Mil veces víctima había sido de la injusticia, porque muy hábiles habían sido los acusadores, y muy seductoras las inventadas pruebas de los fiscales investigadores, y muy perversos los jueces, y muy persuasivos los contratados testigos.
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La Constitución Política de la República, establece el período de cinco años para llevar a cabo la renovación de la Corte de Constitucionalidad, a través del procedimiento de designación de un magistrado titular y suplente por parte de los organismos ejecutivo, legislativo y judicial, así como por la Asamblea del Colegio de Abogados y Notarios y el Consejo Superior Universitario.
Guatemala vive uno de sus momentos más trascendentes en torno a la consolidación del Estado de Derecho. Está en juego el proceso de elección de los magistrados que asumirán en el mes de abril, sus responsabilidades en la Corte de Constitucionalidad.
Pocos días hacen falta para la elección de Junta Directiva y Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, así como de los diez magistrados que conformarán la Corte de Constitucionalidad por los próximos cinco años.
La justicia en Guatemala, está lamentablemente politizada y la conducen en términos generales sobre la base de intereses creados.
El 6 de enero 2021 el Congreso de los Estados Unidos confirmó a Joe Biden y a Kamala Harris como Presidente y Vicepresidente de los Estados Unidos. Asumirán el poder el 20 de enero próximo. Inicia la era del socialismo globalista progresista en el otrora bastión de la libertad.
Hoy, las aberraciones cometidas por los cuatro magistrados parecen llegar al clímax de la ilegalidad, pues, existe un siniestro plan encaminado a que diferentes entidades integradas por pseudo activistas, procedan a confeccionar un amparo a la medida de sus intenciones.
En Guatemala, instituciones como el Ministerio Público y los Tribunales de Justicia han dado muestras que los casos de “megacorrupción”, les ha quedado realmente “grandes”.
En Guatemala la Justicia no es la diosa Temis, sino es una prostituta que se vende al mejor postor.
Incertidumbre impera en el proceso de elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y Corte de Apelaciones (CA).
Cuando la ley se transforma en un instrumento de dominación facciosa, nos obliga a su incumplimiento, como reacción natural y mandato constitucional, de protección individual y social recurriendo a la desobediencia civil y resistencia, desde la base y así luchar por la reconstrucción del Estado de Derecho y la República como expresión política de un régimen de legalidad.
Judicialización, criminalización y mediatización de casos, fueron las alternativas que utilizaron los victimarios de la ex CICIG, de la antigua administración del Ministerio Público y algunos jueces y magistrados, para perseguir e infundir terror a cuanto empresario, militar, político, abogado y notario, representaba un peligro para el desarrollo de sus intereses ilegales.
Es muy sospechosa la ausencia del Fiscal de delitos electorales Oscar Schaad, del Fiscal del la FECI, Juan Francisco Sandoval y la licencia otorgada al Director del Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral, Leopoldo Guerra, estas ausencias dejan muchas dudas en el manejo del caso en contra de la municipalidad y sus funcionarios, pareciera que todos sabían de la ejecución de estas órdenes de captura y antejuicios y quisieron evadir su responsabilidad, pero igualmente lo son.
La pared estaba descascarada, no quedaba ningún rastro de pintura en aquella celda oscura de esa cárcel de Montevideo, sin embargo podía leerse pocos centímetros por encima de la litera una escritura, hecha con una caligrafía muy dispareja, que rezaba: La justicia es como las víboras solo pica los pies descalzos.
la justicia es la piedra angular que sostiene la democracia, si falla la justicia el daño repercute en la democracia como un sistema político y en la sociedad porque igualmente es un sistema de vida, es por eso que los guatemaltecos debemos preocuparnos y luchar porque se descontamine el sistema político y que el sistema de justicia sea en esencia lo que debería de ser, objetivo e imparcial, y que tanto jueces, magistrados y fiscales enmarquen sus actuaciones dentro de lo que establece la Constitución Política y las leyes del país, hoy, es lo prioritario por hacer.
la CC existe para garantizar los derechos constitucionales de todos los guatemaltecos y defender nuestra Constitución Política en contra de cualquier abuso. Lo que no se vale es que, en un ente eminentemente jurídico, se resuelva con sesgo político.