Blanca Alfaro, su banda y el siguiente fraude electoral (Primera Parte)

La Otra Cara

La inmoralidad tras un fraude electoral radica en la violación del principio democrático, donde el voto libre y secreto se sustituye por manipulaciones como la compra de votos, tráfico de influencias o falsificación de resultados. Este acto corrompe la legitimidad del sistema político, deslegitima a las autoridades electas y erosiona la confianza ciudadana. En contextos donde tales prácticas son frecuentes, la transparencia y la justicia electoral se convierten en utopías. La falta de mecanismos legales efectivos para sancionar estos delitos perpetúa la impunidad, permitiendo que la inmoralidad se enraíce en la estructura política.

La organización ciudadana Guatemala Inmortal presentó recientemente su libro “El Fraude Electoral del 2023”, el cual documenta evidentes y descarados actos de manipulación durante las elecciones de ese año. A través de testimonios, evidencias y análisis, el texto denuncia irregularidades y preservar la historia de lo ocurrido. Traducido por Carlos Sabino, el libro refleja fuerte una crítica social hacia la transparencia electoral en Guatemala. Su lanzamiento forma parte de un esfuerzo por fomentar la rendición de cuentas y la participación ciudadana en procesos democráticos.

Según Giovanni Fratti dirigente del grupo cívico “Guatemala Inmortal”, “Guatemala vivió en el 2019 su primer fraude masivo (como me consta en base a lo sucedido en el departamento de Huehuetenango y otras regiones de nuestra geografía nacional) su primer fraude masivo y una manipulación grosera de resultados para diputados al Congreso de la República con un software desastroso producido por un Tribunal Supremo Electoral lleno de corrupción”. Podemos respaldar y evidenciar tal afirmación con las grabaciones de las declaraciones del ex Director de Informática del TSE Gustavo Adolfo Castillo Gonzales cuando afirmó ante las cámaras que el software utilizado había afectado a varios partidos en la asignación de votos, sobre todo en los correspondientes a candidatos a diputados y alcaldes. 

Secuela de la anterior, la Fiscalía de Delitos Electorales del Ministerio Público presentó denuncia ante el Tribunal Séptimo Penal contra Castillo Gonzales y su segundo Beny Obdulio Román Chanquín por Inconsistencias en el traslado de los datos, destrucción de registros informáticos, e incumplimiento de deberes. O sea, por manipular los resultados de las votaciones y desaparecer evidencias. Pero increíblemente, no fueron procesados los mafiosos magistrados del TSE a pesar de que los capturados reconocieron las inconcebibles fallas en el sistema informático y justificaron que habían sido informados y advertidos el pleno de magistrados de aquel momento.

El MP presentó antejuicio contra los togados, pero la CSJ no aceptó la solicitud de retiro de inmunidad de los responsables jerárquicamente de las elecciones y de la masiva corrupción observada durante su desarrollo, y fue tanta la desfachatez que utilizaron el mismo sistema de transmisión de datos y los mismos digitadores durante la segunda vuelta electoral el 11 de agosto de 2019, con lo que el fraude fue legitimado. Un inexistente partido Semilla cuyas actividades públicas daban pena por su precariedad y falta de poder de convocatoria, por obra de magia obtuvo varios diputados, que fueron la cabeza de playa para el próximo fraude. Y, en los Tribunales el caso fue avanzando en silencio, sin aspavientos, mientras se gestaba el nuevo fraude electoral que finalmente estalló en el 2023.

La adulteración del padrón electoral, encuestas manipuladas y pactadas con empresas consultoras y medios de comunicación corruptos como Prensa Libre que hicieron enormes negocios de impresión de papeletas, y un sistema en donde se vota manualmente pero el conteo y la transmisión de datos se hace por medios informáticos utilizados para cometer delitos, explica porque en Inglaterra, Finlandia, Holanda, Alemania, Irlanda, etc., está prohibido el empleo de sistemas electrónicos de votación. Según la agencia de noticias Deutsche Welle, el Tribunal Constitucional de Alemania dictaminó en marzo del 2009 prohibir el voto de forma electrónica pues es difícil de controlar y tiene muchos errores qué no garantizan la votación, control y el cómputo, pues pueden ser manipulados.

