El árbitro también se examina

Cuentas Claras

Ninguna institución puede exigir confianza: tiene que ganársela, decisión por decisión. Esa es la condición previa de toda democracia. Sin embargo, solemos creer que una democracia se mide únicamente el día de las elecciones, cuando la gente hace fila y deposita su voto. Es una imagen bonita, pero incompleta. Ser ciudadano no es un ejercicio que se agota cada cuatro años en una casilla de votación. Es una vigilancia permanente, y esa vigilancia se dirige, sobre todo, a quién cuenta esos votos.

A esa institución la llamamos el árbitro electoral. En Guatemala se llama Tribunal Supremo Electoral. Y como todo árbitro, su valor no está en jugar, sino en que ambos equipos confíen en que no hace trampa. Exigirle cuentas no es acusarlo de tramposo: es, precisamente, lo contrario. Es darle la oportunidad de demostrar que no lo es. Un árbitro sin esa oportunidad, sin credibilidad, no sirve, por más reglas que tenga en la mano.

El fin del beneficio de la duda

Todo tribunal nuevo tiene un período de gracia: el beneficio de la duda que se le da a una autoridad recién instalada, antes de que sus decisiones empiecen a pesar. La magistratura actual del TSE tomó posesión el 20 de marzo de 2026, con la promesa explícita de recuperar la confianza que quedó en el suelo tras el cuestionado proceso de 2023. Han pasado ya varios meses. Ese período de gracia ya terminó, y el balance institucional hasta ahora no acompaña la promesa inicial.

A nivel técnico, suspendió temporalmente diversos servicios electrónicos alegando razones de ciberseguridad, sin publicar hasta ahora un informe técnico que permitiera al ciudadano conocer el alcance real del riesgo.

A nivel de acceso ciudadano, restringió el ingreso de dispositivos a sus instalaciones —precisamente las herramientas con las que hoy cualquier ciudadano documenta y fiscaliza la actuación pública— sin ofrecer una explicación pública proporcional a la medida.

A nivel de transparencia formal, en distintas solicitudes de información pública presentadas por ciudadanos y organizaciones —un derecho, no un favor— ha respondido tarde, de forma incompleta, o amparándose en reservas que no siempre corresponden al criterio legal que las justificaría.

Ninguno de estos hechos, por sí solo, es una catástrofe. Pero juntos dibujan un patrón institucional, y ese patrón es exactamente el opuesto al que blinda una elección. Un árbitro que inspira confianza abre puertas; este, como institución, ha ido cerrándolas, una por una.

El precio de la duda

La factura de esa desconfianza se paga en la calle. Cada vez más guatemaltecos repiten la misma frase resignada: «¿para qué voto, si de todos modos ya está decidido?». Esa resignación es el veneno más lento y más letal para una democracia, porque no la mata de un golpe: la vacía de a poco, urna por urna. La confianza es un capital que tarda años en construirse y minutos en destruirse. Un árbitro no puede darse el lujo de gastarlo antes de que empiece el juego.

Y a diferencia de un fraude puntual —que se denuncia, se investiga, se corrige, y eventualmente se cierra—, la erosión de la confianza no deja un expediente que abrir. No hay una autoridad a la que acudir para reclamar que la gente vuelva a creer. Simplemente deja, elección tras elección, un poco menos de gente dispuesta a participar, y un poco más de terreno ganado por quienes prefieren que nadie vote en absoluto.

Lo que se exige no es fe, es transparencia

Un TSE que abre sus procesos, que contesta a tiempo, que muestra sus números sin que se lo rueguen, no tiene nada que temer de la fiscalización ciudadana. Al revés: sale fortalecido. La transparencia no es una amenaza para una institución honesta; es su mejor escudo.

En la práctica, esa apertura no es un gesto abstracto. Es un plazo de respuesta que se cumple sin necesidad de que el ciudadano tenga que insistir tres veces. Es un criterio técnico publicado antes de que se necesite, no inventado después para justificar una decisión ya tomada. Es un canal de acceso a la información que no dependa de la buena voluntad de turno, sino de un procedimiento previsible y verificable por cualquiera. Ninguna de esas tres cosas exige heroísmo institucional; exige, apenas, cumplir con lo que la ley ya le manda hacer al árbitro.

Y esto no es tarea de un solo ciudadano ni de un solo columnista. Es tarea de todos. El proceso electoral no empieza el día de la votación ni termina cuando cierran las urnas: se cuida antes, durante y después, vigilando a quien organiza el voto. Defender ese proceso no es solo un derecho del ciudadano. Es una obligación. Las instituciones no se fortalecen pidiendo paciencia; se fortalecen rindiendo cuentas. La patria, esa que tanto invocamos, no se hace un domingo cada cuatro años. Se hace todos los días.

Faltan meses para que arranque formalmente el próximo ciclo electoral. Estamos, todavía, a tiempo de exigir que el árbitro, como institución, ordene su casa y despeje las dudas antes de que la próxima elección las convierta en certezas de otro tipo. Porque la democracia no se sostiene sobre confianza ciega. Se sostiene sobre cuentas que cualquiera pueda revisar.

Ese es el examen que le espera al TSE. Y, hasta ahora, ha acumulado más preguntas que respuestas.

La confianza no se decreta. Se audita.