El cuarto poder ciudadano 

Barataria

Cuando Montesquieu planteó la idea del estado moderno partiendo de la separación de los poderes, nunca pensó en que en pleno siglo XXI su teoría está en camino de caducar.  Una de las ideas centrales del Barón de Montesquieu fue que la libertad política de un estado se lograría a medida que los poderes estuvieren separados y con ello anular la concentración de poder en una sola persona o un grupo.

Así, a partir de la conformación de un estado moderno, llevó a determinar que estos poderes separados estuvieran regidos por una norma suprema, constituyente, que tuviera la función principal de limitar el poder público a efecto de que, no exacerbándose, pudiera encaminar toda su función al bien común.  En una clara relación entre poder y derecho, es sumamente necesaria la regulación de los poderes públicos puesto que de no existir tal regulación se caería en la discrecionalidad de su ejercicio, es por ello que el constitucionalismo juega un papel importante. 

Aunque siempre se ha caído en una discusión sobre el ejercicio del poder público existe un importante actor que, pese a su importancia, a menudo es ignorado. Aunque durante la temporada electoral es el más buscado, en realidad es el protagonista principal:  El pueblo.   En efecto, el poder que se delega en los poderes del estado, es un poder público.  No es un poder privado que se conserva por quienes lo ejercen, sino que es un poder que proviene del pueblo, de la voluntad popular.  Dicho de otro modo, el pueblo otorga un traspaso temporal del poder a quienes ejercen el mismo de acuerdo con las leyes.

Actualmente la crisis de la división de poderes resulta muy evidente, el lawfare, la instrumentalización del derecho es una forma de exacerbación del poder judicial.  En muchos países que carecen de independencia judicial se hace más evidente, pero ¿Qué de aquellos países en dónde, aunque haya independencia judicial, el mismo poder judicial “juega con los tiempos políticos?  Los bloqueos que se producen en el parlamento muchas veces tienen sello propio que rayan entre lo político y la instrumentalización del ejercicio legislativo.  Tanto para aprobar leyes como para bloquearlas.  Y, por último, no podemos dejar de lado el ejercicio del poder ejecutivo.  ¿Cuántas veces vemos que pese a tener limitado el poder de ejecución, se buscan subterfugios legales para encontrar a veces una tercera o cuarta vía que raya entre lo ético, lo legal y hasta lo ilegal?

¿Qué sucede con la voluntad popular? ¿En dónde queda el ejercicio del poder público cuando se mantiene cautivo en manos de quienes juraron ejércelo con base a la constitución o a la norma fundamental que lo limitaba?  Buscando alguna solución, se ha dispuesto los llamados referéndums revocatorios, esta institución resulta ser una forma vedada de mantener en poder público en quienes han abusado del mismo.  Los referéndums de tipo revocatorio no pasan más que un ejercicio del derecho del voto, en el cual quienes se encuentran ejerciendo el poder en el mejor de los casos ponen en camino toda la maquinaria estatal a favor de sus intereses, sino manipulan los resultados que a la larga deviene en un abuso del derecho electoral.

Hasta el siglo pasado y cuando no existían las redes sociales, al periodismo se le denominó “el cuarto poder” por su influencia en la sociedad y la capacidad de fiscalizar y hacer público el ejercicio del poder.  No es que el periodismo haya dejado de ser importante, sin embargo el auge de las redes, los bulos y mentiras que pululan abiertamente en ellas y, además la ideologización de los medios de comunicación que en gran parte han sido dependientes de publicidad oficial ha hecho que este contrapeso de la sociedad haya venido a menos, aunque su relevancia continúa pero no como antaño.

En realidad el verdadero cuarto poder se encuentra en la población, presente como un actor político y a veces, molesto en la sociedad.  El pueblo no solo delega el poder público para su ejercicio, es el legítimo titular de este poder y por lo tanto no debería pasar inadvertido.  Es aquí en donde cobra relevancia la necesidad de constituir un derecho de devolución del poder público a la voluntad popular o, dicho de forma más concreta, es aquí en donde debería instituirse un derecho de reclamo del pueblo, de la voluntad popular para que su derecho delegado en el funcionario sea devuelto de alguna manera.

