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Congreso aprueba la nueva Ley General del Sistema Portuario tras más de 12 horas de sesión

La normativa, que recibió 123 votos a favor, crea la Autoridad Portuaria Nacional y busca modernizar los puertos de Guatemala para impulsar el comercio exterior.

El Congreso de la República aprobó en la madrugada de este miércoles 5 de agosto el Decreto 20-2026, Ley General del Sistema Portuario Nacional, una normativa que busca modernizar el sistema marítimo del país y fortalecer su competitividad en el comercio internacional.

Una aprobación tras más de 12 horas de debate

La ley recibió el respaldo de 123 diputados, luego de una jornada legislativa que se extendió por más de 12 horas. Durante la sesión, el Pleno avaló los 163 artículos de la iniciativa junto a un paquete de 36 enmiendas consensuadas, en un proceso que integró las iniciativas de ley 6527 y 6541, esta última presentada originalmente por el Organismo Ejecutivo del presidente Bernardo Arévalo como parte de sus reformas económicas prioritarias para este año.

El nuevo marco legal contempla ejes como eficiencia operativa, seguridad y protección portuaria, competitividad, inversiones sostenibles y certeza jurídica, además de reforzar la institucionalidad y los mecanismos de fiscalización del sector.

Guatemala, gracias a su posición geográfica estratégica que conecta los océanos Pacífico y Atlántico, cuenta con Puerto Quetzal en el Pacífico y Puerto Santo Tomás de Castilla junto a Puerto Barrios en el Atlántico como sus principales terminales marítimas.

Nace la Autoridad Portuaria Nacional (APN)

Entre los cambios más relevantes, la ley crea la Autoridad Portuaria Nacional (APN), una entidad autónoma y descentralizada encargada de regular, planificar, fiscalizar, inspeccionar y sancionar conforme a la nueva normativa y a convenios internacionales como el Código Internacional para la Protección de Buques e Instalaciones Portuarias (Código PBIP).

La APN liderará el Sistema Portuario Nacional junto a otras instancias de coordinación, entre ellas el Comité Nacional de Protección Portuaria (Conaprop), el Comité de Apoyo Logístico al Sistema Portuario Nacional (Codas) y el Consejo de Usuarios del Sistema Portuario Nacional (Cusport), este último integrado por gremiales como la Cámara de Industria de Guatemala, Agexport, Camagro y la Cámara de Comercio.

El directorio de la APN estará conformado por representantes del Ejecutivo, incluidos delegados del Ministerio de Economía, del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, y del Ministerio de Gobernación.

En materia de tarifas, el artículo 53 establece nuevas tasas para el manejo de carga, además de una tarifa turística de US$2 por persona para quienes aborden o desembarquen de cruceros, de la cual el 50% será destinado al operador portuario público cuando las instalaciones turísticas funcionen en sus áreas.

Reducción de tiempos y costos para el comercio exterior

La ley también crea el Plan Nacional Integral de Desarrollo Portuario (Planport), orientado a reducir tiempos y costos en el comercio exterior, uno de los principales desafíos de competitividad del país. Según datos recopilados por medios locales, las demoras en los puertos guatemaltecos llegaron a elevar hasta un 35% el precio final de productos importados por vía marítima en 2024, una de las razones que impulsó la urgencia de esta reforma.

El sector empresarial ya reaccionó positivamente a la aprobación. Voceros de cámaras como la Cámara de Finanzas de Guatemala señalaron que la nueva ley representa un paso relevante para fortalecer las condiciones que favorecen la inversión y brindar mayor certeza jurídica a largo plazo.

Con esta aprobación, además, Guatemala da cumplimiento al Decreto 26-2024, Ley de la Autoridad Designada del Sistema Portuario Nacional, y deja atrás décadas sin una legislación integral que ordenara el funcionamiento de sus puertos. El decreto será remitido ahora al Organismo Ejecutivo para el trámite correspondiente.


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