Juan Francisco, carece de honorabilidad para dirigir esa fiscalía, pues, tal y como él lo manifestó con anterioridad, un funcionario público sobre el que pesan denuncias de corrupción no puede ejercer funciones en el sistema de administración de justicia.
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La Constitución Política de la República, es muy celosa al indicar que los jueces y magistrados no podrán ser perturbados en el ejercicio de su función o cargo, y en caso suceda, la Constitución también establece la forma en que debe castigarse al tirano que pretenda atentar en contra del poder judicial y sus principios.
Es indignante, que este servidor público que una vez actúo con objetividad e imparcialidad hoy represente los intereses de fundaciones, Ong´s, prófugos y políticos de la más baja escala moral y legal y que, con tal apañar sus actos de corrupción, deje desprotegido el interés del Estado y de sus habitantes.
Jeanpierre, habría sido víctima de esta estructura y por ello tenía información de primer nivel que vinculaba directamente al fiscal Juan Francisco Sandoval Alfaro, en la trama delictiva.
Hoy, sorpresivamente el tribunal sexto de sentencia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente, integrado por los jueces Amparo de Jesús Rivas Alvarado, Rubén Armando Joachín España y Cándida Rosa Ramírez Díaz, señalaron una audiencia de revisión de la medida de prisión, con el objeto de buscar la aplicación de una medida sustitutiva en favor del testaferro, por aspectos relacionados con humanidad y salud.
Tal vez, el motivo de la asignación obedezca a la inexperiencia, miedo, amistad, o ser proclives a obtener algún beneficio económico, que lleve implícito, encubrir y retorcer las investigaciones, para dejar impune al jefe de la estructura criminal que opera desde la FECI.
Lastimosamente, las autoridades del Ministerio Público más preocupadas por solventar la situación jurídica de los extranjeros sindicados, que por rehabilitar la carretera en beneficio de la población, designaron sin fundamentación legal alguna, al jefe de la fiscalía especial contra la impunidad Juan Francisco Sandoval Alfaro y a la fiscal Brenda Eva Siomara Sosa Pérez, para que juntos viajaran a Sao Pablo Brasil, con el objeto ilegal de supuestamente ahondar en la investigaciones relacionadas con la estafa al erario público.
Estoy seguro que más temprano que tarde, Juan Francisco Sandoval Alfaro, terminará sus días en prisión, solo, sin el apoyo de quienes un día avalaron sus ilegalidades desde la ex CICIG y el MP.
La imputación efectuada por el agente fiscal Marlon Kenneth Pacheco Rodríguez, fue certeza, brillante diría yo como litigante, pues, demostró la capacidad de investigación y análisis del Ministerio Público y en especial de la fiscalía de asuntos internos, quienes sin el acompañamiento de la CICIG, presentaron más de ochocientos medios de investigación, que acreditan la posible participación de los miembros de una estructura criminal organizada, que liderada por la ex fiscal Thelma Aldana y su ex secretaria general Mayra Véliz López, lograron defraudar el patrimonio del Estado por más de doce millones de quetzales.
Tras su huida al extranjero, el personal permaneció en el país y quedó a disposición de sus dos hijos, así lo confirmó el jefe de seguridad, Antonio Englenton, durante una citación en el Congreso.
El fiscal de Asuntos Internacionales, Angel Pineda, y la Directora Financiera, Fulvia Ruíz, acudieron a la citación girada por los jefes de bancada. Consuelo Porras se excusó.
“Es afirmativo”, explicó el encargado, quien confirmó que a la fecha se han desembolsado Q6.8 millones.
Para revertir el acuerdo, el Procurador General de la Nación, Jorge Luis Donado, explicó que el MP es una entidad autónoma, por lo que esa potestad la tiene la actual Fiscal General.
Es por esa razón que el congresista hizo la solicitud. Al momento las autoridades del MP no se han pronunciado.
El subjefe de Seguridad del MP, Antonio Englenton, aseguró que estos agentes estaban destinados originalmente para proteger a Aldana, pero como ella no está en el país los beneficiarios de la seguridad son los hijos de la exfiscal.
La independencia judicial es una de las garantías constitucionales inherentes a cada uno de los funcionarios judiciales que, en el ejercicio de su cargo, dirimen las controversias que se les presentan, para garantizar la paz social y la certeza jurídica de los actos públicos.
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