Reforma agraria vía Ley de Extinción de Dominio
Por: Pablo Garcìa
Debido a que la Sesan no los puede administrar ni vender, el Congreso de la República y el Fontierras proponen utilizar los bienes extinguidos para redistribuir la riqueza en Guatemala. Indican fuentes oficiales que “para cubrir las demandas de miles de campesinos”, el Congreso impulsa la aprobación de reformas al Decreto 55-2010, Ley de Extinción de Dominio, para que los inmuebles que sean despojados a organizaciones ilícitas se trasladen al Fontierras. A agosto 2016, la Secretaría Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio (Senabed) tenía a su cargo 41 propiedades incautadas, y 49 propiedades extinguidas.
La iniciativa de ley busca cambiar los artículos 40 y 48 de la Ley de Extinción de Dominio, y ya cuentan con dictamen favorable de la Comisión legislativa de Agricultura, Ganadería y Pesca. Y, por si eso fuera poco, no piensan vender las tierras expropiadas, ni optimizar eficientemente el uso de los recursos extinguidos, sino regalar las tierras tomadas al crimen organizado y dárselas a la población vulnerable. Esa es la intención, pero todos sabemos cómo ese cuento termina, ya que será una fuente de corrupción, discrecionalidad y horrores, solo comparables con la ex Unión Soviética y sus Koljós y Komunalkas, Cuba y su dictadura y opresión, o los ejidos mexicanos y kibutz israelíes.
¿Cuántos campesinos caben en una mansión del puerto extinguida? ¿Se imaginan que la población vulnerable pueda vivir en la casa expropiada del Puerto, valorada arriba de los US$4 millones de la ex Vicepresidenta? ¿O que los campesinos se pongan a producir aguacates en la finca que expropiaron al expresidente Pérez Molina? Solo los niveles del Impuesto Único Sobre Inmuebles (IUSI) hace inaccesible la propiedad para casi la totalidad de la población guatemalteca, y ahora en el Congreso y Fontierras buscan regalarla. Lo que no es de ellos, no lo cuidan, ni lo valoran. ¿Cómo podrán los futuros propietarios, todos en estado vulnerable y una pobreza extrema, pagar el IUSI, los fertilizantes, la seguridad perimetral, los empleados y sus prestaciones, para poder poner a producir esas tierras?
Senabed, en 2016, tuvo 5 ampliaciones y/o transferencias a su presupuesto inicial de Q10 millones, y terminó el año teniendo Q29,206,387.65 (al segundo cuatrimestre). De los cuales para el programa 11 (Gastos de funcionamiento para administrar los bienes expropiados), tuvieron programado el monto de Q14,921,056.84 (al segundo cuatrimestre de 2016). ¿Qué campesinos o agricultores guatemaltecos tienen una caja chica o reciben remesas familiares por más de Q14 millones en un semestre para administrar los bienes extinguidos? Claro, una finca la van a dividir digamos entre mil familias, y hacer terrenos pequeños o pequeñísimos para que los pobres puedan cultivar y subsistir. Pero, sin agua potable y la larga lista de servicios esenciales, esos terrenos no solo los van a perder los guatemaltecos que los reciban, sino también los funcionarios públicos y el Estado de Guatemala, por habérselos dado en posesión o propiedad. Si nadie compra las fincas y terrenos del crimen organizado por miedo a represalias violentas, ¿qué cambiaría si se le entregan gratis a guatemaltecos de escasos recursos esas mismas propiedades?
Larga lista de necesidades y servicios esenciales
En la larga lista de prioridades y servicios esenciales, los guatemaltecos en pobreza y extrema pobreza lo que primero necesitan es educación eficiente, salud preventiva y real, seguridad, infraestructura (agua potable, luz eléctrica, desagües, carreteras, puentes, casas, etc.) para ellos mismos, y luego para toda su familia. Si ya tienen todas sus necesidades básicas atendidas, luego se puede pensar en proveerles acceso a la compra de tierras para que se puedan dedicar a la agricultura. Sin ingresos no se pueden poner a trabajar las tierras. También hay que proveerles de semillas, fertilizantes, agua potable, drenajes, impuestos, y herramientas, capacitaciones, etc.
Los nuevos señores feudales de la extinción
Los nuevos señores feudales serán los funcionarios que otorguen los títulos, y si lo hacen como lo han hecho a lo largo y ancho del mundo, pues ese cuento nunca termina bien. ¿Recuerdan el caso de la finca de citronela que le entregaron al padre Girón, en tiempos del presidente Vinicio Cerezo? No solo dejaron de producir citronela de exportación y nivel mundial, sino toda esa finca terminó como propiedad de los políticos que detentaron el poder en esa época.
Fontierras busca bienes extinguidos
Tal vez no mansiones en el puerto, o los edificios y apartamentos capitalinos, pero la iniciativa señala regalar aquellas propiedades con vocación agrícola, ganadera, forestal e hidrobiológica, los cuales pasarían a Fontierras, sin el pago de un solo centavo, ya que las instituciones públicas no producen riqueza ni pagan impuestos. El director de Fontierras, Axel Anzueto, a los medios de comunicación dijo: «La ventaja es que el Estado no requerirá de capital para la compra de los terrenos, ya que solamente serán asignadas a la institución, por lo que los fondos se dirigirían a otros temas, como la asistencia técnica y la implementación de programas en dichas regiones».
