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El fallido experimento de la ONU, dejó incrustado en el sistema judicial penal, a un parásito de lo más letal, capaz de destruir personas, instituciones y empresas con tal de cumplir los objetivos ideológicos de los enemigos de la libertad a quienes sirve y representa, me refiero al fiscal Juan Francisco Sandoval Alfaro.
Los circos mediáticos, los allanamientos ilegítimos, las ordenes de detención a granel y en sí, la aplicación del derecho penal del enemigo por parte de esta institución, llegó a su fin, pues hoy, contamos con un Ministerio Público, objetivo e imparcial, que respeta el debido proceso y las garantías individuales de los ciudadanos, y que cumpliendo con la ley primero investiga, recaba evidencias y en su caso actúa, y no al revés como fue característico en administraciones anteriores.
Muchas funciones constitucionales han sido usurpadas por dos asesores de la Fiscal General, me refiero al agente fiscal Juan Francisco Sandoval Alfaro y a Héctor Aníbal De León Velasco, quienes con toda certeza puedo decir, ejercen un control malicioso sobre la doctora Consuelo Porras.
En Guatemala, instituciones como el Ministerio Público y los Tribunales de Justicia han dado muestras que los casos de “megacorrupción”, les ha quedado realmente “grandes”.
Juan Francisco, carece de honorabilidad para dirigir esa fiscalía, pues, tal y como él lo manifestó con anterioridad, un funcionario público sobre el que pesan denuncias de corrupción no puede ejercer funciones en el sistema de administración de justicia.
La Constitución Política de la República, es muy celosa al indicar que los jueces y magistrados no podrán ser perturbados en el ejercicio de su función o cargo, y en caso suceda, la Constitución también establece la forma en que debe castigarse al tirano que pretenda atentar en contra del poder judicial y sus principios.
Es indignante, que este servidor público que una vez actúo con objetividad e imparcialidad hoy represente los intereses de fundaciones, Ong´s, prófugos y políticos de la más baja escala moral y legal y que, con tal apañar sus actos de corrupción, deje desprotegido el interés del Estado y de sus habitantes.
Jeanpierre, habría sido víctima de esta estructura y por ello tenía información de primer nivel que vinculaba directamente al fiscal Juan Francisco Sandoval Alfaro, en la trama delictiva.
Hoy, sorpresivamente el tribunal sexto de sentencia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente, integrado por los jueces Amparo de Jesús Rivas Alvarado, Rubén Armando Joachín España y Cándida Rosa Ramírez Díaz, señalaron una audiencia de revisión de la medida de prisión, con el objeto de buscar la aplicación de una medida sustitutiva en favor del testaferro, por aspectos relacionados con humanidad y salud.
Tal vez, el motivo de la asignación obedezca a la inexperiencia, miedo, amistad, o ser proclives a obtener algún beneficio económico, que lleve implícito, encubrir y retorcer las investigaciones, para dejar impune al jefe de la estructura criminal que opera desde la FECI.
Lastimosamente, las autoridades del Ministerio Público más preocupadas por solventar la situación jurídica de los extranjeros sindicados, que por rehabilitar la carretera en beneficio de la población, designaron sin fundamentación legal alguna, al jefe de la fiscalía especial contra la impunidad Juan Francisco Sandoval Alfaro y a la fiscal Brenda Eva Siomara Sosa Pérez, para que juntos viajaran a Sao Pablo Brasil, con el objeto ilegal de supuestamente ahondar en la investigaciones relacionadas con la estafa al erario público.