Claro está, no se puede estar consultando a la población por cada una de las decisiones legítimas de los poderes públicos, sin embargo existen muchas otras decisiones que son trascendentales y que deberían ser consultadas a la población porque significan un agotamiento del poder público en manos de los funcionarios quienes lo ejercen.   Cuando un país tiene serios niveles de descontento popular debido a la conducta y ejecución de la función pública por quienes han sido electos o designados para ello, es cuando se hace necesario preguntarnos ¿Qué tan de acuerdo está la voluntad popular con esto?  ¿Puede un funcionario público o algún gobernante. si vamos a ser específicos, tomar decisiones que aunque sean legítimas rayan en contra de la ética?  Vemos casos como en Estados Unidos en dónde el señor Trump ha iniciado una verdadera cacería de migrantes en situación irregular.  Muchos de ellos llevan años, han establecido familias, tienen una vida hecha en ese país y son capturados sin una oportunidad.   ¿Esta de acuerdo el pueblo norteamericano con las decisiones de su gobernante a este respecto? ¿Quién tiene la culpa de la inmigración irregular a Estados Unidos?  Claro que hay una deuda histórica con este país que permitió una inmigración irregular sin tomar medidas, porque le convino al sistema y ahora, estos quienes se asentaron en su territorio son víctimas de persecución.  Visto desde el punto de vista legal, estas acciones en Estados Unidos no tienen contravención, pero ¿Son éticas? ¿Son morales? ¿Son solidarias? ¿Son humanas?  ¿Qué dice el pueblo estadounidense de esto?

Así las cosas, pueda que nos lleve a parecer tonto considerar la opinión de la voluntad popular sobre estos asuntos, pero es hora de pensar ¿Cuándo es necesario que se le devuelva el poder público al pueblo si no se están haciendo los deberes?  Ante la crisis de la división de poderes, debe existir una alternativa real que privilegie el cuarto y verdadero poder: El poder del pueblo, a través de un sistema que permita el ejercicio del derecho a reclamar y recuperar la voluntad popular, cuando quienes gobiernan y ejercen el poder público están abusando de él de manera sistemática y cuando al división de poderes no logra fincar el principio de pesos y contrapesos que pueda delimitar, dentro del sistema de división de poderes, el ejercicio de la función pública dentro de lo enmarcado en un texto constitucional. 

La necesidad de instituir dentro de un texto constitucional las asambleas de ciudadanos es no solo una necesidad, sino una exigencia de cara a los tiempos actuales.  No se puede continuar ignorando al pueblo durante cuatro o seis años de periodo de gobierno, no se puede requerirle al pueblo que su participación sea únicamente electoral, es decir votar para decidir quien ejerce el poder público dentro de la constitución, aunque esto sea una traición a las aspiraciones de un pueblo y un abuso de la voluntad popular otorgada temporalmente.

Puede plantearse muchas teorías más sobre la separación de poderes, la limitación del ejercicio de los poderes públicos o bien del diseño de un sistema de pesos y contrapesos fundado en normas fundamentales que determinan orgánicamente la existencia y fin de los estados.  Sin embargo, es necesario incluir cada vez más dentro de ese sistema de control del ejercicio del poder público a quien, en definitiva, es el titular legítimo del poder público:  El Pueblo.  El poder público, radica en el pueblo quien lo delega y así como lo delega tiene siempre el derecho de reclamar su devolución para sancionar a quien abusa del mismo o a quien pretende ejercerlo ilegítimamente. Limitar la participación ciudadana solamente durante un evento electoral y no durante todo ejercicio del poder público, significa despojar al pueblo de su poder y utilizarlo en contra del mismo. La voz del pueblo no puede limitarse al derecho a las protestas o al resultado de las encuestas porque esto simplemente es ignorar que quien otorgó un mandato tiene derecho a revocarlo cuando su mandatario no está realizando correctamente el ejercicio del mismo.  ¿Son las asambleas constitucionales de ciudadanos la solución a la crisis de la división de poderes del Estado?  Usted, tiene la última palabra, porque el poder público le pertenece.

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