La Reingeniería Silenciosa del Poder Judicial

Zoon Politikón

EL CARRUSEL QUE NADIE VIO LLEGAR

En Colombia hubo un escándalo que pocos en Centroamérica conocen, y que merece conocerse antes de aprobar nada parecido aquí: funcionarios del propio órgano que debía garantizar la limpieza del sistema judicial usaron nombramientos temporales para inflar artificialmente sus pensiones. Le llamaron, con humor negro, el carrusel de las pensiones.

El órgano en cuestión era el Consejo Superior de la Judicatura, creado por la Constitución colombiana de 1991 con un propósito casi idéntico al que se discute hoy en Guatemala: sacar la administración judicial del terreno político y depositarla en un cuerpo técnico permanente. Durante años funcionó, en efecto, sin la negociación partidaria visible que caracterizaba al sistema anterior. Lo que nadie anticipó con suficiente claridad fue que ese mismo aislamiento del escrutinio político externo le permitiría, con el tiempo, desarrollar sus propios mecanismos internos de beneficio mutuo, sin la exposición pública que sí afecta a la corrupción tradicional. Nadie capturó al guardián. El guardián se capturó a sí mismo.

Este caso ilustra algo que el debate guatemalteco sobre reforma judicial tiende a pasar por alto: la captura institucional no desaparece cuando se elimina el mecanismo que hoy la permite. Se desplaza hacia el siguiente punto de control disponible, y ese desplazamiento suele ser invisible hasta que ya produjo años de daño acumulado.

Aplicado al caso guatemalteco, el mecanismo funciona así. Hoy, las redes de interés que buscan influir sobre el sistema judicial necesitan controlar votos dispersos: decanos de facultades de derecho, delegados gremiales, negociaciones puntuales con bancadas legislativas. Es un trabajo costoso, visible y fragmentado. Si ese sistema se sustituye por un órgano permanente con pocos integrantes y mandatos largos, el costo de captura cambia radicalmente: ya no haría falta convencer a docenas de actores dispersos, bastaría con controlar a unos pocos integrantes de un cuerpo estable, o con influir sobre el proceso mediante el cual se diseñan los criterios técnicos de evaluación que ese cuerpo aplicará.

Ese segundo mecanismo —el diseño de los criterios, no el voto final— es el más difícil de fiscalizar de los dos. Quien controla los baremos con los que se mide la idoneidad de un candidato a magistrado determina, sin necesidad de votar en ningún pleno legislativo ni de dar la cara públicamente, quién entra y quién no entra a la carrera judicial. Es poder ejercido en la fase de diseño técnico, no en la fase de decisión visible, y por eso mismo escapa al tipo de escrutinio periodístico y ciudadano que sí logra detectar la negociación política tradicional.

A esto se suma un segundo riesgo que el caso colombiano también ilustra con crudeza: cuando el mismo órgano que administra los ascensos también administra la disciplina interna, sus integrantes terminan evaluándose entre sí. La literatura institucional lo llama espíritu de cuerpo, y no requiere mala fe explícita para producirse: basta con que los incentivos de carrera, reputación y conveniencia mutua operen de la manera en que operan en cualquier organización humana donde los pares juzgan a los pares sin supervisión externa efectiva.

Ninguna versión pública conocida de la propuesta guatemalteca de 2026 ha mostrado todavía, con el detalle necesario, cómo evitaría estos dos mecanismos. No se trata de exigir perfección antes de aprobar cualquier cambio: se trata de exigir que el diseño responda, con la misma claridad con que se promociona el diagnóstico de captura actual, estas dos preguntas concretas antes de que el sistema entre en funcionamiento, no después de que el carrusel ya esté girando.

Hay todavía una tercera variable que el caso colombiano no resolvió bien y que merece atención específica en el debate guatemalteco: la autonomía presupuestaria. Si el nuevo órgano recibe un porcentaje fijo del presupuesto del Estado garantizado constitucionalmente, se convierte en una entidad financieramente soberana, prácticamente imposible de ajustar por el Congreso incluso si demuestra, con el tiempo, los mismos vicios que hoy se le critican al sistema vigente. La independencia presupuestaria protege contra el chantaje político de recortar fondos a un Poder Judicial incómodo. Pero también convierte cualquier error de diseño en un error casi permanente.

El error de Colombia no fue diagnosticar mal el problema de 1991. El diagnóstico era correcto. El error fue no preguntar, a tiempo, qué pasaría el día después de que el nuevo órgano empezará a operar sin nadie mirando por encima de su hombro.

La próxima entrega de esta serie examina un dato concreto sobre uno de los actores vinculados al debate de reforma judicial, y por qué ese dato importa menos por la persona que por el conflicto de diseño que revela.