¿No que cultura de legalidad, pues?
La coyuntura nos abruma. Todos los días hay noticias que nos absorben y acaparan medios y redes sociales. Siempre hay algo. Que si tal o cual Ministerio hace una compra cuestionable; que si unos o muchos diputados hacen esto, o dejan de hacer lo otro; accidentes viales por irresponsabilidad de pilotos del transporte público -y el infaltable dedo acusador de los medios hacia un funcionario que debió verificar personalmente que el bus tenía pastillas de frenos en buen estado-; corrupción, asesinatos, capturas, procesos judiciales; conferencias del MP y Cicig con todo y presentaciones power point que anuncian el inicio de dichos procesos (pero que hasta ahora han dado magros resultados); acusaciones sin fundamento en redes sociales -ya no digamos el oprobioso y mezquino segmento dominical en un medio escrito-. La lista sigue, pero el espacio es limitado y estoy seguro que usted ya cachó lo que quiero decir. La agenda nacional pareciese impuesta por algunos medios que, cuando no se les hace caso, acusan al gobierno de turno de ser irresponsable. Parafraseando al Alcalde Azrú, acá todavía hay micos que se rehúsan a subir a su columpio.
Hay pocas instancias en que es posible tener un tema de interés nacional que trascienda gobiernos y que, a pesar de los avatares del país, poco a poco avancen, ganen terreno y cada vez estén más cerca de su feliz desenlace. El diferendo territorial, insular y marítimo con Belice es uno ellos.
El reclamo es añejo, pero en la era contemporánea parte del mandato del artículo 19 de las Disposiciones Transitorias y Finales de la Constitución, pasando por todos los gobiernos desde entonces, algunos con pocos o ninguno y otros con enormes y sólidos avances. Me atrevo a decir que es un tema que está mucho más cerca de resolverse que antes. No todo es revolución; los temas de interés nacional como este toman mucho tiempo. Luego que el Congreso aprobase que el TSE lleve a cabo la consulta popular para someter el asunto a la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia, lo que toca es que los guatemaltecos decidamos si queremos el camino de la legalidad y la resolución pacífica de nuestros conflictos o seguir con esa espinita metida que llegará a ser pústula.
Que cuesta un montón de pisto, sí, pero las alternativas son el eterno conflicto o simplemente no hacer nada. Ninguna de ellas es opción. El camino de la legalidad rara vez es el más barato o el más sencillo, pero es el correcto. No importa si Belice no cumple su parte del compromiso o si el resultado de su consulta es negativo -como es previsible-; lo que corresponde a Guatemala como nación que busca el camino de la legalidad es celebrar su consulta. Belice quedará expuesto como violador de acuerdos bilaterales, si incumple. Guatemala por el otro lado, será reconocido como un país pacífico y respetuoso de sus acuerdos.
Entiendo las reservas de algunos ciudadanos y diputados, pero habiendo caminado tan largo trecho no es momento de detenerse. Si sirve el símil, como litigante uno no puede actuar bajo la premisa que, si la contraparte es corrupta o litiga de mala fe, uno hará lo mismo; se litiga de buena fe y se actúa conforme la Ley. Nuestra conducta en asuntos internacionales no puede estar supeditada a que otro haga algo, tiene que estar guiada por nuestros intereses de nación y la legalidad.
Si usted no está de acuerdo con la consulta, no limite mi derecho a decidir por mí mismo lo que quiero para Guatemala. Todavía no somos Venezuela, digo pues.
