Desde hace más de un año la Liga ProPatria, la Fundación Contra el Terrorismo, su servidora y otros hemos venido diciendo que las sospechas de crimenes cometidos por Thelma Aldana, Erika Aifán y Juan Francisco Sandoval saldrían tarde o temprano a la luz pública.
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He escrito muchos artículos sobre el caso Odebrecht y cómo Guatemala ha perdido US$380 millones de la forma más estúpida y diletante posible.
El viernes recién pasado se conoció la orden de aprehensión que el valiente juez Fredy Orellana, emitió en contra del ex jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad, Juan Francisco Sandoval Alfaro.
Primero, se deberá exponer el rostro del exfiscal Sandoval públicamente con el mensaje “se busca”, así como facilitar una recompensa para quien informe de su paradero.
Hace una semana que el Ejército y diplomáticos de los Estados Unidos de América salieron en precipitada fuga de Kabul, luego de que nuevamente fueran humilladamente derrotados por los talibanes, dejando abandonado además de su vergüenza, su armamento, vehículos, enceres personales, pero principalmente a la población civil, a quienes prometieron ayuda, a quienes han tomado como botín de guerra.
El flamante fiscal ordenó el secuestro de todos los documentos relacionados con la citada entidad sin percatarse que, dentro de ellos, se encontraban las fianzas que garantizaban el cumplimiento de la obligación y que por disposición legal debió entregarlas a la PGN
Juan Francisco Sandoval Alfaro (en adelante JFCA), quien fuera Jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad ―FECI―, fue removido de ese cargo el viernes 23 de julio. Su destitución puso en movimiento a las organizaciones de izquierda del país, que protestaron airadamente, descubriendo quiénes son y exhibiendo a sus dirigentes. Pero no solo a ellos. También a quienes están detrás, los financian e influyen.
La Fiscal General anuncia que los motivos por los cuales destituye al Fiscal de la FECI, son “…los constantes abusos y frecuentes atropellos de los cuales la institucionalidad del Ministerio Público ha sido objeto, así como el irrespeto que como mujer, funcionaria y profesional del Derecho ha sido víctima desde el inicio de su gestión…”
Juan Francisco Sandoval, quien horas antes fue destituido de la FECI por la jefa de esa institución, Consuelo Porras: Salió en horas de la madrugada de Guatemala rumbo a El Salvador, sin dar detalles de cuál será su destino final.
El Ministerio Público es una institución por demás importante en el sector justicia puesto que además de tener el ejercicio exclusivo de la persecución penal en los delitos, por mandato constitucional tiene como función principal velar por el estricto cumplimiento de las leyes del país.
La Fiscal General en uso de sus atribuciones constitucionales para no convertirse en cómplice de estas aberraciones, debe destituir de inmediato a Juan Francisco Sandoval y Carlos Vides, por haber cometido una falta grave en el ejercicio del cargo, y que culminó con la liberación de Alejos, además, deberá procesarlos penalmente por obstaculizar maliciosamente la investigación generando impunidad.
Adiós al sistema judicial, al derecho de defensa y al debido proceso. Si hoy estamos pésimamente mal, habremos de entender, a la mala, que siempre es posible estar peor.
Los casos para fundamentar su destitución y procesamiento penal abundan, pero tres son los principales que podrán tomarse como base, pues en ellos, las investigaciones realizadas por la Fiscalía de Asuntos Internos ha llegado a la conclusión de que Sandoval es responsable de violentar la ley.
El apoyo que la Embajada de los Estados Unidos y las embajadas en GT dan a Juan Francisco Sandoval raya en descaro, hipocresía o maldad. Les explico...
La Fiscalía Especial Contra la Impunidad fue creada a requerimiento de la finada CICIG, bajo el supuesto de investigar y desarticular las estructuras criminales incrustadas en el Estado, y digo supuestas pues, a la fecha esa unidad fiscal no ha sido capaz de individualizar tan solo un cuerpo ilegal o aparato clandestino de seguridad, mucho menos de llevarlos a juicio y obtener una condena.
La Constitución Política de la República, regula que los jueces y magistrados del Organismo Judicial, gozan del derecho de antejuicio, lo cual no es más, que la prerrogativa que se otorga por razón del cargo que se ejerce, para no ser investigados o procesados sin que previamente la Corte Suprema de Justicia declare que ha lugar a formación de causa.