Maestros y salubristas impidieron libre locomoción
PDH hace llamado al Gobierno para que vele por los derechos ciudadanos.
Maestros y trabajadores del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) efectuaron ayer no menos de 16 bloqueos en las entradas de la ciudad capital provenientes del norte y del occidente, y en las carreteras del interior, causando atrasos y pérdidas a la ciudadanía.
Los inconvenientes para las personas que se trasladan día a día hacia sus centros de estudio o sus actividades económicas comenzaron desde tempranas horas, lo que, en algunos puntos, fue motivo de altercados entre los pilotos afectados y los manifestantes.
Los atascos fueron aprovechados por algunas rutas del transporte urbano, en la ciudad capital, y en el extraurbano, para cobrar una tarifa más alta por movilizar a los pasajeros, quienes también se vieron obligados a trasbordar autobuses para llegar a sus destinos, informaron vecinos inconformes.
Como en ocasiones anteriores, los maestros y salubristas indicaron que tomaron la decisión de bloquear las rutas para que sean escuchadas sus demandas relacionadas con los beneficios que reciben por medio de sus pactos colectivos de trabajo y presuntamente, no se les ha cumplido.
También aprovecharon para mencionar que en algunos centros educativos no se les han entregado materiales de estudio y que reciben alimentos en mal estado para los estudiantes. Los trabajadores de Salud también indicaron que piden abastecimiento de medicinas para los hospitales.
PDH hace llamado
Ayer, el Procurador de los Derechos Humanos (PDH), Ramiro de León, exhortó al Gobierno para que impulse espacios de diálogo, en los cuales se puedan abordar las demandas de los grupos que protestan en varios departamentos del país.
Al mismo tiempo, hizo un llamado a los manifestantes para que sus acciones sean pacíficas y, fundamentalmente, para que se respete el derecho a la libre locomoción de todos los guatemaltecos.
Asimismo, el PDH hizo mención de que la Corte de Constitucionalidad en reiteradas ocasiones, en amparos provisionales, ha mandatado al Presidente de la República, al Ministro de Gobernación y al director de la Policía Nacional Civil (PNC) garantizar el derecho a la manifestación pacífica, pero también el derecho a la libre locomoción de personas y vehículos.
