MP pide desaforar a ocho diputados de FCN-Nación
El Ministerio Público (MP) presentó ayer una petición de antejuicio contra ocho diputados de la bancada del partido oficial Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), a quienes señalan de haber incurrido en los delitos de discriminación, abuso de autoridad, concusión y tráfico de influencias.
La solicitud de desafuero se hizo tras la denuncia que presentó la gobernadora departamental de Alta Verapaz, Estela Ventura, quien habría recibido trato discriminatorio en una cita con los congresistas, el pasado 5 de abril, en la cual le solicitaron cambios de cargos en el Consejo Departamental de Desarrollo (Codede), para colocar a personas que dos de los diputados presentes designarían.
La reunión fue organizada por el congresista Óscar Rolando Corleto, en la que también habrían participado y cometido los delitos mencionados, Juan Manuel Giordano, Laura Alicia Franco Aguirre, Byron Juventino Chacón, Rudy Berner Pereira, Julio Antonio Juárez, Ferdy Ramón Elías y Édgar Eduardo Montepeque.
La fiscal del Distrito Metropolitano, Ligia Alfaro, explicó que las primeras investigaciones apuntan a que los conflictos con Ventura se iniciaron desde el 30 de marzo, cuando no llegó a la citación que le hizo el diputado Corleto, quien manifestó su molestia y exigió un informe con los motivos de la ausencia.
Asimismo, el legislador amenazó a la gobernadora con denunciarla ante el MP si en la segunda citación no se presentaba, por lo cual Ventura llegó el 5 de abril a las 10:00 horas, “donde dieron inicio los maltratos, gritos y ofensas en su contra”, explicó Alfaro.
En la sesión, la gobernadora, junto con su asesor, Homero Gatica, explicó que no había podido asistir a la primera citación porque tenía unas actividades programadas en ruta al Polochic, por lo cual había enviado a José Leonel Caal, director ejecutivo del Codede.
ABUSOS EN LA SESIÓN
Ese 5 de abril, medios de comunicación captaron la salida de la gobernadora Ventura del salón de reuniones del partido FCN-Nación. Tenía lágrimas en los ojos, pero hasta ese momento eran pocos los detalles que se conocían.
Las investigaciones del MP (las cuales esperan validar con videos y audios), apuntan a que la gobernadora sufrió varios abusos en la sala de reuniones desde el principio, ya que de manera prepotente, sin ningún tipo de presentación o saludo, el diputado Corleto indagó a Ventura del porqué no cumplía las órdenes que le estaban dando. A lo que ella respondió que llevaba el informe requerido de su actividad en el Polochic; sin embargo,
no la dejaron hablar.
Luego de esto, el diputado Giordano cuestionó al asesor Gatica, en torno a por qué no llevaba su nombramiento como se lo había requerido anteriormente por vía telefónica, y al no recibir respuesta lo sacó de la sesión.
Tras varias declaraciones testimoniales, según el MP, se determinó que durante la reunión los diputados presentes, de forma simultánea, le gritaban a la gobernadora que ellos eran diputados y ellos mandaban.
En la reunión le hicieron saber que ella tenía que obedecer las órdenes de los legisladores de Alta Verapaz, Óscar Corleto y Rudy Pereira, y que las plazas ellos las designaban.
Los congresistas también le exigieron cambiar a todo el Codede y le dijeron que el diputado Giordano iba a ser el que manejaría dicho consejo, a lo cual Ventura respondió que no, porque la que firmaba era ella.
Según el MP, luego de la única respuesta de la gobernadora, con voz prepotente y abusiva, la diputada Franco le dice: “India estúpida, así se ha hecho, así se hace y así se hará”, lo cual fue reafirmado ayer por Ventura.
NIEGAN ACUSACIÓN
Respecto a los señalamientos, la parlamentaria Franco dijo: “Puedo afirmar que ninguno de los diputados presentes actuó con falta de ética ni tampoco se le faltó el respecto a dicha funcionaria. Todo lo contrario, mi persona lo único que hizo fue calmar el estrés en el que entró la señora gobernadora cuando le pidieron explicaciones de la necesidades de Alta Verapaz”. Sin embargo, después se contradijo al afirmar: “Como diputada del Congreso, reitero que ni siquiera tomé la palabra en dicha reunión”.
En su defensa, Corleto, expresó: “En ningún momento he faltado a la ética como persona así como ha dicho la funcionaria; pasó todo lo contrario en la reunión programada, lo único que hice fue importunarla con una palabra mal dicha”
No obstante, la semana pasada, en una cuenta de Twitter se publicó el extracto de un audio de la audiencia de los diputados de FCN con la gobernadora, en el cual presuntamente el legislador Corleto le dice: “Su citación no fue chingar, sino obedece a instrucciones”.
