Guatemala en el terremoto global (Entrega I de VI)

Zoon Politikón

«De Ormuz al maíz en Zacapa»

Cómo una guerra a 12,000 kilómetros llega a la mesa de los guatemaltecos

Hay un agricultor en el corredor seco que no sabe dónde queda el Estrecho de Ormuz. Nunca ha oído hablar del precio del Brent ni de la Guardia Revolucionaria Islámica. Cultiva maíz, frijol y algo de yuca. Depende del fertilizante, del diésel del camión que lleva su cosecha al mercado y de los quetzales que su hijo le manda desde Houston. Ese hombre está pagando ya las consecuencias de una guerra que ocurre a 12,000 kilómetros de su milpa. Y nadie se lo ha explicado con la claridad que merece.

El 28 de febrero de 2026, los primeros misiles estadounidenses e israelíes impactaron sobre Irán. En cuestión de días, la Guardia Revolucionaria cerró de facto el Estrecho de Ormuz, la franja de agua por la que transita cerca del 20% del petróleo mundial. Las grandes aseguradoras marítimas retiraron coberturas en horas. Maersk y Hapag-Lloyd, dos de las mayores navieras del mundo, suspendieron operaciones en el Golfo antes de que terminara el día. El tráfico de buques cisterna cayó un 70% en las primeras 48 horas. El Brent, que cerraba febrero en 72 dólares, superó los 95 en la primera semana de marzo.

Lo que ocurre después no es opinión. Es mecánica de mercado. Sube el petróleo, suben los fertilizantes nitrogenados porque su síntesis depende del gas natural —cuyo precio acumula ya un alza superior al 90% según la Administración de Información Energética de EE.UU.—, sube el transporte de carga y en un horizonte de cuatro a seis meses, según proyecciones de la CEPAL para Centroamérica, la canasta básica guatemalteca acumula entre 12 y 18 puntos de inflación adicional. No es un escenario catastrofista. Es la secuencia ordinaria que cualquier economista de la región puede verificar.

La pregunta no es si va a ocurrir. Según el BID, ya está ocurriendo. La pregunta es cuánto va a costar y si alguien hizo algo para reducir ese costo cuando todavía había tiempo.

Según modelos del FMI, cada diez dólares de alza sostenida en el barril equivalen a entre 0.2 y 0.4 puntos menos de crecimiento para economías como Guatemala. Con el Brent consistentemente por encima de 100 dólares, el costo acumulado en 18 meses se estima en entre uno y dos puntos del PIB. Para una economía que crecía al 3.5%, eso no es un ajuste técnico. Es la diferencia entre crecer y estancarse.

Pero el PIB es una abstracción. Lo que no lo es la canasta básica. Una canasta que costaba Q3,800 antes del conflicto podría superar los Q5,000 en doce meses según proyecciones de la CEPAL. En quetzales que faltan para comprar maíz, frijol y aceite, eso no requiere modelo econométrico para entenderse.

Las familias del primer y segundo quintil no tienen margen de absorción. No tienen ahorros que sacrificar ni capacidad de reducir más su consumo sin afectar la alimentación y la salud de sus hijos. Según elasticidades históricas documentadas por el Banguat, una desaceleración de dos puntos del PIB puede traducirse en entre 300,000 y 500,000 personas adicionales bajo la línea de pobreza extrema. No son cifras abstractas. Son familias concretas en municipios concretos que el mapa de vulnerabilidad del país ya identifica con nombre.

¿Qué hizo Guatemala para prepararse cuando este escenario era predecible?

La respuesta incomoda porque es corta. Casi nada.

Llegó sin reserva estratégica de combustibles. Sin mecanismos de estabilización de precios de fertilizantes. Sin política de transferencias focalizadas lista para activar. Las tres medidas eran viables, ninguna requería reforma constitucional ni presupuesto extraordinario. Guatemala tiene Banguat, tiene MINECO, tiene una estructura de protección social. Lo que faltó no fue capacidad. Fue la decisión de usarla cuando todavía había tiempo. Esa es la diferencia entre un Estado que gobierna y un Estado que reacciona.

El maíz en Zacapa no puede esperar que alguien en Washington o en Teherán decida terminar la guerra. Pero sí puede esperar que alguien en Ciudad de Guatemala decida hacer lo que debió hacerse cuando había más holgura para hacerlo. Eso no es fatalismo. Es diagnóstico.

Cuando el deterioro económico no encuentra contención institucional, no se detiene en la canasta básica ni en el tipo de cambio. Sigue avanzando hacia el tejido social, hacia las comunidades que el Estado ya no puede sostener, hacia los territorios donde alguien más llena el vacío con una eficiencia que ningún ministerio ha igualado. Eso es lo que la próxima entrega examina: quién ocupa el espacio que el Estado deja vacío.