El Estado contra el crimen organizado

Según el Centro de Investigación en Crimen Organizado InShigtCrime, las organizaciones criminales de Guatemala son las más sofisticadas y peligrosas de Centroamérica. Algunas de estas han estado operando por décadas. En ellas participan antiguos miembros del Ejército, agencias de inteligencia y miembros activos de la Policía. La mayor parte de su actividad consiste en transportar drogas ilegales hacia el norte, pero también está involucrado en el cultivo de marihuana y amapola, así como en el tráfico de personas, el secuestro, la extorsión, el lavado de dinero, el contrabando de armas, la red de adopción ilegal, el ecotráfico y otras actividades ilegales. Frecuentemente,  con grupos de México, Colombia y otros países centroamericanos. Tienen el potencial de expandirse y comandar grupos criminales de los países centroamericanos.

Con el Decreto 18-2008, durante el gobierno de Óscar Berger Perdomo y Eduardo Meyer Maldonado como presidente del Congreso de la República, nace el Sistema Nacional de Seguridad, y como su ente coordinador la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad, la cual tiene entre sus funciones desarrollar el plan estratégico de seguridad nacional.

Desde su creación, la secretaría ha desarrollado diferentes planes y proyectos para definir la política de Estado de lucha al crimen organizado, pero en los gobiernos posteriores no se ha concretado ningún plan coherente y eficiente de combate al flagelo que representa para el país, en todas sus facetas.

Por el contrario, la no ejecución de estrategias puntuales, ha permitido el crecimiento desmedido de los principales males que acompañan las variopintas estructuras dedicadas al mal que representa la inseguridad generalizada que tiene arrodillada a la población guatemalteca.

Por si fuera poco, existe además la falta de certeza jurídica y el total abandono a una política de atracción de capital, sumado a que en el último año se han retirado muchas empresas productivas y generadoras de empleo, por motivos del incremento en el presupuesto de seguridad, vía la contratación de empresas privadas para prevenir el crimen, asaltos, secuestros, extorsiones y otros males.

La actual coyuntura que prevalece en Guatemala, tiene detenida la inversión, para procesos productivos y la generación de empleo, que permitan un desarrollo sostenido que cree la riqueza necesaria para paliar o erradicar la pobreza galopante que sufre la mayoría de la población guatemalteca.

Es tiempo que las autoridades fortalezcan un sistema nacional de protección y prevención del delito, que permita la atracción de inversión directa en procesos productivos para la industrialización del agro y la generación de industrias transformadoras que nos sitúen en un mundo más desarrollado, generando certeza jurídica y un clima de confianza para el empresario y el trabajador, seguros de la función histórica que debe realizarse en la transformación de una Guatemala mejor.