Deniegan petición de arresto domiciliario a integrantes de La Línea
Las 18 personas involucradas en el caso La Línea, que pidieron una audiencia al juez Miguel Ángel Gálvez, para que se hiciera una revisión de medida de coerción y con ello buscar que se les beneficiara con arresto domiciliario, no lo lograron. El togado titular del Juzgado de Mayor Riesgo B, celebró la audiencia y posteriormente rechazó la petición de dejarlos en libertad pero bajo arresto domiciliario. Con lo anterior continuarán en prisión preventiva.
Dentro de este grupo que pedía una revisión de lo actuado hasta el momento, se encuentran los exdirectores de la Superintendencia de Administración Tributaria Carlos Múñoz y Omar Franco.
Incrustada en la SAT
El trabajo del Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) puso al descubierto una red de corrupción encabezada por Juan Carlos Monzón Rojas, el exsecretario privado de la vicepresidenta Roxana Baldetti.
Una estructura criminal con la capacidad para instalar o remover a dos superintendentes de administración tributaria, cobrar comisiones de hasta el 30 % del valor del impuesto a importadores y defraudar al fisco al menos Q2.5 millones a la semana.
Álvaro Omar Franco Chacón, y Carlos Muñoz Roldán, escucharon en una de las audiencias previas los señalamientos de la fiscalía de permitir que una organización criminal ejerciera control dentro de puestos clave adentro de la SAT y obtener un porcentaje de lo recaudado.
El procedimiento para la defraudación explicado por la fiscalía con la ayuda de las escuchas telefónicas era sencillo: al llegar un contenedor a la aduana, un técnico de la SAT reportaría la carga y le asignaría, después de haber hablado con un integrante de la red, un valor tributario menor del real.
El importador pagaría a la SAT un 40 % del impuesto que le tocaría, entregará un 30 % como un soborno a La Línea y se ahorraría (defraudación al fisco) el restante 30 %. Para lograr esto La Línea colocaría en puestos clave a miembros de la red, desde vistas aduaneros hasta jefes de recursos humanos, administradores y el mismo superintendente de la SAT. Una cadena que empezó al más alto nivel y que permitía delegar en cascada las responsabilidades de la estructura.
