La otra prófuga

La negativa en convocar a un nuevo proceso de designación, así como la necedad de pretender juramentar a la señora Porras como Magistrada, constituyen actos claros de abuso de autoridad, violación a la Constitución y asociación ilícita, que afectan la institucionalidad y el estado de Derecho que los consejeros en su calidad de representantes de la universidad popular están obligados a tutelar.