Autopsia a un editorial (Parte final)

Teorema

Cuando el trabajo profesional de un funcionario competente es objeto de detracción y calumnia y no puede acudir a los tribunales pidiendo sanciones contra el difamador, es mejor no responder ya que es poco elegante ponerse a la altura de quien causó el infundado agravio. Pero dejar de hacerlo puede ser interpretado por la comunidad como aceptación o indiferencia.

En cambio, aquellos miembros de la sociedad que cuenten con conocimientos o criterios que sustenten la verdad y tengan los medios para exponerlo, deben responder al compromiso moral de contribuir a reparar el buen nombre y reputación de la persona agraviada. Testificar la verdad constituye un deber moral cuando su omisión contribuye a la injusticia.

En cursiva el texto original de la segunda parte del artículo, que primero fue editorial, publicado en República el 14 de mayo anterior.

La cobertura geográfica sin la capacidad operativa real se convierte en una promesa a medias. El grueso de las denuncias ciudadanas termina en desestimación según cifras oficiales del MP.

Pareciera que ese párrafo lo hubiera redactado Todd Robinson quien una vez afirmó “No creo que la soberanía sea el tema más importante entre las prioridades del país, mientras no se resuelvan otros problemas”. La doctora Porras creó 277 sedes al principio de su gestión. Antes que ella hubo 8 fiscales generales titulares quienes, en 24 años, apenas crearon 63 sedes. Para hacer, en tan corto plazo una obra de esa magnitud obtuvo un préstamo de US $60 millones del BID y consiguió que USAID donara mobiliario y equipo por cuyo valor se estima en cerca de US $13.5 millones. Completó con fondos del presupuesto del MP. Cerca de Q. 2 millones por sede. Como referencia, construir y equipar un centro de salud tipo B en las cabeceras municipales pequeñas cuesta entre Q3.7 y Q7 millones; tipo A, en cabeceras municipales más grandes, entre Q10 y Q17.5 millones.

Las sedes del MP operan con un fiscal, un auxiliar y personal de seguridad básico. Se concentran en atender problemas menores; los casos más complejos se llevan a las sedes departamentales. Se desjudicializó casos que llevaban tiempo de estar entrampados y otros. Opino que fue una solución sensata. La gente no se quejó. Por lo contrario, se fue creando una cultura de denuncia judicial, al tiempo que dentro de un proceso social lento, se van guardando las pistolas y los machetes.

Sin embargo, el legado más pesado de Porras es la pérdida absoluta de credibilidad y confianza ciudadana en el ministerio público.

Con mis disculpas al autor, esa es una declaración perversa, digna del periodista fugitivo Juan Luis Font.

La institución que debería ser el baluarte de la legalidad e imparcialidad ha sido percibida cada vez más como un actor político y como una herramienta de persecución selectiva. Esta erosión de la confianza es el rezago más grave que deja su administración.

Más que imprecisión, me parece que esta es una falsedad. Lamento que el autor no consigne cifras, fechas ni ofrezca referencia alguna que valide sus declaraciones. Las emite con la postura de una supuesta autoridad moral. O la de un juez que emite un fallo después de haber analizado la argumentación de los defensores y fiscales y examinado detenidamente toda la evidencia concreta aportada. 

A fines de marzo pedí a la IA que listara los detractores de la Fiscal, reproduje y publiqué la lista en un artículo de 1,549 palabras. Los detractores, que parecieran ser numerosos son grises y anónimos, muchos de ellos posiblemente bajo paga. También pedí un listado de los vindicadores (personas que defienden a otro que ha sido injuriado o calumniado) de la doctora Porras. El listado que recibí era sumamente extenso, tuve que distribuirlo en dos partes que ocuparon 2,800 palabras y quedó material para una tercera entrega que ya no hice. Una importante organización social conocida me reclamó no haberlos incluido.

Peor aún, durante su mandato no se registró avance significativo alguno contra la corrupción flagrante que caracterizó al gobierno de Alejandro Giammattei.

Hay que recordar que Giammattei tiene derecho de antejuicio mientras sea diputado al PARLACEN (habría que cerrar ese refugio). Entiendo que la exministra de salud y otros funcionarios ya enfrentan demandas judiciales. En cuanto a la pareja sentimental de Giammattei y otros exfuncionarios, no me convence la explicación basada en “reserva de la investigación” que ofrece el MP. Habrá que preguntar al nuevo Fiscal.

Al contrario, numerosos casos de alto impacto se cayeron se archivaron o perdieron fuerza por decisiones controversiales o dilaciones que muchos atribuyen directamente a la gestión de la fiscal. Esta inacción ante casos que involucran a corruptos ha cimentado la impunidad.