En tanto, el diputado Rudy Pereira aseguró que no entiende los señalamientos que hace el Ministerio Público en su contra, ya que él junto con el diputado Édgar Ovalle, solo le dieron la bienvenida a la gobernadora y luego abandonaron la reunión en la cual se dieron los supuestos abusos.
El jefe de bancada Javier Hernández se negó a dar declaraciones argumentando que existe un proceso penal en su contra y se debe respetar el debido proceso.
En este caso también está involucrado el diputado Giordano, protagonista de una escándalo por una conversación en redes sociales, en la que afirma que pondrá de rodillas al gobernador de San Marcos, a quien citó a su bancada. Giordano pidió disculpas a la Junta Directiva del Congreso y solicitó un permiso de 15 días, el cual le fue negado ayer.
Delitos imputados / Lo que manda la ley
Discriminación. Sanción con prisión de uno a tres años y multa de Q500 a Q3 mil. La pena se agravará en una tercera parte si el hecho sea cometido por funcionario o empleado público en el ejercicio de su cargo o cuando el hecho sea cometido por un particular en la prestación de un servicio público.
Abuso de Autoridad. El funcionario o empleado público que, abusando de su cargo o de su función, ordenare o cometiere cualquier acto arbitrario o ilegal en perjuicio de la administración o de los particulares, que no se hallare especialmente previsto en las disposiciones de este Código, será sancionado con prisión de uno a tres años.
Concusión. El funcionario o empleado público que, directa o indirectamente o por actos simulados, se interesare en cualquier contrato u operación en que intervenga por razón de su cargo. Los responsables serán sancionados con prisión de dos a seis años y multa de Q5mil a Q25 mil.
Tráfico de Influencias. Comete el delito la persona que, por sí misma o por interpósita persona, o actuando como intermediaria, influya en un funcionario o empleado público, prevaliéndose para ello de su jerarquía, posición, amistad o cualquier otro vínculo personal, para obtener un beneficio indebido. El responsable de este delito será sancionado con prisión de dos a seis años e inhabilitación especial.
Discriminación
El primer caso
En legislaciones anteriores se han presentado antejuicios contra diputados, pero esta es la primera vez por discriminación. Una de las principales imputaciones contra congresistas es por abusos de autoridad, como el caso del expresidente del Congreso Pedro Muadi, por crear plazas fantasmas.
Otros han sido señalados por tráfico de influencias, como ocurrió con Gudy Rivera, también expresidente del Legislativo, quien le habría propuesto darle el cargo de magistrada a Claudia Escobar, a cambio de ayudar a la exvicemandataria Roxana Baldetti.
Asimismo existen señalamientos por lavado de dinero, por el que ha sido procesado el expresidente de ese organismo, Eduardo Meyer, quien habría desviado Q82.8 millones.
La ruta a seguir
En el ámbito legal
Las solicitudes de antejuicio serán conocidas por el pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), quienes analizarán los medios de prueba presentados por el Ministerio Público (MP), para luego determinar si es procedente o no darles trámite.
Si los magistrados de la CSJ deciden darle trámite a las denuncias, tendrán que nombrar a un juez pesquisidor para que en un promedio de 60 días valide los medios de prueba presentados por el MP.
Luego de las investigaciones por el juez pesquisidor, los magistrados de la CSJ conocen de nuevo el expediente y los argumentos para quitarle la inmunidad a cada diputado. Después los documentos serán enviados a la Junta Directiva del Congreso, para que se someta a votación si los señalados deben ser enjuiciados.
“Es triste…” / Presidente Jimmy Morales
“Es triste y lo que haya que hacerse debe hacerse. Ustedes han escuchado que yo siempre he dicho que los debidos procesos son los que se deben dar. Para mí, que todas las instituciones cumplan con la función que les ha encomendado el pueblo”.
Esa fue la respuesta del presidente Jimmy Morales al ser consultado sobre los antejuicios presentados por el Ministerio Público en contra de ocho diputados de la bancada FCN-Nación, a quienes se les acusa de concusión, abuso de autoridad, tráfico de influencias y discriminación en contra de la gobernadora de Alta Verapaz, Estela Ventura. En el acto de juramentación de la nueva Corte de Constitucionalidad, efectuado en el edificio del Legislativo, el mandatario ignoró a los congresistas de la bancada oficial.
Laura Franco
DIPUTADA FCN-NACIÓN
Según el MP, habría dicho: “India estúpida, así se ha hecho, así se hace y así se hará”.
8 son los diputados oficialistas que enfrentan solicitud de antejuicio