Bernardo Arévalo se reunió en secreto con el gerente de Tigo en Casa Presidencial en medio del escándalo por las frecuencias 5G
El presidente Bernardo Arévalo sostuvo un encuentro privado con Carlos Navarrete, CEO y gerente general de Tigo Guatemala, en Casa Presidencial, justo cuando el Gobierno enfrenta señalamientos de la Contraloría General de Cuentas (CGC) por presuntas irregularidades en la adjudicación de frecuencias de telecomunicaciones. El dato salió a la luz luego de que la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad (SAAS) lo confirmara ante diputados del bloque Cabal, lo que reabrió el debate sobre la transparencia del Ejecutivo en un caso que involucra más de mil millones de quetzales en concesiones del espectro radioeléctrico.
¿Qué se sabe de la reunión entre Arévalo y el gerente de Tigo?
Según lo expuesto por la SAAS ante los legisladores, el mandatario se reunió el 5 de agosto de 2025 con Carlos Navarrete en las instalaciones de Casa Presidencial. De acuerdo con lo trascendido, el encuentro no fue anunciado públicamente en su momento y habría abordado, entre otros temas, la situación de los contratos de frecuencias que hoy están bajo revisión por parte del Estado.
Diputados del bloque Cabal han cuestionado que ni la Presidencia ni Tigo Guatemala informaran previamente sobre esta cita, lo que alimenta las dudas sobre qué tan involucrado ha estado el Ejecutivo en las negociaciones que rodean el futuro de las bandas 5G y 700 MHz, actualmente en manos de Tigo y Claro (Telgua).
El trasfondo: una subasta de 2023 que hoy pone en aprietos al Gobierno
Es importante aclarar el contexto: la adjudicación que hoy se investiga no ocurrió durante la administración de Arévalo, sino el 12 de septiembre de 2023, bajo el gobierno de Alejandro Giammattei. En esa subasta, la Superintendencia de Telecomunicaciones (SIT) entregó 60 megahercios del espectro radioeléctrico, distribuidos en seis bloques de 10 MHz de la banda 700 MHz, a Telgua (Claro) y Comunicaciones Celulares (Tigo), con un usufructo válido por 20 años que se extendería hasta 2042.
El Estado recaudó por esa adjudicación Q1,006 millones, una cifra que hoy es cuestionada porque el monto final no superó en más de 1% el precio base de la subasta. Como referencia, mientras en Guatemala el precio pagado equivalió a un centavo de dólar por unidad de espectro, en países como Chile ese valor alcanzó entre 12 y 13 centavos, según se expuso durante la citación de diputados a autoridades de la SIT.
A esto se suma que Herber Rubio, titular de la SIT, ha reconocido que hasta la fecha no se ha localizado el estudio técnico de precio ni la valoración del espectro que debió sustentar el precio base fijado en 2023, lo que refuerza las sospechas de que el proceso careció de los controles necesarios para garantizar competencia real, ya que solo dos empresas participaron y ambas resultaron adjudicadas.
La Contraloría corre contra el reloj para declarar lesivo el contrato
La CGC y la SIT tienen actualmente sus investigaciones en fase final, según han confirmado ambas entidades. La ley guatemalteca establece que un contrato solo puede declararse lesivo para los intereses del Estado dentro de los tres años posteriores al acto que lo originó, por lo que el plazo para actuar sobre la subasta de 2023 vence el 12 de septiembre de 2026.
El Ejecutivo ha señalado que espera un estudio internacional de valoración del espectro antes de tomar una decisión, pero hasta ahora no existe una consultora contratada para realizarlo, lo que reduce considerablemente el margen de tiempo disponible para declarar la lesividad antes de que opere el vencimiento legal.
El bloque Cabal exige declarar lesiva la adjudicación
Fue precisamente el bloque legislativo Cabal, encabezado por el diputado Luis Aguirre, el que citó a las autoridades de telecomunicaciones para exponer los hallazgos y solicitó formalmente al Ejecutivo declarar lesivo el contrato, con base en los artículos 19 y 20 de la Ley de lo Contencioso Administrativo. Aguirre sostuvo que en la subasta hubo «competencia limitada», ya que las ofertas apenas superaron el precio base sin generar una puja real que maximizara el ingreso estatal.
En ese mismo contexto surgió la información sobre el encuentro reservado entre Arévalo y el gerente de Tigo, lo que ha llevado a los diputados a exigir explicaciones sobre por qué se sostuvo esa reunión mientras el caso estaba bajo escrutinio de la Contraloría y sin que trascendiera a la opinión pública.
Preguntas que siguen sin respuesta
El caso deja sobre la mesa interrogantes que, hasta el momento, ni la Presidencia ni Tigo Guatemala han despejado públicamente:
- ¿Qué se negoció exactamente en la reunión del 5 de agosto de 2025 entre Arévalo y Carlos Navarrete?
- ¿Por qué el encuentro se mantuvo fuera del conocimiento público en su momento?
- ¿Qué tanta injerencia ha tenido el Ejecutivo en el proceso de revisión de las frecuencias 5G y 700 MHz?
- ¿Se declarará lesiva la adjudicación antes de que venza el plazo legal en septiembre de 2026, o el reloj jugará a favor de los operadores beneficiados?
Mientras la Contraloría cierra su auditoría y el reloj legal sigue corriendo, la falta de un estudio de valoración y la reunión reservada con uno de los principales beneficiarios de la subasta alimentan las dudas sobre la voluntad real del Gobierno de Arévalo para esclarecer un caso que compromete más de mil millones de quetzales del erario público.