Convendría que el articulista ofreciera nombres y ejemplos. ”Numerosos casos” es tan impreciso como “muchos atribuyen”. Hay tanta vaguedad…

El gran reto que enfrenta ahora Gabriel García Luna es precisamente reconstruir esa confianza perdida. No bastarán discursos ni promesas, se requieren hechos concretos, investigaciones rigurosas, acusaciones sólidas y fundamentadas y una persecución penal e imparcial que no distinga entre colores políticos, posiciones económicas o influencias.

Me parece estar escuchando uno de los discursos políticos de Roberto Arzú en busca de la presidencia frente a un público de personas muy sencillas. Por otra parte, en mi opinión, no hay tal cosa como “una confianza perdida”. Desde los tiempos de Ramsés Cuestas, primer Fiscal General, hasta la fecha, me parece que el Ministerio Público ha conseguido mantener la confianza de años atrás, a pesar de la intensa campaña de desprestigio desarrollada por el gobierno de Arévalo, sus aliados en la comunidad europea y en los organismos multinacionales posibles cómplices en el fraude de 2023.

Si la Comunidad Internacional, el Ejecutivo, el gobierno de Biden, la prensa nacional e internacional, los difamadores bajo pago, la gente de los 48 cantones y las organizaciones de izquierda no hubieran minado la credibilidad en el MP, la percepción de la ley y la justicia en Guatemala sería otra y mucho mejor.

García Luna debe priorizar la Independencia institucional. Deberá blindar al MP de presiones externas ya vengan del ejecutivo, del legislativo o del crimen organizado.

Obviamente, así debiera ser. Pero pienso, con temor, que la relación entre García Luna y Bernardo Arévalo se fundamenta en un compromiso donde la ley y la justicia no son prioridad. Proteger al mandatario de las graves acusaciones de impostura y fraude electoral en su contra podría ser lo más importante. Las 8 mil hojas de adhesión falsas usadas para formar el Movimiento Semilla y desestimar su consecuencia legal será la innoble tarea prioritaria del Ministerio Público.

Aunque pueda sonar prematuro juzgar una gestión que apenas iniciará, el éxito o fracaso de García Luna se medirá al final de su periodo. Habrá valido la pena su nombramiento sí al término de su mandato no se habla de su gestión como otra oportunidad perdida, tal como ocurre con la administración que concluye. Guatemala necesita urgentemente un MP fuerte, autónomo y creíble capaz de combatir la corrupción sin miramientos y garantizar la justicia igual para todos.

Ojalá así sea. Pero abrigo temores en contrario. Me temo que muy pronto los exfuncionarios ahora en el exilio, quienes ya perdieron parte de los privilegios otorgados por Blinken, regresarán a Guatemala sin enfrentar a la justicia. Los cargos contra ellos serán sobreseídos. El dinero que la señora Aldana robó en la compra del edificio de la Zona 5, dirán que nunca existió. Los cargos contra Juan Francisco Sandoval por su actuación en el caso Odebrecht en el que se supone que hubo culpa suya desaparecerán, como se desvanece el humo de un cigarrillo. Y así…

Los guatemaltecos observamos con atención y optimismo este cambio; García Luna tiene la responsabilidad histórica de demostrar que el ciclo de la instrumentalización puede romperse. De él depende que el MP recupere su rol fundamental en la consolidación del estado de derecho real en Guatemala.

¿Hay ignorancia en el párrafo anterior? ¿Ingenuidad? No lo creo. Ojalá fuera así. Pero si no hay candidez ni candor en él ¿Qué lo movió a escribirlo? Seguramente sabe que en 2023, cuando el MP tuvo evidencia suficiente para demostrar fraude en la inscripción de “Movimiento Semilla” y desarrolló acciones que pudieran terminar en una elección ilegítima, como efectivamente sucedió, García Luna fue el abogado y asesor jurídico en la defensa constitucional y penal del proceso. También intervino en los recursos legales para impedir la suspensión de Semilla. Además, desarrolló las estrategias legales para enfrentar a la FECI en defensa de Semilla y Arévalo. En público, figuró como abogado crítico en contra de las actuaciones del MP. Más tarde fue nombrado por el mismo Arévalo, como asesor penal del despacho superior de la PGN y recientemente como Fiscal General. Es muy difícil que García Luna pueda abandonar el papel de defensor de Bernardo Arévalo, cargo que bajo condiciones distintas asumió en 2023.