El proceso actual de elección de magistrados no reúne los estándares necesarios para garantizar que la función jurisdiccional se desarrolle en forma independiente, pues no se valora objetivamente los conocimientos y méritos profesionales de los aspirantes y con ello no se puede determinar la idoneidad de los mismos. Frecuentemente se eligen a aquellos que tienen un “amigo o familiar poderoso” y que contradictoriamente no ha ejercido la función de juez, por lo tanto no poseen la experiencia para administrar justicia, ni son capacitados para ejercitar tan altas investiduras.