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Las maras en la actualidad: una amenaza que exige recuperar el Estado

Una Guatemala Diferente Es Posible

Durante muchos años Guatemala interpretó el crecimiento de las maras como un fenómeno limitado a la exclusión social, la pobreza y la falta de oportunidades, sin embargo, la evolución de estas estructuras criminales demostró que el problema era mucho más profundo; lo que inició como agrupaciones juveniles vinculadas a violencia urbana y disputas territoriales evolucionó, con el paso de las décadas, hacia organizaciones criminales complejas con capacidad de adaptación, generación de recursos económicos, control territorial y presencia en distintos niveles de la vida nacional.

La realidad actual obliga a abandonar conceptos y diagnósticos del pasado, las maras ya no pueden analizarse únicamente como pandillas tradicionales, en la práctica, muchas de estas estructuras criminales operan mediante esquemas organizativos que les permiten combinar reclutamiento, intimidación, actividades ilícitas y redes económicas que facilitan su permanencia y expansión en todo el territorio nacional.

Su principal fortaleza ha sido la capacidad de evolucionar y adaptarse al entorno constantemente, hace treinta años gran parte de sus actividades giraban alrededor del narcomenudeo y enfrentamientos entre clicas rivales; actualmente el panorama presenta una dimensión distinta, la extorsión se transformó en una de las principales fuentes de financiamiento y en una amenaza cotidiana para miles de ciudadanos.

Comerciantes, transportistas, pequeños empresarios, emprendedores y familias enteras desarrollan sus actividades bajo amenazas permanentes, el impacto económico va mucho más allá de la cantidad de dinero que reciben estas organizaciones; afecta inversiones, genera cierre de negocios, limita oportunidades laborales y crea una cultura de miedo que debilita la convivencia social, y cuando la extorsión no se paga, asesinan despiadadamente.

Paralelamente, las organizaciones criminales han demostrado una enorme capacidad para utilizar menores de edad en distintas actividades ilícitas, los menores son empleados como vigilantes, distribuidores, transportistas, cobradores y en algunos casos como sicarios, ejecutores de asesinatos; este fenómeno requiere una discusión seria y responsable, porque evidencia la utilización de niños y adolescentes como instrumentos criminales por parte de estructuras que explotan vacíos institucionales y vulnerabilidades sociales.

Sin embargo, sería un error pensar que la solución se limita únicamente a capturas masivas o al incremento de penas, la experiencia internacional demuestra que encarcelar integrantes sin destruir sus mecanismos financieros y operativos produce resultados limitados, mientras las estructuras mantengan capacidad de reclutar, financiarse y reorganizarse, seguirán reemplazando integrantes detenidos.

El desafío principal para Guatemala consiste en recuperar el control efectivo del Estado por parte de sus autoridades, esto exige una estrategia integral basada en varios componentes:

El primero: Es fortalecer el marco legal para responder a amenazas criminales modernas, revisando normas relacionadas con extorsión, lavado de dinero, reclutamiento de menores, asociación criminal y mecanismos de investigación especializados.

El segundo: Es una reforma profunda del sistema penitenciario, históricamente, las cárceles han representado uno de los principales puntos débiles del Estado; es una realidad que las estructuras criminales han logrado mantener capacidad operativa desde el interior de los centros de detención, la construcción de infraestructura penitenciaria moderna y especializada, acompañada de controles tecnológicos, profesionalización del personal, mejores condiciones laborales y sistemas rigurosos de control y supervisión, constituye una necesidad estratégica en el combate a la criminalidad.

El tercero: Es la inteligencia criminal y financiera. Las organizaciones criminales (Maras) dependen de recursos económicos para sostenerse, el Estado necesita fortalecer sus capacidades para identificar lavado de activos, empresas de fachada, testaferros, patrimonios injustificados y redes económicas vinculadas a actividades ilícitas; golpear las finanzas puede resultar tan importante como realizar capturas para lograr sentencias condenatorias.

El cuarto: Es recuperar los territorios donde la presencia estatal es inexistente o se debilitó y las maras  ocupan ese espacio, y el miedo termina haciendo que la autoridad legítima sea sustituida  por los criminales; La recuperación territorial requiere de todo el poder del Estado en materia de seguridad, pero también inversión pública, educación, oportunidades laborales y programas preventivos dirigidos a jóvenes en situación de vulnerabilidad.

La discusión sobre las maras ya no debe centrarse exclusivamente en el número de capturas o en respuestas temporales, el problema exige políticas de Estado sostenidas durante varios gobiernos y no únicamente decisiones de corto plazo.

Guatemala aún puede recuperar espacios perdidos, pero el tiempo juega a favor de quienes han demostrado una enorme capacidad para adaptarse y evolucionar; ignorar la magnitud del problema o continuar improvisando tendrá un costo mucho mayor en el futuro.

El objetivo final debe ser claro, construir un país donde los ciudadanos puedan trabajar, emprender y vivir sin miedo, y donde la autoridad legítima del Estado prevalezca sobre cualquier estructura criminal.

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