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Mayoría de niños que trabajan son indígenas

Menores de entre 5 y 16 años y “en su mayoría indígenas” es el perfil habitual entre víctimas de trabajo infantil en Guatemala, reveló ayer la representante de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), Gloria Castro, y alertó de los riesgos para niñas, niños y adolescentes (NNA) en pobreza y pobreza extrema.

“Se les violenta el derecho a la vida, integridad, salud, educación, desarrollo integral y dignidad”, subrayó.

Estos niños se ven “expuestos” a la violencia física, accidentes, riesgos de salud, agresión y violencia sexual, explotación económica, reclutamiento para las pandillas, estigmatización, discriminación y trata de personas.

Asimismo, dijo que a pesar de que el Ministerio Público (MP), la Policía Nacional Civil (PNC) y la Procuraduría General de la Nación (PGN) “han desarticulado redes de explotación laboral infantil”, la PDH “constató” que estas tramas están relacionadas con casos de trata de personas y no de trabajo infantil.

La Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas (SVET) atendió del 2014 al 2015 a 72 menores en sus diferentes albergues temporales. No obstante, Castro lamentó que “hay pocas acciones” en contra de los “explotadores”, ya que son los afectados “los que buscan ayuda en los albergues temporales”.

Por otro lado, la defensora de la niñez y adolescencia de la PDH, Dulce Zúñiga, aseguró que los padres “se ven obligados a alquilar” a sus hijos por la situación de pobreza extrema.

QUIERen normativa

Castro exigió que se “accione para el impulso” de la iniciativa de ley 4849 que dispone aprobar la Ley de Armonización para Prevenir y Erradicar el Trabajo Infantil en Guatemala y que también se “debe reformar el Código de Trabajo” para aumentar la edad legal en la que se puede empezar a trabajar, de 14 a 17 años.

La PDH denunció que el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) no cumplió con acciones de programas para favorecer a menores, no involucró a las municipalidades, además de no capacitar a su personal ni a los beneficiarios de los proyectos.

También, que el Ministerio de Salud Pública no ha efectuado acciones sobre riesgos y daños derivados por el trabajo infantil. En cuanto a la política educativa, en ninguna actividad pudo observarse métodos para combatir la labor de los infantes.

Con base en la Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos (ENEI), el índice nacional de trabajo infantil se sitúa en 10.7% y un 57.9% de los trabajadores menores de edad son indígenas.