El fraude tiene entre sus principales pasos el nombramiento de funcionarios corruptos reclutados para el uso del software y máquinas adulteradas para el conteo de votos, capaces de inflar y manipular resultados mediante empleo de algoritmos diseñados para burlar a los electores; adulterando los resultados, antes, durante y después del acto electoral. Y, como está comprobado, la escogencia de “voluntarios” con intereses creados, parcializados, y miembros de organismos de observación internacional vinculados a la izquierda, para que validen inmediatamente lo anunciado por las autoridades electorales sin importar las anomalías.

Dentro de la estrategia de imposición fraudulenta se dificulta a los partidos contrarios la supervisión del software de transmisión de datos como sucedió en nuestro país con el sistema TREP, que fue pagado sin escrúpulos por una cantidad diez veces mayor a su valor de mercado, y además los corruptos magistrados sujetos a denuncias, y juicios que seguramente serán metidos a la congeladora, se ríen porque según las investigaciones del MP que demostró con cifras y evidencias que los votos a oficializar de manera relámpago fueron cargados en el sistema alimentado con datos falsos a lo largo del día de las elecciones y tras el cierre de los centros de votación no se había terminado de contar las actas de las mesas y los resultados de la burda maniobra ya estaban creando tendencia a favor de Semilla, sobre todo en las área urbanas, pues en el área rural los mediocres, impuestos por la OEA y sus aliados de la izquierda internacional, únicamente obtuvieron una alcaldía de las 340 en juego.

Como parte de las medidas necesarias para contrarrestar a futuro la burla a la soberanía popular y determinar si un padrón electoral está adulterado, se debe realizar biopsias, escoger aleatoriamente grupos de electores del registro y verificar si dichas muestras están sanas, es decir, si los nombres, números de Dpi, direcciones, edades, y centros de votación corresponden a las personas escogidas, y de no ser así el registro electoral debe revisarse a fondo. Además, por el futuro del nuestra Guatemala, no olvidar la reciente compra de conciencias y captación de falsos opositores, políticos de vitrina que mediocremente se prestaron a aceptar dádivas millonarias y avalar elecciones fraudulentas sin denunciar las más que obvias irregularidades ni cuestionar los resultados pues solo les interesaba amasar fortuna sacrificando el futuro de nuestro país.

Como puede verse, el Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla de la mano de títeres locales luchan por modificar los principios y valores de nuestra civilización, impulsando la guerra cultural y la ideología de género bajo la lógica que, si se puede asesinar a bebes indefensos mediante el aborto, también se puede manipular la voluntad ciudadana imponiendo a seudo dirigentes mediocres y moldeables, marionetas al servicio de sus intereses geopolíticos e ideológicos. La crisis nacional provocada por el estado del tiempo actual, desnuda con toda su crudeza la incapacidad extrema del “impuesto”, y sus adláteres, evidenciada como parte de la farándula alcohólica y cortesana a la que está acostumbrado.

Evaluando los antecedentes entre 1985 y 2010, -durante veinticinco años-, la democracia y la paz en Guatemala parecían irse consolidando paulatinamente. Pero lamentablemente ese pulso estratégico que se libra en forma creciente entre la izquierda y la derecha estadounidense (demócratas y Republicanos) ha hecho que la credibilidad de su país disminuyera a lo largo del orbe hasta la llegada a la Presidencia de Donald Trump y su equipo, que va tomando poco a poco el control del Departamento de Estado copado por la izquierda norteamericana- que había convertido a la política exterior de los Estados Unidos en una evidente contradicción andando.

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