En Guatemala, de manera particular, desde hace años, está presente el problema de la administración de la justicia, puntualmente por la falta de voluntad de no cumplir con los preceptos básicos del Estado Democrático de Derecho.
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Guatemala vive uno de sus momentos más trascendentes en torno a la consolidación del Estado de Derecho. Está en juego el proceso de elección de los magistrados que asumirán en el mes de abril, sus responsabilidades en la Corte de Constitucionalidad.
Pocos días hacen falta para la elección de Junta Directiva y Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, así como de los diez magistrados que conformarán la Corte de Constitucionalidad por los próximos cinco años.
Usted, ¿fantasma de qué extinto ser humano es, y cuál es su propósito de visitar a los vivos?” Su respuesta fue la siguiente: “Soy el fantasma de una patria que ha muerto. Murió asesinada. Es su patria.”
En Guatemala, instituciones como el Ministerio Público y los Tribunales de Justicia han dado muestras que los casos de “megacorrupción”, les ha quedado realmente “grandes”.
Guatemala no puede, ni debe, depender de fuerzas exógenas para venir a limpiar sus instituciones e imponer las reformas necesarias. Es una dura tarea que le corresponde a los guatemaltecos hacer.
Estamos sumidos en una crisis sanitaria, una crisis económica profunda que ha causado graves daños a múltiples sectores de la sociedad, y encima de todo esto, pretender montar una crisis política es irresponsable además de perverso y todo esto bajo una sombra de corrupción que enrarece el ambiente.