La Reingeniería Silenciosa del Poder Judicial 3
Zoon Politikón
LA PIEZA QUE SE QUIERE PONER EN SU LUGAR
Es fundamental que, antes de tomar partido, se entienda con la misma precisión la arquitectura que se propone instalar. No se puede evaluar un reemplazo si solo se conoce su nombre y su promesa.
En 2016, la Iniciativa 5179 propuso crear un Consejo Nacional de Justicia, un órgano permanente de gobierno judicial con facultades administrativas y financieras amplias sobre el Organismo Judicial. No se trataba de una comisión temporal convocada cada vez que hay una vacante, como las actuales comisiones de postulación, sino de un cuerpo estable, con sede fija, presupuesto propio y funciones continuas de gestión de la carrera judicial: ascensos, traslados, evaluación de desempeño y, según ciertas versiones del texto discutido en aquel momento, también disciplina.
Diez años después, Poder Ciudadano propone una arquitectura con el mismo principio rector —sustituir el filtro fragmentado y gremial por un órgano técnico permanente— aunque con menos detalle público disponible sobre su diseño exacto, porque el texto articulado completo todavía no se ha hecho público. Lo que sí se sabe, por declaraciones de sus promotores y por la cobertura periodística de su presentación, es la dirección del cambio: eliminación de las comisiones de postulación, exclusión del Congreso en la elección de magistrados de Salas de Apelaciones, y un nuevo diseño institucional para gestionar la carrera judicial de forma continua, no episódica.
La diferencia entre un sistema episódico y uno permanente no es un detalle administrativo, es el corazón del cambio. El sistema actual convoca comisiones distintas cada vez que hay una vacante, con integrantes que cambian, que se dispersan después de cumplir su función, y que vuelven a sus actividades ordinarias. El sistema propuesto crea, en cambio, una estructura que no se disuelve: permanece en el tiempo, acumula conocimiento institucional, desarrolla su propia cultura interna, y —esto es decisivo— concentra en pocas manos estables una función que antes estaba repartida entre decenas de comisionados que se renovaban con cada proceso.
Esa permanencia tiene una ventaja real que sería deshonesto no reconocer: un órgano estable puede planificar a largo plazo, profesionalizar la gestión de la carrera judicial, y evitar la improvisación que caracteriza a comisiones que se forman desde cero cada vez. Ningún sistema judicial serio del mundo gestiona sus recursos humanos exclusivamente por convocatorias episódicas. La permanencia institucional es, en sí misma, una mejora técnica defendible.
Pero esa misma permanencia plantea preguntas que ninguna versión pública de la propuesta de 2026 ha respondido todavía con el detalle necesario. ¿Quién integra ese órgano y por cuánto tiempo? ¿Sus miembros pueden ser removidos antes de que termine su mandato, y por quién? ¿El órgano administra exclusivamente la carrera judicial, o también ejerce funciones de disciplina sobre los mismos jueces que evalúa para ascenso? ¿Recibe un presupuesto fijo garantizado constitucionalmente, blindado frente a cualquier ajuste posterior del Congreso? Cada una de estas preguntas tiene una respuesta de diseño distinta en cada experiencia comparada, y cada respuesta distinta produce un resultado institucional diferente, como mostrará una próxima entrega de esta serie.
Conviene nombrar, sin eufemismos, qué arquitectura de poder resulta si esas cuatro preguntas quedan sin responder en el texto final. En la teoría constitucional clásica existe un concepto preciso para describirla: legitimidad cruzada rota. Todo poder que no es electo directamente por el pueblo —y el Poder Judicial nunca lo es— deriva su legitimidad democrática de su vínculo con los poderes que sí lo son. Cuando ese vínculo se corta sin sustituirlo por otro mecanismo de control externo, lo que queda no es un poder más independiente en sentido republicano. Es un poder que se reproduce a sí mismo, se evalúa a sí mismo y se disciplina a sí mismo, sin que ningún otro órgano del Estado pueda removerlo, contradecirlo o auditarlo de forma efectiva.
Eso no produce un poder supremo en sentido constitucional estricto —siempre existirán la Constitución, la Corte de Constitucionalidad y el presupuesto como límites formales—. Produce algo más peligroso en la práctica: un poder con capacidad creciente de blindarse desde adentro, sin mecanismo externo efectivo que lo corrija cuando falla. La diferencia entre un poder fuerte y un poder insuficientemente contrapesado no es de grado, es de dirección: el primero responde ante alguien cuando se equivoca; el segundo acumula el error sin que nadie pueda detenerlo desde afuera.
Esta alerta no depende de quién esté detrás del diseño, ni de qué intención tenga. Madison lo explicó hace más de dos siglos con una frase que cualquier guatemalteco puede entender sin necesidad de leer El Federalista completo: si los hombres fueran ángeles, no haría falta ningún gobierno que los limitara. El argumento no es que los promotores de esta reforma actúen de mala fe —no hay evidencia de eso, y esta serie no la va a inventar—. El argumento es que ninguna persona, sin importar cuán honesta sea hoy, debería recibir un poder que nadie más pueda revisar mañana. Esa es la prueba que cualquier diseño institucional serio tiene que superar, y es exactamente la prueba que la propuesta de 2026 todavía no ha mostrado superar en público.
Lo que sí puede afirmarse con la información disponible hoy es esto: tanto en 2016 como en 2026, la dirección del cambio apunta hacia la misma transformación estructural. Se reduce o elimina la intervención de actores fragmentados —universidades, gremios, Congreso— y se concentra la función en un cuerpo único, técnico y permanente. Esa concentración puede resolver el problema de la captura dispersa que afecta al sistema actual. También puede, si no se diseña con los controles adecuados, convertirse exactamente en lo que describe el párrafo anterior: un poder con capacidad creciente de blindarse desde adentro, dentro del propio Estado guatemalteco, sin necesidad de que nadie lo haya buscado así desde el principio.
Esta es, con la información pública disponible, la arquitectura que se propone instalar. Si el texto final no responde, con mecanismos verificables, quién remueve a quien integra ese órgano, lo que se está construyendo no es independencia judicial. Es poder sin contrapesos con otro nombre.
La siguiente entrega de esta serie examina, con un caso real de otro país, qué ocurre exactamente cuando ese tipo de órgano permanente empieza a operar sin los controles que su propio diseño dejó pendientes.
