Cuando el poder deja de proteger

Fectiva

Estados Unidos se fundó sobre una idea poderosa: nadie está por encima de la ley. Ni reyes, ni ejércitos, ni funcionarios. La autoridad debía existir para proteger la vida, no para ponerla en riesgo. Sin embargo, en los últimos meses, esa promesa constitucional se ha visto seriamente erosionada por abusos sistemáticos y por el uso desproporcionado de la fuerza por parte de agencias federales de inmigración.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) tienen autoridad para portar armas. Eso no está en discusión. Pero esa autoridad no es ilimitada. Está sujeta a la ley, a la Constitución y a principios fundamentales de derechos humanos: la fuerza solo puede emplearse como último recurso, de manera proporcional y únicamente ante un peligro real e inminente.

Lo que estamos presenciando hoy va mucho más allá de esos límites. Disparos contra civiles. Operativos sin identificación clara. Uso de fuerza letal en contextos donde no existía una amenaza inmediata. Personas sin antecedentes criminales tratadas como enemigos de guerra. Y lo más alarmante: una narrativa oficial que justifica, protege y normaliza estos excesos, en lugar de investigarlos con rigor y transparencia.

Una mujer estadounidense fue abatida por agentes federales mientras se encontraba dentro de su vehículo, lejos de cometer un acto violento que justificara una respuesta letal. Semanas después, un ciudadano estadounidense, enfermero de profesión, fue mortalmente disparado mientras grababa con su celular, sin representar un peligro claro e inmediato.

Cuando una institución armada dispara primero y explica después, la ley deja de ser justicia y se convierte en intimidación. Cuando se bloquean investigaciones independientes, se ignoran testimonios y se desacreditan evidencias ciudadanas, el problema ya no es un agente individual: es un sistema que se protege a sí mismo.

Las víctimas no son solo migrantes. Son ciudadanos. Son familias. Son comunidades enteras que hoy viven con miedo, no del crimen, sino del abuso de poder. Y cada vez que el gobierno premia estas prácticas con bonos, inmunidad o silencio institucional, envía un mensaje devastador: la violencia se vuelve aceptable cuando proviene del Estado.

La remoción de Gregory Bovino, alto funcionario de la Patrulla Fronteriza, ha sido presentada como un acto de justicia. Pero la pregunta incómoda —y necesaria— sigue en pie: ¿esto es rendición de cuentas real o solo una maniobra para contener la indignación pública?

Una democracia no se mide por la severidad con la que castiga, sino por la disciplina con la que limita su propio poder. Cuando las agencias encargadas de hacer cumplir la ley actúan sin freno, sin supervisión efectiva y sin rendición de cuentas, el estado de derecho comienza a desmoronarse.

Hasta hoy no hay agentes procesados penalmente. No hay juicios abiertos. No hay sentencias. No hay reformas legales que establezcan límites claros al uso de la fuerza en operativos migratorios. Lo que existe es una reubicación administrativa y un mensaje implícito preocupante: el problema fue el manejo, no el modelo.

La ley es clara. La fuerza letal solo es legítima ante una amenaza real e inminente. No ante una sospecha. No ante la huida. No ante el miedo del agente. Cuando ese principio se diluye, el Estado deja de proteger y comienza a imponer por la fuerza su propia versión de la ley.

La Biblia nunca idealiza el poder. Al contrario, lo somete constantemente a juicio. Enseña que toda autoridad es delegada, no absoluta; que existe para proteger la vida, no para disponer de ella. Cuando la autoridad castiga al inocente o encubre al violento, traiciona su propósito. Y Dios no juzga únicamente al que ejerce la violencia, sino también el silencio que la permite, la orden que la autoriza y la estructura que la normaliza.

La justicia comienza cuando el poder acepta límites; cuando hay investigaciones verdaderamente independientes; cuando existen consecuencias penales si hubo abuso; y cuando se reforman las estructuras que permiten que estas muertes se repitan.

El uso de la fuerza sin responsabilidad no es fortaleza: es decadencia moral. Es tiempo de exigir límites claros, investigaciones transparentes y consecuencias reales. Es tiempo de recordar que la ley existe para proteger al pueblo, no para aterrorizarlo.

Porque cuando el poder se vuelve intocable, la ley deja de proteger y empieza a amenazar. Y una sociedad que normaliza el abuso, tarde o temprano descubre que nadie está a salvo. La justicia no comienza cuando se mueve a un funcionario, sino cuando el poder acepta límites. Solo entonces —y no antes— la justicia puede avanzar.

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