para ejecutar la aprehensión de los magistrados Gloria Patria Porras Escobar, Boanerge Amilcar Mejía Orellana y José Francisco de Mata Vela, para que, luego de que hayan sido capturados y puestos a disposición de la autoridad legal competente, los suplentes de dicha corte, restablezcan el orden jurídico lesionado, ordenando la inmediata designación y nombramiento de los magistrados que deberán integrar el poder judicial.
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