IUSI el impuesto que reabre el debate sobre Justicia Tributaria y Retorno Ciudadana
Una Guatemala Diferente es Posible
El Impuesto Único Sobre Inmuebles (IUSI), regulado mediante el Decreto 15-98 del Congreso de la República, se ha convertido en uno de los tributos municipales que genera mayor debate y cuestionamientos entre diversos sectores ciudadanos en Guatemala, aunque su objetivo original fue fortalecer la capacidad financiera de las municipalidades y contribuir al desarrollo de infraestructura y servicios públicos locales, cada vez más contribuyentes consideran que el modelo actual presenta limitaciones que lo alejan de la realidad económica de quienes deben asumir su pago.
La discusión se centra en un aspecto que para muchos ciudadanos representa una contradicción fundamental: el impuesto grava la propiedad inmobiliaria bajo la premisa de que el patrimonio constituye un indicador de capacidad económica, pero diversos sectores sostienen que poseer una vivienda o inmueble no necesariamente significa contar con ingresos suficientes o liquidez para afrontar obligaciones tributarias permanentes. El cuestionamiento cobra especial relevancia en el caso de jubilados, adultos mayores y familias afectadas por el incremento sostenido del costo de vida, quienes pueden poseer un inmueble adquirido durante décadas de trabajo sin que ello implique disponer de recursos económicos suficientes para cubrir gastos adicionales.
Para estos sectores, el problema no radica únicamente en la existencia del impuesto, sino en su continuidad independientemente de la situación financiera del propietario, aunque una persona deje de percibir ingresos estables o enfrente dificultades económicas, el cobro continúa generándose de manera periódica y puede acumular sanciones e intereses por mora, convirtiéndose para algunos en una obligación cada vez más difícil de sostener.
Las críticas se han intensificado especialmente en municipios con alta plusvalía inmobiliaria y acelerado crecimiento urbano como Santa Catarina Pinula, Mixco, Fraijanes, Villa Nueva, San José Pinula y diversos sectores periféricos de la ciudad capital; residentes y organizaciones vecinales han manifestado que, además del pago del IUSI, muchos propietarios deben asumir gastos privados asociados a servicios que consideran insuficientes o inexistentes por parte de las autoridades municipales.
Los señalamientos incluyen gastos destinados a mantenimiento y reparación de calles, sistemas privados de abastecimiento de agua, seguridad, mantenimiento de infraestructura y diversos servicios complementarios financiados mediante cuotas vecinales, para algunos ciudadanos esto genera una doble carga económica: por una parte, el pago obligatorio de impuestos municipales y, por otra, el financiamiento privado de servicios que consideran debería estar cubiertos por la administración pública.
El debate alcanzó incluso al Congreso de la República, donde distintas iniciativas buscan reformar el modelo actual. Algunas propuestas plantean reducir la carga tributaria sobre vivienda familiar, modificar las bases imponibles y establecer beneficios o exoneraciones para adultos mayores, jubilados y familias que adquieren su primera vivienda mediante créditos hipotecarios; paralelamente, otras iniciativas impulsan una posición más radical consideran necesaria una revisión profunda del impuesto, argumentando que podría existir una contradicción con el principio de capacidad de pago debido a que grava un patrimonio adquirido previamente mediante ingresos ya sujetos a otros tributos.
Por otro lado, las municipalidades y entidades vinculadas a la administración local defienden el IUSI como una fuente esencial de financiamiento para garantizar la autonomía municipal y la prestación de servicios públicos, argumentan que una reducción significativa o una eventual eliminación del impuesto podría afectar la capacidad operativa de las alcaldías y limitar proyectos de infraestructura y desarrollo local.
Especialistas en materia tributaria consideran que el debate probablemente no gira únicamente alrededor de mantener o eliminar el impuesto; algunos sostienen que el modelo actual podría requerir ajustes que permitan evaluar de mejor manera la situación económica real de los contribuyentes, especialmente en los casos de adultos mayores o jubilados en donde el valor patrimonial del inmueble no coincide con la capacidad económica de sus propietarios, otros advierten que eliminar el impuesto sin mecanismos alternativos podría generar efectos negativos sobre las finanzas municipales y afectar la prestación de servicios básicos.
Entre las alternativas discutidas aparece un sistema basado en contribuciones por mejoras, mediante el cual los ciudadanos aportarían en función de obras específicas ejecutadas en sus sectores, estableciendo una relación más directa entre el pago realizado y el beneficio obtenido; sin embargo, especialistas también advierten que un modelo de este tipo podría presentar limitaciones para financiar proyectos integrales y reducir la capacidad de inversión en áreas con menores recursos.
Más allá de las posiciones políticas, jurídicas o técnicas, el debate sobre el IUSI parece concentrarse en una pregunta fundamental que cada vez adquiere mayor relevancia entre los ciudadanos: si el problema es la existencia del impuesto en sí mismo o la condición de que los recursos recaudados no se traducen en beneficios visibles para quienes los financian; para muchos contribuyentes, la discusión ya no se limita únicamente a cuánto pagan, sino a qué reciben a cambio y si realmente existe una relación clara entre el esfuerzo económico realizado y la mejora de su calidad de vida.
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