USAC: la repetición de la crisis

Caduceo

Hay un momento en toda crisis institucional en el que deja de ser noticia. No porque se haya resuelto, sino porque se vuelve costumbre. Eso es lo que ha ocurrido con la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC).

En 2022, la elección a rector marcó una ruptura profunda. Denuncias de exclusión, cuestionamientos al cuerpo electoral y una intensa judicialización configuraron un proceso que, aunque formalmente concluido, dejó abierta una crisis de legitimidad. En ese momento, el conflicto era visible, incómodo, imposible de ignorar.

Hoy, en 2026, la historia no solo continúa: se repite.

El nuevo proceso de elección a rector se desarrolla en un contexto donde los problemas estructurales no han sido resueltos. Persisten los señalamientos sobre la integración del cuerpo electoral, las disputas por la representación legítima y la recurrencia a mecanismos legales como forma de definir el resultado. Más que una oportunidad de corrección, la elección actual parece reproducir los mismos vicios que dieron origen a la crisis.

Este patrón es revelador. No se trata únicamente de fallas en un proceso específico, sino de la consolidación de una forma de hacer política dentro de la universidad. Una lógica en la que la competencia por el poder se desarrolla en condiciones cuestionadas, y donde la legitimidad deja de ser un requisito indispensable para el ejercicio de la autoridad.

La USAC funciona. Las clases continúan, las autoridades operan, las decisiones se toman. Pero esa aparente normalidad convive con una fragilidad de fondo: la falta de confianza en los mecanismos que producen esas decisiones. La nueva elección no parte de un terreno neutral, sino de una institucionalidad ya erosionada.

Este fenómeno no es aislado. Refleja dinámicas más amplias del sistema político de Guatemala, donde la repetición de prácticas cuestionadas es parte del problema. Procesos que cumplen con la formalidad, pero que generan dudas sobre su equidad. Instituciones que operan, pero cuya legitimidad es constantemente disputada. Conflictos que no se resuelven, sino que se administran.

Uno de los elementos más preocupantes es la persistencia de la judicialización. En lugar de fortalecer mecanismos internos de resolución, las disputas vuelven a trasladarse a tribunales. Esto no solo debilita la gobernanza universitaria, sino que profundiza la dependencia de actores externos, tensionando el principio de autonomía.

Pero el problema más profundo es otro: la repetición sin corrección. Cuando un sistema reproduce sus propias fallas sin generar cambios sustantivos, la crisis deja de ser una anomalía y se convierte en un patrón. La nueva elección a rector no representa, hasta ahora, una ruptura con el pasado reciente, sino su continuidad.

Esto tiene implicaciones que van más allá de la universidad. La Universidad de San Carlos de Guatemala es un espacio donde se forman profesionales, pero también donde se reproducen prácticas políticas. Si en su interior se normalizan procesos cuestionados, esos mismos patrones pueden trasladarse a otros ámbitos del Estado y la sociedad.

En 2026, la pregunta ya no es solo qué ocurrió en 2022. Tampoco es únicamente quién resultará electo en el nuevo proceso. La pregunta de fondo es si la universidad es capaz de romper con la lógica de repetición que ha caracterizado su crisis reciente.

Porque si los vicios persisten y las reglas no cambian, el resultado será el mismo: una autoridad formalmente electa, pero con legitimidad disputada.

Y en ese escenario, la crisis no solo continúa.

Se institucionaliza.

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