Columnas

De la desolación al proyecto emancipador

La exposición de la corrupción de los poderes reales que han mantenido cooptado al Estado durante décadas y, ante todo, la posibilidad de enviar a los principales responsables a enfrentar los tribunales de justicia ha generado todo tipo de sentimientos, reflexiones y manifestaciones. Observamos que la ciudadanía guatemalteca ha sufrido un vaivén de reacciones que van desde el enardecimiento, la pérdida del miedo, la condena, la esperanza, el asombro, la incertidumbre, el abandono de una conveniente ingenuidad, hasta una actitud permanente de sospecha, reprobación y asqueo. La frágil institucionalidad del país exhibe ante nuestras miradas que pocas entidades se escapan de la dimensión de la descomposición social. Aún más, uno podría dejarse llevar por razonamientos tales como que la corrupción haya sido el motor que articuló los sistemas sociales.

Pero el problema principal ha sido la reiterada ausencia de alternativas que unifiquen actores y agendas para salir de la crisis. En la actualidad, las instituciones, sectores y actores llamados a realizar propuestas, incluyéndonos a los ciudadanos en general, únicamente hemos sido capaces de observar o manifestar en plazas nuestro descontento. Pero aún no hemos podido evaluar la dimensión de la crisis de nuestro Estado. En todo caso, se han posicionado problemáticas que aún no se resuelven, como es la situación de los hospitales, los negocios flagrantes, los pactos colectivos que rebasan la racionalidad de lo justo, o más recientemente la situación de las carreteras.

Pareciera ser que en este momento las únicas instancias con capacidad de acción son el MP y la Cicig. Cuestión más que conveniente para promover las reformas del sector justicia. Quizá la otra institución que da visos de mejora es la SAT. Sin embargo, otras entidades han quedado sufriendo las consecuencias de la debacle que dejó la administración anterior. El sector educación, por ejemplo, ha quedado sumido en una terrible situación, pues la corrupción y las malas decisiones sacaron literalmente a 20 de cada 100 niños del nivel primario. Mientras el resto de los países de Centroamérica se preparan para reformar la secundaria y la universidad ofreciendo así mejores oportunidades a sus jóvenes, acá, por el contrario, condenamos a generaciones a vivir en la extrema pobreza desde que son niños. También hemos sido sensibles ante problemas tales como los riesgos inminentes o situaciones de tragedia a consecuencia de los desastres naturales, la contaminación o el desvío de los ríos.

Hoy más que nunca se demanda que instituciones con iniciativas de ley y capacidades de propuestas emerjan para proponer alternativas de acción. En este momento se necesita que la gente haga sentido y construya proyectos, más que reaccionar y paralizarse. El país debe ser retomado por la ciudadanía y por los diferentes pueblos. Casos como la cooptación del Estado constituyen precisamente un llamado a asumir la responsabilidad de convertirnos en sujetos capaces de hacernos cargo de nuestra historia. Al presente se nos ofrece otra oportunidad para dejar la falsa comodidad en que nos sumieron hace 60 años para no atrevernos a emanciparnos. La cobardía no va en estos momentos. Sobre la base del diálogo y la articulación de una acción reflexionada y comunicativa podremos reasumir nuestro proyecto colectivo que lleva por nombre Guatemala resignificada. Nadie puede quedar excluido de este noble y urgente esfuerzo.

La frágil institucionalidad del país exhibe ante nuestras miradas que pocas entidades se escapan de la dimensión de la descomposición social.