Congreso cometería fraude de ley si aprueba el TCQ
Propuesta Presidente Jimmy Morales citó a congresistas a Casa Presidencial para pedir apoyo
El diputado Fernando Linares Beltranena, del partido PAN, que asistió a la reunión a Casa Presidencial a donde los invitó ayer el presidente Jimmy Morales para pedirles su apoyo para aprobar la licencia para el funcionamiento de TCQ en Puerto Quetzal, dijo que se cometería un fraude de ley de hacerlo.
Linares, indica que la ley de contrataciones tiene estipulado hacer una subasta pública para este tipo de eventos, y entonces si es aprobado en el Congreso se cometería una ilegalidad. “Se los dije en mi intervención”, agregó el parlamentario. La reunión duró dos horas y media y durante la misma la Procuradora General de la Nación explicó la importancia de aprobar la licencia de operaciones. “El presidente pidió que lo apruebe el Congreso por considerar que es de importancia para el país”, agregó Linares.
Unos 20 diputados asistieron a la reunión, entre ellos Raúl Romero, Álvaro Arzú, Nery Samayoa y Anibal Rojas entre algunos nombres. Además estuvo el ministro de Finanzas y dos personeros de RCQ.
Piden concesión directa
El diputado Linares, dijo que lo que se pretende es que se haga una concesión directa excepcional a favor de TCQ. “El argumento del presidente es bueno, es un buen puerto y no están funcionando las grúas”, indicó. Agregó que en su intervención la Procuradora de la Nación, Anabella Morfin, argumentó poder otorgar concesiones a bienes públicos.
“Les dije que en el artículo 96 de la ley de contrataciones se indica que tiene que hacerse una subasta pública y que gane el mejor. No podemos nombrar a dedo, debe ganarse el lugar TCQ”, agregó. “Cuál es el miedo”, dijo Linares. Comentó que el presidente les dijo que “hay problemas severos de financiamiento”. El diputado Linares, señaló que hay otros caminos que se pueden tomar para que funcione TCQ, y no cometer un fraude de ley en el Congreso.
Los antecedentes el contrato
La Terminal de Contenedores Quetzal, S.A. y la Empresa Portuaria Quetzal firmaron un contrato por 25 años prorrogables por un terreno de 34 hectáreas, sobre el cual se construiría y operaría la nueva terminal, que tenía contempladas tres fases de desarrollo que alcanzarían una inversión de por lo menos 255 millones de dólares. TCQ aparentemente dotaría al Puerto Quetzal de instalaciones con avances tecnológicos y de seguridad, garantizando eficiencia y productividad en la operación de contenedores.
Desde enero del 2012 y hasta al menos abril de 2015 se concertó un grupo criminal con roles definidos aliados para obtener beneficios económicos generados por la celebración y ejecución del contrato a favor de la entidad TCQ S.A., destinado a ceder a esa sociedad una porción de terreno de la Empresa Portuaria Quetzal para la construcción, desarrollo y operación de una terminal privada de contenedores. Esta asociación tuvo la función de interferir en diversos actos dirigidos a la realización de ese proyecto, del que la organización obtendría lucro, y para dirigir acciones llamadas a ocultar y blanquear los dineros recibidos de origen ilícito.
