¿Hay que legalizar las drogas para evitar que se abusen? 

Generación de Cristal

Uno de los debates que han tenido un mayor auge en los últimos años es el de la legalización de las drogas. Hay quienes defienden que el uso de cualquier sustancia debería estar sujeto a la voluntad del que las usa; ilegalizarlas es una limitación de su libertad y es, por tanto, equivocado. Sus contrarios defienden que, así como no tenemos la capacidad de vender nuestro cuerpo incluso siendo nuestra propiedad, no deberíamos tener la libertad de «esclavizarlo» a través de las drogas. Aun así, al menos así quiero creerlo, todos coinciden en cierta medida en que sería mejor un mundo en el que se consumieran menos sustancias en exceso. Con eso en mente, la pregunta que quiero explorar hoy es distinta, pero más concreta: asumiendo que el objetivo es reducir la cantidad de drogas consumidas en exceso, ¿deberíamos legalizarlas o no? 

La respuesta a esto, o al menos así lo han creído los legisladores de la mayoría del mundo, es obvia: si el consumo de drogas se ilegaliza, menos personas se atreverán a usarlas por el miedo de ser penalizadas. El éxito que ha tenido esta postura, no obstante, es dudoso. A principios de las décadas de los 70 y 80, el consumo de sustancias en EE. UU. era gigantesco, mientras que la famosa guerra contra las drogas recién estaba naciendo. Al inicio, se gastaban 100 millones de dólares del presupuesto en esta lucha; para el 2025, el número había subido a 44.5 mil millones. 

¿Y qué tanto se ha reducido el consumo? Pues más bien ha aumentado: la cocaína rompió el récord mundial de producción en 2023 y la tasa de sobredosis aumentó de 8.2 por cada 100 mil personas en 2002 a 32.6 en 2022. En contraste, la tasa de asesinatos en Guatemala por cada 100 mil personas fue de 17.3 en 2025. Es decir, es casi el doble de probable morir de sobredosis en EE. UU. que asesinado en Guatemala. 

Los legisladores que de corazón deseaban reducir el abuso estarán de seguro perplejos ante esta situación. ¡Pero si tiene todo el sentido económico del mundo! El precio, entendido en su sentido económico de todo lo que cuesta conseguir un bien — dinero, esfuerzo, salud, posibilidad de cárcel—, aumenta cuando se ilegalizan las drogas. Según la ley de demanda, si todo permanece constante, la cantidad demandada de un bien —en este caso sustancias— disminuye al aumentar el precio. ¿Cómo es que, tras tanto gasto en perseguir la producción y el consumo de drogas, aumentando el precio, la gente consuma más y muera de sobredosis en mayor número? 

Quizás ya notó el gran asterisco: esta ley solo aplica si todo lo demás permanece constante. Si hay algo que hace que cambie por completo la estructura, y por tanto elimina este principio esencial, es la ilegalización. Primero, queda claro que, sin importar qué se haga, siempre existirá demanda para las drogas: consumimos alcohol desde que lo descubrimos en las frutas podridas y las demás sustancias no son la excepción. La consecuencia de que todavía exista demanda es que se crean cárteles que dominan la oferta. ¿Por qué? Por razones puramente económicas. Al ser ilegal la venta de drogas, su transporte aumenta de precio —de nuevo, en su sentido económico— en gran medida, por lo que solo aquellos que tengan ya recursos suficientes pueden comerciar con sustancias. 

Otra consecuencia interesante es que aquellos que producen y comercian con drogas ya cometieron un delito. Es decir, en parte, ya pagaron parte del precio de cometer un crimen: la probabilidad de ser encontrado y la fuerza del castigo en caso de serlo. La idea es sencilla: si ya robaste una cartera, ¿por qué no robar una segunda al mismo tiempo? La probabilidad de ser descubierto es la misma, mientras que el castigo que recibiría de ser atrapado apenas aumentaría un poco. 

Incluso, en gran relación con el aumento de sobredosis y consumo, el tipo de droga que se comercia cambia. Si todo es legal, al vendedor le interesa comerciar con lo que le entregue mayor ganancia y punto. Ahora bien, en un mercado ilegal, el traficante debe prestar atención no solo a las ganancias, sino también a bajar la probabilidad de que lo atrapen. Por esa razón, si tiene que decidir entre transportar una droga de relativa baja potencia, como la marihuana, frente a otra de altísima potencia como la heroína y el fentanilo —sustancias, además, mucho más adictivas—, buscará la más potente, pues en un mismo espacio puede transportar más dosis. Es decir: si es ilegal, debe prestar atención a la probabilidad de ser atrapado; al ser mayor entre más drogas tiene que transportar, tiene incentivos para transportar menos cantidad, ajustando con drogas que ocupan menos espacio al ser más potentes. 

En general, el punto es que la estructura de incentivos cambia muchísimo al ilegalizar un bien, por lo que los efectos generados son impredecibles incluso cuando se aumenta el precio del bien. ¿Qué podemos hacer entonces? El caso que me parece más ilustrativo es el del tabaco. En los años 50, se empezó a hacer público que fumar, lejos de ser aquel remedio recomendado por doctores, era muy dañino para la salud. Pocos años después, la mayoría de los fumadores eran conscientes del daño, pero ¿cuántos dejaron de fumar por eso? Muy pocos. Siendo el objetivo general que la gente dejara de fumar por sus grandes daños a la salud, se buscó otra solución: se le subieron los impuestos al tabaco, se prohibió que se anunciaran y, además, se les impidió aparecer en películas. ¿El resultado? Hoy, en los países donde se implementaron estas políticas, el consumo de tabaco ha disminuido muchísimo. 

Por supuesto, existen problemas éticos sobre esto. ¿Debería acaso ser trabajo del Estado preocuparse por el consumo de tabaco (o cualquier droga) o, mientras no afecten al resto, deberíamos dejarlos en paz? Este debate es interminable y, aun así, inútil si no hacemos uso de la economía. Al final, ¿cómo entenderíamos la moralidad de una ley sin conocer sus consecuencias?